Yair de Jesus Sanchez Ramos
Expediente 901/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Yair de Jesus Sanchez Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (fojas 41 y 42), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vistas la diligencia de cuenta, se advierte que en esta propia fecha el quejoso Yair de Jesús Sánchez Ramos, ratificó el escrito de desistimiento presentado en este Juzgado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (foja 37). Así en primer término, debe precisarse que el Máximo Tribunal ha señalado que el juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial. "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda." Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Por otra parte, no obstante el estado procesal que guardan los presentes autos, es decir, que la demanda que dio inicio a este sumario constitucional aún no ha sido admitida (pues mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 6 a 8), se previno al promovente en los términos que del propio acuerdo se desprenden), la parte quejosa conserva su derecho para desistirse de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses y, el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 119/2006 (9a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 33/2000 (9a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En consecuencia, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y el aquí quejoso renunció expresamente a que este órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional, con fundamento en lo establecido en el artículo 6 (contrario sentido) y 63, fracción I, todos de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA propuesta, dado que el principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de amparo, por lo que la dimisión que formula el promovente, impide al órgano constitucional continuar y culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir la voluntad de proseguir con él. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el promovente Yair de Jesús Sánchez Ramos, a través del cual, manifiesta que desiste de la demanda de derechos fundamentales, al respecto, se provee: Toda vez que el ocursante cuenta con las facultades para desistirse de la presente instancia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, a fin de que este Juez Federal tenga certeza y seguridad sobre la intención del quejoso, requiérasele para que en el acto de la notificación manifieste si ratifica o no el escrito de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado su ocurso y se continuará con el procedimiento del presente juicio. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido son: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Ahora, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Regional de San Pedro Cholula, Puebla, se comisiona al Actuario llevador de este expediente para que se constituya en dicho centro penitenciario en busca del quejoso Yair de Jesús Sánchez Ramos, y le notifique el presente proveído, asimismo para que en el acto de notificación lo requiera para que manifieste si ratifica o no el escrito de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado su ocurso y se continuará con el procedimiento del presente juicio. Finalmente, en atención a su solicitud relativo a que se gire oficio al Director General de la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, a efecto de que se le designe un defensor que lo asesore en la etapa de la ejecución de la sentencia dictada en su contra, dentro de la causa penal 114/2016, del índice del Juzgado de lo Penal en Puebla; dígasele que dicha solicitud deberá realizarla ante el Juzgado de Ejecución de sentencias que lleva el trámite correspondiente al cumplimiento de su sentencia. Ello en virtud que el Defensor Público Federal que le fue designado por este órgano jurisdiccional fue únicamente para que lo asesorara durante la tramitación del presente juicio de garantías, al encontrarse recluido y no designar autorizados y así, garantizar que este juicio cumpliera con las características de un recurso judicial efectivo; por lo que esta potestad no está en condiciones de atender la petición realizada por el quejoso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la diligencia que antecede del cual se advierte que Mario Alberto Salas Rodríguez, defensor público adscrito a la Delegación Regional en Puebla del Instituto Federal de Defensoría Pública, aceptó y protestó el cargo que le fue conferido, esto es, como defensor público del quejoso Yair de Jesús Sánchez Ramos, únicamente para garantizar sus derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, por cuanto hace al presente juicio de amparo. En tales condiciones, toda vez que por auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 16 a 19), se hizo saber al peticionario de amparo que el plazo concedido en ese acuerdo para el desahogo de la prevención formulada, iniciaría a computarse a partir del día siguiente al en que protestara el cargo quién fungiría como su defensor público en este juicio de amparo, a fin de que contara con los elementos necesarios y, de común acuerdo, atendieran tal requerimiento; entonces, cumplida dicha condición, se provee: Hágase del conocimiento del demandante constitucional que en el juicio de amparo en que se actúa, se le designó como defensor público al licenciado Mario Alberto Salas Rodríguez, adscrito a la Delegación Regional en Puebla del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien el veinticinco de octubre del presente año, aceptó y protestó el cargo que le fue conferido, ello con el fin de garantizar que el juicio de amparo cumpla con las características de un recurso judicial efectivo.
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