Yahir Cirilo Saguilan Aguirre

Expediente 943/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
943/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Yahir Cirilo Saguilan Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días hábiles que tuvo la parte quejosa para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito del quejoso ********************, por el que realiza diversas manifestación; sin embargo, no ha lugar a efectuar mayor pronunciamiento, en razón de que el treinta y uno de octubre pasado, se desechó el escrito que presentó el veintiuno de septiembre del año en cuso. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Jefe del Departamento de Amparos y Recursos de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, en el que comunica, la imposibilidad en designar a un asesor jurídico o defensor público de esa defensoría, por lo motivos que expone. Ahora, tomando en consideración que en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el escrito de demanda que presentó * * * * * * asimismo, entre otras circunstancias, se previno al citado promovente para que aclarara su escrito y se solicitó a la titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta localidad, la designación la designación de un asesor jurídico o defensor público para que patrocine en este juicio de amparo al quejoso de mérito. Y que por auto de dos de octubre del año en curso, mediante oficio * * * * * * la titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta localidad, comunicó que no era posible hacer la designación solicitada; en razón que del contenido de la demanda promovida por * * * * * * se advertía que los actos que reclama derivan de un proceso penal que se tramita en su contra en el fuero común; por tanto, correspondía a la Defensoría Pública del Estado, brindar el servicio de defensa solicitado. No obstante, a efecto de garantizar el acceso a la justicia del promovente y en atención a los artículos 6 y 12 de la Ley Federal de Defensoría Pública deben ser interpretados de manera extensiva y armónica con el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución General, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el Instituto Federal de Defensoría Pública es el que cuenta con mayor infraestructura, recursos humanos, materiales y regulación de funcionamiento para brindar un servicio óptimo que abarque la República Mexicana, pues los servicios públicos estatales tienen una delimitación territorial respecto de la prestación de los servicios de asistencia técnica jurídica, lo que impacta en forma determinante en el derecho de defensa del promovente del amparo, dado que la necesidad de asistencia legal es apremiante y se encuentra en un estado de vulnerabilidad que le impide tener acceso a las actuaciones que resultan necesarias para su defensa; solicítese de nueva cuenta a la titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en esta localidad, para que, dentro del término de tres días contados a partir del en que quede legalmente notificada de la petición correspondiente, designe un defensor público o asesor de su adscripción para que patrocine en este juicio de amparo al quejoso de mérito; se le apercibe que, de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Al caso resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: "DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL. LE CORRESPONDE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA, CUANDO SE PROMUEVE UN JUICIO DE AMPARO Y LA PERSONA QUEJOSA ESTÁ PRIVADA DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL QUE SE UBICA EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUYO JUICIO DE ORIGEN DERIVA DE UN ASUNTO QUE CORRESPONDE AL FUERO COMÚN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera divergente en relación con el servicio de defensoría pública que debe brindarse en un juicio de amparo indirecto en materia penal, cuando la persona quejosa está privada de su libertad, en un centro federal de readaptación social que se ubica en una entidad federativa distinta a la de la autoridad responsable, cuyo juicio de origen deriva de un asunto que corresponde al fuero común, ya que para uno de ellos es la defensoría pública local la que debe prestar el servicio, por tratarse de un asunto del orden común; mientras que para el otro, no existe impedimento para que la defensoría pública federal brinde la asistencia técnica jurídica, a efecto de salvaguardar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva del quejoso. Criterio jurídico: El Pleno del Octavo Circuito determina que corresponde a la defensoría pública federal brindar asistencia jurídica a un quejoso que se encuentra privado de su libertad en un centro federal de readaptación social que se ubica en una entidad federativa distinta a la de la autoridad responsable, cuyo juicio de origen deriva de un asunto que corresponde al fuero común. Justificación: Lo anterior es así, porque los artículos 6 y 12 de la Ley Federal de Defensoría Pública deben ser interpretados de manera extensiva y armónica con el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución General, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el Instituto Federal de Defensoría Pública es el que cuenta con mayor infraestructura, recursos humanos, materiales y regulación de funcionamiento para brindar un servicio óptimo que abarque la República Mexicana, pues los servicios públicos estatales tienen una delimitación territorial respecto de la prestación de los servicios de asistencia técnica jurídica, lo que podría impactar en forma determinante en el derecho de defensa del promovente del amparo, dado que la necesidad de asistencia legal es apremiante y se encuentra en un estado de vulnerabilidad que le impide tener acceso a las actuaciones que resultan necesarias para su defensa; máxime que el defensor público y el asesor jurídico federal están facultados para tener contacto directo con el promovente del amparo y coordinarse con su homólogo de otra entidad federativa para recabar actuaciones, desahogar prevenciones, ofrecer pruebas, interponer recursos, expresar alegatos y presentar cualquier promoción ante el órgano de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción XIV, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública." Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad citada.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio DOAX-6130/2023, signado electrónicamente por la titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta localidad, en el que comunica, que no es posible designar a un asesor jurídico de esa delegación; en razón que del contenido de la demanda promovida por ********************, se advierte que los actos que reclama derivan del proceso penal que se tramita en su contra en el fuero común; por tanto corresponde a la Defensoría Pública del Estado, brindar el servicio de defensa que solicita. En atención a lo manifestado y tomando en consideración de que se trata de un procesado del fuero local, con fundamento en la fracción II del artículo 18 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, envíese atento oficio al Titular de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, para que, dentro de sus atribuciones y dentro del término de tres días contados a partir del en que quede legalmente notificada de la petición correspondiente, en caso de resultar procedente, designe un defensor público de su adscripción para que patrocine en este juicio de amparo al quejoso de mérito; para ello, envíesele: 1).- Copia simple de la demanda que dio inicio a este asunto. 2). Una impresión del acuerdo de fecha veintidós de septiembre del año en curso. Tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), en la que se resolvió la contradicción de tesis 187/2017, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad citada.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano