Yahaira Jaqueline Guerrero Villasana
Expediente 1212/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yahaira Jaqueline Guerrero Villasana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1212/2016-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción, sin embargo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737/2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1212/2016-V, promovido por YAHAIRA JAQUELINE GUERRERO VILLASANA, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito de veinte de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado en la misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, YAHAIRA JAQUELINE GUERRERO VILLASANA, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades: DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL CPS 16 COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL TITULAR DEL ÁREA MÉDICA DEL CPS 16 TITULAR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL CPS 16 CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO ENCARGADOS DE LAS OFICINAS DE PSICOLOGÍA Y CLINICO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL CPS 16 CRIMINOLOGÍA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL CPS 16 TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL CPS 16 De quienes reclamó lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS RECLAMO: SER REUBICADA DONDE PUEDA CONVIVIR CON MI PAREJA ERIKA CHAVEZ DÍAZ, YA QUE TENEMOS 3 AÑOS DE RELACIÓN Y EL DÍA 14 DE JULIO SE NOS SEPARÓ POR NUEVAS REUBICACIONES Y POR ESTE MOTIVO SOLICITO SER REBICADA EN EL MISMO PABELLÓN DEL MISMO MÓDULO Y SECCIÓN CON MI PAREJA YA QUE EMOCIONALMENTE LA SEPARACIÓN ME ESTÁ AFECTANDO PSICOLÓGICAMENTE Y POR MI PROPIO ESTADO DE SALUD EMOCIONAL, MENTAL ASÍ COMO FÍSICO E INTEGRIDAD MORAL.". SEGUNDO. Por auto de veinte de julio de dos mil dieciséis se admitió la demanda y se registró con el número de amparo 1212/2016-V; por lo que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; TERCERO. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se tuvieron como autoridades inexistentes, a las señaladas por el quejoso como: "ENCARGADOS DE LAS OFICINAS DE PSICOLOGÍA Y CLINICO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL CPS 16"; "CRIMINOLOGÍA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL CPS 16" y "TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL CPS 16". CUARTO. Se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio, donde, además, es el señalado como el de ejecución. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el imperante. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en: La orden para que la quejosa YAHAIRA JAQUELÍN GUERRERO VILLASANA, fuera reubicada de módulo y pabellón, lo que implicó la separación de su pareja sentimental, ERIKA CHÁVEZ DÍAZ, esto al interior del Centro Federal de Readaptación Social 16 "CPS FEMENIL MORELOS", con sede en Coatlán del Río, Morelos. La omisión de concederle una cita para exponer su inconformidad respecto de la reubicación, a pesar de haber presentado petición expresa. Debe precisarse que no se considera acto destacado la falta de atención psicológica a la quejosa, quien refiere que el cambio de módulo y pabellón le originó afectación de esa naturaleza, pues no lo refiere en la demanda como acto destacado, ya que únicamente refiere que la separación de su pareja sentimental, con motivo del cambio de módulo y pabellón, es lo que le ha originado tal afectación. Por consiguiente, se deben considerar argumentos que expresa la quejosa para destacar los aspectos circunstanciales de los actos que combate, es decir, los efectos que estos tienen y que no participan de la naturaleza propia de los actos, es decir, se trata de razonamientos que se formulen en relación con ellos para alcanzar una conclusión respecto de su antijuridicidad. Este criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia Octava Época, Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Enero de 1991, Tesis: I. 3o. A. J/26, Página: 69, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia.". Dicho lo anterior, se estima cierto que YAHAIRA JAQUELÍN GUERRERO VILLASANA, fue reubicada en el Módulo 9, pabellón 3, como lo refirió en la demanda de amparo; así se aprecia del memorando CT/05/2016, o de veintiocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 122), en el que se lee precisamente que se encontraba en el Módulo 9, dormitorio 3, nivel B, estancia 8, cama 1; en tanto que anteriormente se encontraba en el módulo 9, pabellón 2, como se aprecia de los distintos documentos aportados por la autoridad responsable, entre otros, la nota médica de cuatro de junio de dos mil dieciséis (foja 60); la constancia de control de medicamento de esa misma fecha (foja 61); y el registro de aplicación de medicamento (foja 72). A dichas constancias certificadas, por ser documentos públicos, en virtud de haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, debe tenerse por cierto el cambio de módulo y pabellón, a pesar de que las autoridades responsables negaron dicho acto al rendir sus respectivos informes justificados (foja 19). Por otro lado, de igual manera se debe tener por cierta la omisión de concederle una cita para exponer su inconformidad respecto de la reubicación, a pesar de haber presentado petición expresa; ya que se demostró que desde el cinco de abril de dos mil dieciséis, la quejosa sí realizó tal petición, como se demuestra con el formato único de peticiones exhibido en autos (foja 114); sin que las responsables hubieran acreditado que a la fecha de la presentación de la demanda, a saber el veinte de julio del año en curso, hubieran otorgado respuesta a la petición de la quejosa o bien, se hubiera concretado la audiencia solicitada por la peticionaria de amparo. