Yair de Jesús Córdoba Ramírez
Expediente 266/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yair de Jesús Córdoba Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, los cuatro discos versátiles digitales relativos al proceso penal ********************, de su índice. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación personal por lista a la parte quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el dos de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Yair de Jesús Córdoba Ramírez, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, envió un disco versátil digital en cumplimiento, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE De ahí que, al haber resultado fundados los conceptos de violación, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad: Deje insubsistente el acto reclamado. De considerarlo necesario, con libertad de jurisdicción emita una nueva orden de comparecencia que cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación que exige la norma constitucional. Por oficio 1960/2022 de veinte de septiembre del año en curso, el Juez de Control adscrito al Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, remitió un disco versátil digital que dice contener audio y video de la audiencia emitida en cumplimiento al fallo protector, del que se advierte que en audiencia de ocho de septiembre de la presente anualidad, celebrada dentro del proceso penal 95/2020, de su índice, determinó que, en efecto, no existe audiencia de nueve de marzo de dos mil veinte, así tampoco solicitud de orden de comparecencia y que no se ha llevado la suspensión condicional del proceso (17:01:40). Asimismo, dejó insubsistente la orden de comparecencia -acto reclamado- (17:13:10). Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente al quejoso; por oficio al fiscal tercero interesado y a las autoridades responsables; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación por lista al quejoso.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio 1960/2022 con sus anexos, remitidos por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo la constancia respectiva, incluyendo un disco versátil digital que dice contener el audio y video de la audiencia emitida en cumplimiento al fallo protector. Regístrese el disco en la libreta de discos versátiles y guárdese en la secretaría de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, no ha informado el cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio; no obstante que mediante proveído de siete de los actuales, se le tuvo informando las medidas tendentes a dar cumplimiento a la sentencia de mérito. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y que los tribunales tienen la obligación de proveer lo conducente para que sus determinaciones se acaten a la brevedad posible; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al citado juzgador responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, o las gestiones que esté realizando para lograrlo, informando las medidas que decrete para tal efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento impuesto en auto de treinta de agosto de la presente anualidad, consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); sin perjuicio de que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con el numeral 107, fracción XVI Constitucional. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
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