Yailín Rojas Cruz
Expediente 557/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2023
Partes del expediente
- titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración
- Yailín Rojas Cruz
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios provenientes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; en atención a su contenido, se instruye a la Oficial Judicial "A", comisionada para la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones correspondientes a fin de que el juzgado requirente cuente con acceso al expediente electrónico para la consulta de la totalidad de las constancias que integran el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de veintiuno de julio del año en curso; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del acuerdo en cita; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso b), del aludido acuerdo, se establece que este cuaderno es susceptible de destrucción, al haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el quince de agosto de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a quien promovió para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que la directamente agraviada Yailín Rojas Cruz no ratificó la demanda de derechos fundamentales promovida en su favor; por tanto, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias dictadas en el presente asunto.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Víctor Moisés Sánchez Ramírez en favor de Yailín Rojas Cruz, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en perjuicio de la supuesta agraviada los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 15, 16, 18, 21 y 22 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 557/2022-B. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados la incomunicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Cese de inmediato la incomunicación, de la que se dice es objeto la directamente agraviada, y todos aquellos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. En relación a los actos consistentes en la inminente deportación, expulsión, repatriación y/o traslado a otra estación migratoria para tales fines, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezca la posible quejosa en el lugar donde se encuentre, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar la directamente agraviada a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de la directamente agraviada. Respecto del acto consistente en la detención, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a Yailín Rojas Cruz, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si tal acto deriva de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención de la directamente agraviada no tiene relación con la comisión de un delito, deberá ser puesta en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Ello, sin perjuicio de que las autoridades migratorias fijen las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente, debiendo pronunciarse respecto de la calidad migratoria que en este país tiene la aquí impetrante, dentro del plazo de quince días que establece categóricamente el marco normativo que rige su actuar, atendiendo a las pruebas que tenga en su poder, así como lo dispuesto en el "protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional". En ese contexto, toda vez que el promovente refiere que la directo quejosa podría encontrarse privada de su libertad, solicítese a la autoridad responsable a fin de que de manera inmediata informe a este órgano jurisdiccional si ha decretado alguna medida de aseguramiento a la agraviada en cuestión, a efecto de que este juzgado de distrito esté en aptitud de pronunciarse al respecto; en el entendido de que la impetrante queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, y a disposición de la autoridad responsable por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Por último, respecto del acto consistente en la sedicente falta de atención médica, se concede de plano la suspensión para que las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad brinden a la agraviada Yailín Rojas Cruz, la atención médica adecuada que requiere para que no se ponga en riesgo su salud e integridad física. Es así, porque el marco normativo que integran los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano -a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público-, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Así, con los informes correspondientes, las autoridades responsables deberán comunicar a este juzgado de distrito, con las constancias médicas respectivas, el estado de salud de la posible quejosa, con precisión de los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la adecuada, de acuerdo con su particular condición de salud. Ratificación de la demanda Por otra parte, con apoyo en los numerales 15 y 109 de la Ley de Amparo, requiérase a Yailín Rojas Cruz, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de derechos fundamentales intentada, quedando sin efecto las providencias dictadas. Se instruye al actuario correspondiente para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentre la directamente agraviada. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados Ahora, en relación con el domicilio y la designación de autorizados, se reserva el acuerdo conducente hasta en tanto se practiquen las diligencias mandatadas en este acuerdo. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.
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