Yair Ember Soriano Gómez y Otros.
Expediente 675/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yair Ember Soriano Gómez y Otros.
- Yair Ember Soriano Gómez
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de primero de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Yair Ember Soriano Gómez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.
- Principal
Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de primero de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Yair Ember Soriano Gómez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.
- Principal
Vista la demanda promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número ******************** y fórmese expediente. Analizada la demanda de garantías en su integridad, el suscrito juzgador advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, el peticionario del amparo aduce como tal el siguiente: ".La Resolución Interlocutoria dictad por la Autoridad responsable de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en el expediente laboral número ********************, que ante ella se tramita". Por otro lado, del capítulo de hechos en su punto tres, textualmente se advierte lo siguiente: "3.- Resulta que con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable resolvió declara improcedente el Incidente de Personalidad (.) Como se puede observar, la autoridad responsable violenta mis derechos humanos al dictar la resolución de la cual hoy me duelo, resolución en la que reconocen personalidad al C. Lic. ********************, como apoderado legal de la demandada COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO O. P.D. (CECyTEG), declarando improcedente el incidente de personalidad planteado por esta parte actora". Ahora, de lo anterior se advierte que la resolución de la cual se duele el quejoso es referente a un incidente de personalidad interpuesto por dicha parte procesal en autos del expediente laboral de origen ********************, en la que la autoridad responsable concluyó reconociendo la personalidad del compareciente a nombre de la parte demandada. En efecto, por lo que respecta al acto reclamado y lo antes transcrito, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; ello es así, porque el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictada en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; no es de aquellos dictados dentro del procedimiento, que tengan sobre la persona o las cosas del quejoso, una ejecución que sea de imposible reparación, por no afectarse materialmente sus derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que el citado acto reclamado no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución que se dicte en el aludido juicio, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos de los artículos 170, fracción I y 172, fracciones II y XII, de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ." "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (I ... ) II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; (III a XI) XII.- Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad y la circunstancia de que se afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los únicos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, mismo que textualmente dispone: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: ... V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." En este sentido, cabe establecer que excepcionalmente, los actos que se realicen en juicio pueden reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto, tal como lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) de la Constitución Federal, y el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo; siempre y cuando se trate de actos dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas de la parte quejosa y la afectación material de sus derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual no aconteció en el presente caso. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis número 244, visible en la página 164, Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, Octava Época, cuyo texto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En las relatadas condiciones, resulta claro que, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en la que la autoridad responsable concluye, reconociendo la personalidad del compareciente a nombre de la parte demandada, dentro del procedimiento del incidente de personalidad, en autos del juicio laboral de origen ********************; como ya se dijo, no se encuentra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que al haberse verificado dentro de juicio, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la ahora impetrante del amparo, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en todo caso, afectaría un derecho procedimental. En el presente caso, no pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia P./J. 4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO" Toda vez que no obstante ello, debe señalarse que en ese criterio el Máximo Tribunal del país consideró que el juicio de amparo indirecto procedía de modo excepcional, contra violaciones adjetivas o procesales, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior, porque en ese caso debía estimarse que también podían comprenderse dentro del concepto de una afectación de imposible reparación; sin embargo, esa cuestión quedó superada con la emisión de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de que su artículo 107, fracción V, define qué debe entenderse por actos de imposible reparación los cuales comprenden exclusivamente las afectaciones materiales a derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se desprende claramente que la intención del legislador fue la de delimitar a esos casos la procedencia del juicio de amparo indirecto, dejando fuera las violaciones procesales, las cuales, como ya se dijo, podrán ser combatidas junto con la sentencia o laudo que se dicte en caso de que no sea favorable a la parte que sufrió una transgresión, atendiendo al principio de concentración. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 6º Transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior únicamente continuará en vigor en lo que no se oponga a la misma, siendo que en el presente caso, el criterio citado se encuentra superado por lo dispuesto expresamente en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable. Máxime, que citada jurisprudencia ha quedado superada por el naciente criterio determinado dentro de la diversa número P./J.37/2014, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de junio de dos mil catorce de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución a través de sus garantías o bien los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin a juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, visible en la página 1303, Tomo XVI, Octubre de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que señala: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." También es aplicable la jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, página 1060, publicada en el Tomo XIV, Octubre de 2001, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, parte Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO.- Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera." De igual manera, es aplicable por analogía la tesis aislada número XXI.1o.33 L, visible en la página 393, publicada en el Tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, LOS ACUERDOS DICTADOS EN EL JUICIO LABORAL NO SON ACTOS DE.- Los acuerdos que constituyen los actos reclamados en el juicio laboral de origen, no tienen una ejecución de imposible reparación, pues los efectos que éstos, en su caso pueden producir, se actualizan hasta el pronunciamiento del laudo correspondiente, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si tal proceder vulnera las defensas del afectado, y por ende se incurrió en una violación procesal que transcendió al resultado de la resolución." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualizan las causales de improcedencia e inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el precitado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda, con apoyo en el diverso numeral 113, de la propia ley. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los que señala.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Yadira Flores Vazquez1147/2022
- Yadira Gallegos Casarreal y Otros.461/2023
- Yadira García Valentín894/2017
- Yadira García Valentín1425/2019
- Yadira García Valentín126/2020
- Yadira Zapién Ramírez1345/2014
- Yair Guadalupe Romero Garnica y Otros.683/2023
- Yair Quiñones Cortés1232/2015
- Yair Quiñones Cortez1082/2016
- Yair Quiñones Cortez456/2016
- Yamilet Reynoso Nuñez1558/2012
- Yamileth Natalia Payán Sánchez127/2022