Yahel Magaña Benitez

Expediente 370/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
370/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Yahel Magaña Benitez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta deducido del juicio de amparo 278/2021-V-A, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, enviado mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), en uso de la firma electrónica vigente, al que anexa la reproducción del acuerdo de quince de julio del año en curso, de donde se advierte que dicho órgano jurisdiccional, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Yahel Magaña Benítez, contra actos de esta autoridad federal, y otras autoridades; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como lo solicita el juzgado federal oficiante, notifíquese por medio de lista el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 278/2021-V-A, de su índice; hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse las constancias respectivas. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA YAHEL MAGAÑA BENÍTEZ, EL DIVERSO PROVEÍDO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 278/2021-V-A, DEL INVENTARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN SALINA CRUZ, OAXACA----------------------------------------------------------------------------------Salina Cruz, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, a través del cual remite el juicio de amparo 370/2021 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca y el testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del conflicto competencial 57/2021, suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el antes señalado, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Yahel Magaña Benítez en la que resolvió lo siguiente. "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, residente en Salina Cruz, Oaxaca, por razón de territorio, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *** que dio origen al juicio número 278/2021, del índice del Juzgado citado; y al juicio número 370/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y como lo solicita el tribunal de alzada acúsese el recibo de estilo respectivo. A efecto de proveer lo conducente se analizará si se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. En ese sentido, del análisis a la demanda de amparo se advierte que existen diversas irregularidades en su contenido, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: PRIMERO. Exhiba quince copias de su escrito de demanda de amparo, para lo cual debe tomar en consideración que únicamente exhibió el original de su demanda de amparo y una copia (como se advierte del sello de las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencias en San Bartolo Coyotepec y Salina Cruz), y en el caso son necesarias quince, para distribuirlas de la siguiente manera: trece para cada una de las autoridades que señala como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y dos para integrar los cuadernos incidentales relativos. Sin que obste el anterior requerimiento, que en el caso se trate de un asunto en materia penal donde se reclama la orden de aprehensión dictada en su contra y su inminente ejecución, dado que de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa esté en condiciones de pobreza o marginación, y que por ello se encuentre en clara desventaja social para emprender el proceso constitucional, y que por ese motivo no deba aplicársele la regla general contenida en el párrafo segundo de la fracción V del arábigo 114 de la Ley de Amparo; pues como ya se precisó, de la demanda de amparo no se observa manifestación alguna que se presuma se encuentre en tal supuesto, razón por la cual es dable el requerimiento antes formulado. ********* "Señalo como autoridades responsables a los Jueces, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, todos de Distrito en el Estado de Oaxaca, Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, así como al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, y Agencia Federal de Investigación." "se hace consistir en la orden de aprehensión y/o cualquier otro acto privativo de la libertad girada en mi contra y su ejecución". ************ De la transcripción anterior, se advierte, que la parte quejosa es omisa en señalarlos de forma clara, pues no es factible que la totalidad de autoridades que mencionó, al mismo tiempo resuelvan o emitan la orden de aprehensión o cualquier otro acto privativo de la libertad girada en su contra y su ejecución; por lo tanto, a efecto de integrar la litis, se le previene para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados de los cuales tenga conocimiento, particularmente aquellos que describan su origen, entre ellos, lo siguiente: Deberá precisar el domicilio en el que señala se presentaron los Agentes Federales de Investigación para cumplimentar la orden de aprehensión reclamada, pues no se advierte que especifique el lugar donde se ha tratado de ejecutar el acto reclamado. Deberá señalar la fecha o fechas exactas en que se pretendió ejecutar la orden de aprehensión, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte dicho dato, siendo necesario que aclare lo anterior para los efectos del artículo 17 de la ley de la materia. De ser posible, deberá proporcionar los datos de identificación de la orden de aprehensión reclamada, pues la parte quejosa señaló que realizó una investigación a efecto de conocer el origen del acto reclamado. Deberá precisar la autoridad en concreto que lo emitió y cómo se ostentó sabedora de ello, máxime