Yahir Herrera Becerril
Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yahir Herrera Becerril
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 897/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado, el mismo día, YAHIR HERRERA BECERRIL, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, que hizo consistir en la falta de contestación a su escrito con fecha doce de julio del año en curso. SEGUNDO. En auto de veintitrés de agosto del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le compete; y, continuando con el juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, seguido que fue el trámite del juicio, tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La falta de contestación del escrito de doce de julio de dos mil veintiuno, por parte del Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Responsable de los Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, por la naturaleza omisiva del acto, a ésta correspondía demostrar que no existe ya tal acto omisivo, esto, mediante la demostración de un hacer, es decir de la demostración de haber actuado de manera positiva En efecto, es claro que la existencia del acto reclamado constituye un requisito sine qua non, en el planteamiento y análisis de la acción constitucional, toda vez que en lo general la autoridad ocasiona un perjuicio en detrimento de los derechos sustantivos tutelados del gobernado a través de los actos reclamados; estos "actos reclamados" consisten en un hacer o en un no hacer, los que el agraviado, atribuye a la autoridad responsable, como violatorios en su esfera jurídica de derechos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa Es aplicable la Jurisprudencia (V Región) 2o. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2351, Décima Época, Materias Común, con número de registro digital 2017654, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. Ahora bien, con todo y que la autoridad responsable estaría obligada a acreditar, como ya se dijo, la cesación de su omisión, que en el caso se traduce en haber dado contestación a lo pedido por el justiciable, no menos cierto es que a éste correspondía haber acreditado que realizó la petición cuya omisión se reclama, y, por supuesto, conforme a los autos, no lo hizo así. De ahí que, ante esa circunstancia, resulta concluyente establecer que el acto de omisión reclamado, no existe, y por ende, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo la tesis 2a. CXLI/97 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 366, Novena Época, Materias Común, con número de registro digital 197269, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. CUARTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por YAHIR HERRERA BECERRIL. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma electrónicamente, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado Ramiro García Simón, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3190/2021 de esa data, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el Secretario licenciado Demnis Merlín Robles, quien autoriza, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Responsable de los Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Dése vista a las partes con dicho informe por el término genérico de ocho días. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo primero, de la Ley de la materia, se le tiene designando como delegados de su parte a las personas que menciona y precisando el domicilio de su oficina principal. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. En otro contexto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones de la autoridad responsable, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, en razón de que el quejoso puede exhibir las documentales necesarias hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional en estos autos. Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Encargado de la Oficina de Representación en Oaxaca, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual hace del conocimiento que Alberto Leobardo Barragán Sánchez es el responsable de los asuntos jurídicos de dicha oficina; de lo que se toma nota para los fines legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.Lo provee y firma electrónicamente, el Secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciado Ramiro García Simón, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de septiembre de dos mil veintiuno, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3190/2021 de esa data, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, ante el licenciado Demnis Merlin Robles, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que transcurre el término concedido en proveído de veintitrés de agosto del año en curso, a la autoridad Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca a efecto de que rinda su informe justificado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
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