Yair Maximiliano Santana Ceballos

Expediente 1906/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1906/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
19/01/2017

Partes del expediente

  • Yair Maximiliano Santana Ceballos

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, se ordena el archivo del expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    Colima, Colima, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese la copia del oficio de cuenta, suscrito por el Subadministradora de Recaudación de Colima "2", de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Colima "1", con el que informa haber remitido el billete de depósito número N415540, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos moneda nacional), al Director General Adjunto de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación en México, Distrito, con el fin de que entere su importe al erario federal. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe.Maru*

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL TERCERO INTERESADO DEL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes en proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis para desahogar la vista en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida la aludida ejecutoria. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la resolución pronunciada por este órgano jurisdiccional el seis de septiembre de la citada anualidad, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, para que el Juez Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial con sede en Colima, realice los que se indican a continuación: "En tales condiciones, lo procedente es conceder a HECTOR MANUEL MANCILLA CÁRDENAS el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para que el juez responsable deje sin efecto la resolución reclamada únicamente por lo que ve al aquí quejoso, y con plenitud de jurisdicción, emita otra, en la que funde y motive adecuadamente su determinación, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria y satisfaciendo, además, todos los requisitos constitucionales y legales que un acto de tal naturaleza exige, entre ellos: a) Realizar una completa valoración de las pruebas integradas en la averiguación previa y recabadas en la etapa de preinstrucción, a las que deberá asignar valor en lo individual y en su conjunto, así como expresar con cuáles de ellas quedó demostrado cada uno de los elementos del cuerpo del delito atribuido, debiendo precisar lo que cada una aporta en particular, además de indicar, en su caso, por qué éstas deben prevalecer sobre las pruebas de descargo. b) Deberá expresar, en principio, si en el caso que nos ocupa existe o no denuncia o querella contra el indiciado Héctor Manuel Mancilla Cárdenas, y de ser positivo, indicar cuál es la actuación ministerial que la contiene; en caso contrario, es decir, de no existir tal denuncia o querella, precisar entonces si ésta es o no necesaria atendiendo al delito de despojo de que se trata y si a pesar de dicha carencia, es posible sostener el dictado de un auto de formal prisión. c) En el apartado correspondiente a la probable responsabilidad, destacar de manera detallada las pruebas que deduzcan la participación del quejoso en la comisión del delito de que se trata, es decir, señalar los actos desarrollados por aquel, de los que se desprendan que el citado inculpado probablemente cometió el delito que se le atribuye, estableciendo el grado de participación y precisando en qué consistió dicha conducta, expresando los razonamientos lógico jurídicos en que la sustente y las pruebas con las que esto último se acredite. d) Indicar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito, en los términos precisados en el presente fallo." En virtud de lo anterior, se requirió el cumplimiento del fallo protector y en atención a ello, mediante oficio 4116 el juez responsable, remitió copia certificada de la resolución constitucional de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis; cuyos puntos resolutivos, son del texto siguiente: "PRIMERO: Se deja sin efecto la resolución constitucional de fecha 14 de abril de 2016, dentro de a cual se había decretado AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de ANTONIO VALLADARES ESTRADA Y HECTOR MANUEL MANCILLA CARDENAS, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de DESPOJO EN LOS TÉRMINOS DE AUTORIA Y PARTICIPACIÓN ilícito previsto y sancionado. SEGUNDO. Siendo las 13:40 horas del día 19 de octubre de 2016 SE DECRETA AUTO DE LIBERTAD con reservas de ley, a favor de HECTOR MANUEL MANCILLA CARDENAS, al no tenerse por acreditados los elementos que integran el delito de despojo en los términos participación." Por otra parte del preámbulo del término constitucional citado, se advierte lo que se cita textualmente a continuación: ". Se deja sin efecto la resolución de fecha 14 de abril de 2016, únicamente en lo que respecta al quejoso HECTOR MANUEL MANCILLA CARDENAS y en plenitud de jurisdicción, sea emitida otra, en la que funde y motive adecuadamente la determinación, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de fecha 06 de septiembre de 2016 y satisfaciendo además, todos los requisitos constitucionales y legales que un acto de tal naturaleza exige." De las transcripciones anteriores y del estudio practicado al término constitucional, se aprecia que en el caso, la autoridad responsable acató los efectos del fallo protector, pues el juez dejó insubsistente la formal prisión decretada el catorce de abril de dos mil dieciséis, únicamente por lo que hace al quejoso; asimismo, una vez que valoró el material probatorio determinó que no existían elementos por los cuales se demostrara plenamente la responsabilidad del quejoso en la participación del injusto penal que se le imputó, por ende, decreto la libertad con reserva de ley, lo cual es favorable a los intereses del impetrante de amparo. En ese orden de ideas, es innecesario realizar un mayor estudio al término constitucional de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, para verificar si la autoridad cumplió a cabalidad los efectos del fallo protector; pues los efectos precisados en lo incisos "c" y "d", relativos a la probable responsabilidad del quejoso y las circunstancias de modo tiempo y lugar, se fijaron en el caso de que la autoridad insistiera en decretar auto de formal prisión contra el quejoso, lo cual, como se vio, no aconteció al librar orden de libertad con reservas de ley. Mientras que los diversos efectos indicados en los incisos "a" y "b", en torno a la valoración de la pruebas; y si existía o no querella o denuncia contra el quejoso; se encuentran colmados al haberse decretado la libertad con reservas de ley, pus la responsable estimó que no se tenían por acreditados los elementos que integran el delito de despojo en los términos de participación. Más cuando, del citado término constitucional, se advierte una valoración y ponderación de las pruebas que conforman la causa penal, y que la autoridad estimó que no existía denuncia o querella contra el indiciado quejoso. En las relatadas condiciones, este Juzgado Federal TIENE CUMPLIDA la sentencia de amparo dictada en el presente juicio constitucional, sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, el hecho de que la parte quejosa mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, se inconforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, alegando diversas omisiones formales por parte de la autoridad; sin embargo, al margen de lo argüido, aún y cuando fueran ciertas sus afirmaciones, lo cierto es que la resolución constitucional de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, fue favorable a los intereses de la parte quejosa, al haberse decretado auto de libertad con reservas de ley, por ende, dichas omisiones quedaron subsanadas al no haber trascendido al resultado del fallo. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

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