que como se hizo mención, no es factible que la totalidad de autoridades, al mismo tiempo resuelvan o emitan todas las cuestiones inherentes del acto reclamado. Toda vez que se advierte que la demanda de amparo pretende eludir el sistema de turno aleatorio, al haber sido el único que no figura o es asignado como autoridad responsable, atendiendo a los principios de ética judicial, deberá precisar y aclarar la razón por la cual redactó su demanda en los términos señalados. ****************** Hágase del conocimiento de la parte promovente que deberá ser ella quien desahogue las irregularidades anotadas, toda vez que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" requerida en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueva la demanda, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal del quejoso o mandatario, y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. En efecto, el requisito de la protesta de decir verdad que exige el numeral 108, fracción V, de la citada ley únicamente compete cumplirlo al quejoso -como persona física, o al representante legal, en tratándose de una persona moral-, precisamente, por referirse a hechos o abstenciones de conocimiento personal del quejoso o mandatario que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. ********* Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa o de sus abogados autorizados, que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio SERÁ CONFRONTADA con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos; de ahí, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con los actos reclamados, y no se ubican en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, en relación con el quejoso y todos sus abogados autorizados lo anterior, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)." TERCERO. En términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, dígasele que su escrito aclaratorio lo deberá presentar con el número indicado de copias que resultan necesarias para ser distribuidas de la siguiente manera: una por cada una de las autoridades señaladas como responsables (hasta el momento se tienen señaladas trece), otra para dar legal intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos más para la tramitación del incidente de suspensión. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la ley de la materia. ************* En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar el auto de prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. **************Se apercibe a la parte promovente que de no acatar los requerimientos en el plazo señalado se resolverá de la manera siguiente: 1.- En caso de no acatar lo ordenado en los puntos primero y segundo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. 2.- En caso de cumplir las prevenciones a que se refiere el párrafo anterior y no exhibir las copias del escrito aclaratorio requeridas en el punto tercero, se tendrá por no presentado dicho escrito y, en el supuesto de no exhibir las copias del mismo para formar los cuadernos del incidente de suspensión, se postergará su apertura. *********** "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO". DOMICILIO Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de los estrados de este Juzgado, con el fin de que se realicen las notificaciones personales que en su caso se ordenen. En el entendido que dicha lista hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que de la lectura integral a la demanda se advierte que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir las listas de los estrados en el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec; no obstante, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo que recayó a través de la correspondiente notificación por lista que para tal efecto se fije en los estrados del juzgado; de ahí que no se desatienda lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente para su práctica en la dirección electrónica que menciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otra parte, respecto de la citada dirección electrónica que proporciona, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan establecer comunicaciones, se tienen como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. Asimismo, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente de tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. SOLICITUD ESPECIAL AL JUZGADO HOMÓLOGO A pesar de lo anterior, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, quien previno en el conocimiento de este asunto y por lo tanto se le fijó en su momento al quejoso como domicilio para notificarse los estrados de ese órgano jurisdiccional, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción, a efecto de que se publique en las listas que se fijan en los estrados de dicho órgano, el proveído dictado en esta fecha; y una vez hecho lo anterior remita las constancias correspondientes. Lo anterior, por ser quien previno en el conocimiento de este asunto y por lo tanto ante la presentación de la demanda del quejoso, se le fijó en su momento como domicilio para notificarse los estrados de ese órgano jurisdiccional, ello con el fin de que se imponga del presente proveído y esté en posibilidad de desahogar directamente ante este juzgado con residencia en Salina Cruz la prevención formulada. Ahora bien, es dable precisar que se solicita ello, pues la parte quejosa manifestó su deseo de señalar los estrados del juzgado que estimó competente (por turno, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec), por lo que ante la referida resolución que definió la competencia para conocer de este asunto, se le tiene que notificar al impetrante el primer auto, pues con tal omisión se dejaría en estado de indefensión a la parte promovente al impedir comparecer a juicio; para cuya notificación se debe estar a las reglas previstas, en el caso particular, en los numerales 26, fracción I, inciso C, 27 y 29 de la Ley de Amparo, al tratarse de una determinación trascendental como lo es una prevención. ********** ************** Por tanto, al haber señalado los estrados de ese Juzgado como domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, las personales que le correspondan deberán realizarse por lista de acuerdos, y en la especie, la lista que fije al efecto el Juzgado ante quien se presentó inicialmente la demanda; en términos de la tesis XXII.1°. 22 K, registro 195064, publicada en la foja 1067 del Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: ************* Ello, se insiste, con el fin de que el quejoso Yahel Magaña Benítez, se imponga del presente proveído y esté en posibilidad de desahogar directamente ante este juzgado con residencia en Salina Cruz la prevención formulada. AUTORIZADO Téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a*********, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditadas ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el numeral 17 de la Constitución; con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ello hasta en tanto se reanuden las labores de manera ordinaria dada la suspensión decretada por la contingencia sanitaria en cita. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese, por medio de lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio número 784, de dos de julio del año en curso, que remite la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta localidad, al que anexa testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 57/2021, de su índice, del que se advierte, ese Tribunal determinó que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo número 370/2021, promovido por YAHEL MAGAÑA BENÍTEZ, del inventario de este Juzgado. Acúsese recibo, y háganse las anotaciones correspondientes. En virtud de lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. En términos del artículo 20, fracción I, inciso a) del mencionado Acuerdo, una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta localidad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entres este juzgado y el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; para que surta los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito electrónicamente por el titular y secretaria, del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, residente en Salina Cruz, Oaxaca, al que se acompaña el acuerdo de treinta de abril del presente año, pronunciado en el juicio de amparo 278/2021, del que se advierte no aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, para el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Yahel Magaña Benitez, contra actos del suscrito y otras autoridades, por los motivos y fundamentos que ahí expone. Una vez analizadas las razones que sustenta el juzgador federal oficiante, para no aceptar la competencia propuesta, debe decirse respetuosamente que no se comparte el criterio. Lo anterior, en la medida a que la determinación de incompetencia planteada en el juicio de amparo 370/2021, mediante auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, es la que técnicamente resulta ser la vía más idónea, en virtud que, en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que debe declararse incompetente; ello pues se actualiza una causa de incompetencia funcional. De ahí que, en el caso, al haber sido señalado el suscrito como autoridad responsable, se estima competente para conocer de este asunto al juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por ser el más inmediato dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 6/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Materia Común, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2022197, de rubro: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES". En ese mismo sentido se han pronunciado los dos Tribunales Colegiados en Materia Penal y de Trabajo de este circuito, al resolver diversos conflictos competenciales suscitados con jueces de Distrito ubicados en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, como es factible constatar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 48 y 49 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para lo que tenga a bien resolver en el presente conflicto competencial. Hágase lo anterior del conocimiento del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que exponga ante el Tribunal Colegiado lo que estime pertinente. Por otra parte, como lo solicita el juez federal citado, se comisiona al Actuario adscrito notifique al quejoso Yahel Magaña Benitez por medio de lista de este Juzgado, el acuerdo de treinta de abril del año en curso, emitido en el juicio de amparo 278/2021 del índice de dicho órgano jurisdiccional. Finalmente, no ha lugar a formar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo ya se formó con motivo de la remisión en su momento del presente asunto. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE ENSEGUIDA SE INSERTA, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 278/2021, DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CON SEDE EN SALINA CRUZ, OAXACA: - - - -Salina Cruz, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio 7941/2021, firmado por Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que remite, por incompetencia, el juicio de amparo 370/2021 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Yahel Magaña Benítez, por propio derecho, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca; Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Oaxaca; Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y Agencia Federal de Investigaciones, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, que hace consistir en la orden de aprehensión y/o presentación girada en su contra y su ejecución. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 278/2021-V-A. Ahora bien, en reflexión al tema, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante en el oficio que se recibe, por tanto, no se acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: De la demanda se advierte que en el rubro de "AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, todos de Distrito en el Estado de Oaxaca, y Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio; así como, al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, y Agencia Federal de Investigaciones con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. ACTO RECLAMADO: Se hace consistir en la orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra y su ejecución." Asimismo, en el capítulo de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO" menciona lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, me permito exponer que el día cuatro de abril en curso, me fue informado por mis familiares que me andaban buscando unas personas y que se dicen ser Agentes Federales de Investigación adscrita a la subsede de la Fiscalía General de la República, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, supuestamente porque estaba involucrado en un hecho delictuoso, y que tenían una orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra, sin dar más referencias de que se trataba, por lo que de inmediato trate de investigar de que se trataba sin obtener resultado alguno; sin embargo, dichos sujetos constantemente acuden a mi domicilio con el objetivo de cumplir con su cometido y ponerme a disposición de la autoridad responsable violando toda mi garantía de audiencia y defensa que prevé el artículo 14 y 16 de la Constitución, ante tales hechos acudo a solicitar la protección que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (sic) De la transcripción que antecede, así como de la lectura a sus conceptos de violación, se advierte que no realiza una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado; aunado a que la narrativa del ocurso de demanda es ambigua. Se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1.2º.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación del normativo transcrito permite desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, en la cual, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito se establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez Federal ante quien se presente la demanda; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiere de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución, pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más distritos. Conforme a la primera regla, será competente el juez el distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso, se reclama una orden de aprehensión y, por tanto, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material. En ese sentido se advierte de lo narrado en la demanda de amparo que al momento en que el quejoso solicitó el amparo, el mandato de captura reclamado no se ha ejecutado ni se está ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, sino que se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo. En este contexto, el análisis de competencia es con relación a la hipótesis del acto que requiere ejecución material, pero que no se ha ejecutado. Este órgano jurisdiccional estima que contrariamente al criterio sostenido por el Juez declinante, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante la segunda de las hipótesis que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado pueda ejecutarse en más de un distrito; por ende, le compete al Juzgado en donde se presentó la demanda el conocimiento de dicho juicio constitucional. No resulta inadvertido que el juzgado declinante señale lo siguiente: ".De la demanda de amparo se colige, el quejoso reclama la orden de aprehensión o presentación librada en su contra y su probable ejecución, en la cual señala como autoridad responsable, entre otras, al Titular de este Juzgado Federal quien tendrá el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5°., fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, no puede tener el doble carácter parte procesal, esto es, parte y juez; por tanto, es claro que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo, al actualizarse la hipótesis que establece el artículo 38 de la ley de la materia, por lo que dicha competencia legal para conocer de la demanda en cuestión radica en el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, toda vez que éste no fue señalado como responsable." Empero, resulta oportuno destacar la parte considerativa del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil catorce, específicamente, en la que se precisó lo siguiente: "SEXTO. Teniendo en cuenta que se han generado controversias relacionadas con el señalamiento de los juzgadores como autoridad responsable en los escritos de demanda a fin de evitar que se les turne un determinado asunto, lo que finalmente implica su direccionamiento, en estos casos se turnarán en forma aleatoria, ya que en el supuesto de que un juzgador se ubique en alguna causa de impedimento al recibir el expediente podrá excusarse, resolviendo de modo previo las cuestiones urgentes, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el turno;" Por lo tanto, en el supuesto de que el Juez declinante determine que se ubica en alguna causa de impedimento al recibir el asunto, este podrá excusarse, resolviendo de modo previo las cuestiones urgentes; ello con el propósito de evitar el direccionamiento de las demandas, que consiste en el propósito fundamental del citado Acuerdo, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el turno; consecuentemente con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, no se acepta la competencia declinada. Máxime que en la demanda cuya incompetencia sostiene el Juzgado oficiante, se reclaman actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, respecto de los cuales respetuosamente el suscrito considera tiene competencia legal para conocer de ellos, no obstante declina en su totalidad la competencia, siendo que el Juez más cercano para conocer de actos propios del Juzgado declinante y en términos de las normas que nos rigen es un diverso Juzgado de Distrito en San Bartolo Coyotepec, al ser el más cercano en el circuito, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Así, el suscrito respetuosamente sostiene que el Órgano oficiante únicamente se encuentra impedido para conocer de actos propios, no así respecto a diversos jueces señalados como responsables, en cuyo caso deberá plantear el impedimento respectivo por economía procesal, en términos de la jurisprudencia P./J. 6/2020 (10a.),emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, de la Gaceta el Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional." Finalmente, se destaca que en el acuerdo de incompetencia respectivo, no se advierte que se hubiera certificado que en ese órgano jurisdiccional efectivamente existiera el acto reclamado por el quejoso, a efecto de que el Juez oficiante determinara que en el caso se encontraba jurídicamente impedido para conocer del juicio, por tener el carácter de autoridad responsable y, por ende, no podía ser juez en el asunto, y por tal motivo declinara su competencia para conocer de la demanda de amparo correspondiente, ello es así, pues de la citada jurisprudencia se advierte que se actualiza dicha causa de incompetencia, en aquellos casos en los que se constate el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable por haber emitido el acto reclamado. En consecuencia, el hecho de que el quejoso incluya a la autoridad de amparo en el capítulo de "autoridades responsables" en su demanda, es insuficiente para estimar que deba tenérsele con dicho carácter, ya que debe vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Verlo de otro modo, implicaría dejar en manos del justiciable la autoridad a la que le correspondería el conocimiento de la demanda, lo cual vulneraría las reglas del turno aleatorio de los asuntos que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido y previsto para la distribución equitativa de las cargas de trabajo entre los órganos judiciales de la misma denominación. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 6081, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021875, Décima Época, cuyo tenor literal es: "IMPEDIMENTO. DEBE DECLARARSE INFUNDADO CUANDO EL QUEJOSO SEÑALE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL JUEZ DE AMPARO ANTE QUIEN SE PRESENTA LA DEMANDA Y DE LA LECTURA INTEGRAL DE ÉSTA SE ADVIERTA QUE NO LE RECLAMA ALGÚN ACTO EN ESPECÍFICO. El artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que los juzgadores federales deben excusarse del conocimiento del asunto cuando hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada. En ese sentido, al calificar el impedimento planteado por un Juez de Distrito que fue señalado por el quejoso en su demanda como autoridad responsable, debe analizarse si efectivamente dicho juzgador tiene la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, del mismo ordenamiento, del que se desprende que, es requisito sine qua non, que se le atribuya a una autoridad haber dictado, ordenado, ejecutado o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, si de la lectura integral de la demanda se advierte que el justiciable no le reclama un acto concreto al Juzgado de Distrito, el impedimento debe declararse infundado, pues el hecho de que el quejoso incluya a la autoridad de amparo en el capítulo de "autoridades responsables" en su demanda, es insuficiente para estimar que debe tenérsele con dicho carácter en términos del citado numeral, ya que debe vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Verlo de otro modo, implicaría dejar en manos del justiciable la autoridad a la que le correspondería el conocimiento de la demanda, lo cual vulneraría las reglas del turno aleatorio de los asuntos que el Consejo de la Judicatura Federal estableció en el Acuerdo General 13/2007, que prevé la distribución equitativa de las cargas de trabajo entre los órganos judiciales de la misma denominación." Ante tal determinación, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias respectivas, devuélvanse al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec el juicio 349/2021 de su índice, promovido por Yahel Magaña Benítez. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Cúmplase.

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