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Séptima Época con número de registro 818571, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 5, Tercera Parte, Materia Administrativa, página: 13 del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO. Si bien es cierto que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de garantías en sí mismo, también lo es que dicha regla admite una excepción: cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, caso en que la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece." TERCERO. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. El presente juicio de amparo debe sobreseerse respecto a los referidos actos reclamados que a continuación se explican: La orden para que la quejosa YAHAIRA JAQUELÍN GUERRERO VILLASANA, fuera reubicada de módulo y pabellón, lo que implicó la separación de su pareja sentimental, ERIKA CHÁVEZ DÍAZ, esto al interior del Centro Federal de Readaptación Social 16 "CPS FEMENIL MORELOS", con sede en Coatlán del Río, Morelos. La omisión de concederle una cita para exponer su inconformidad respecto de la reubicación, a pesar de haber presentado petición expresa. Así, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Se actualiza dicha causal porque las autoridades responsables, demostraron que por sesión de veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPD Femenil Morelos, se aprobó la reubicación de la quejosa, del módulo 9, pabellón o dormitorio 3, al módulo 9, al pabellón o dormitorio V, nivel A, estancia 21, cama 1, y que la razón obedeció a la habilitación de espacios (foja 122). El lugar de reubicación, coincide con el de ERICKA CHÁVEZ DÍAZ, pareja sentimental de la aquí quejosa, según lo refirió en la demanda, esto se demuestra con el diverso oficio de nueve de agosto de dos mil dieciséis, en el que se lee que por sesión de ocho de ese mes y año, se aprobó la reubicación de dicha persona, del módulo 9, pabellón o dormitorio 2, al módulo 9, pabellón o dormitorio 5, nivel A, estancia 17, cama 1 (fojas 119 a 121). Así, queda de manifiesto que los efectos de la reubicación originalmente reclamado por la quejosa, que implicó la separación de módulo y pabellón con ERICKA CHÁVEZ DÍAZ, pareja sentimental de la aquí quejosa, quedaron sin efectos cuanto la autoridad responsable las ha dejado reubicadas a ambas en el módulo 9, pabellón o dormitorio 5; lo cual se corrobora con la aceptación que de esa circunstancia hace la quejosa en el escrito que presentó ante este juzgado el veinte de septiembre del año en curso (foja 99 reverso). Es importante destacar que si bien a la quejosa se le concedió tanto la suspensión provisional como, en su momento también la definitiva, lo que se aprecia del incidente de suspensión del presente juicio; sin embargo, el cambio de módulo y pabellón de la quejosa, no se decretó en cumplimiento a la suspensión ni provisional ni definitiva, sino que las autoridades responsables lo hicieron en uso de las facultades legales. Por lo tanto, se estima que con dicho proceder, la responsable hizo que cesaran los efectos, tanto de la reubicación reclamada, como también de la omisión de darle una respuesta a la solicitud que elevó para presentar su inconformidad por tal reubicación, pues ha obtenido encontrarse ya en el mismo módulo y pabellón que su pareja sentimental; pues se estima que se destruyeron de forma total e incondicional todos los efectos de dichos actos, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo se impone sobreseer en el juicio en que se actúa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. La anterior consideración, por igualdad de razón jurídica, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época cuyos rubro y texto son de la literalidad siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el mismo sentido, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto se trascriben a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Por lo expuesto, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR YAHAIRA JAQUELINE GUERRERO VILLASANA, respecto de las autoridades y por los actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Vista la notificación personal que antecede, mediante la cual se hizo del conocimiento a la quejosa Yahaira Jaqueline Guerrero Villasana el auto de diez de octubre del año en curso dictado en el presente juicio de amparo 1212/2016-V, se advierte que realizó las siguientes manifestaciones: "SOLICITO COPIAS DEL INFORME QUE RINDIERON DICHAS AUTORIDADES GRACIAS" En atención a lo solicitado, se instruye al actuario adscrito a este juzgado a efecto de que al momento de la notificación del presente proveído, corra traslado a Yahaira Jaqueline Guerrero Villasana, con el informe de la Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, el cual fue recibido por este juzgado el diez de octubre de dos mil dieciséis, asimismo deberá asentar las constancias con las que le corre traslado para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y CÓRRASE TRASLADO CON LAS CONSTANCIAS QUE SOLICITA...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, mediante el cual, informa que por oficio 10645/2016 fechado el cinco de octubre del año en curso dio cumplimiento al requerimiento que le fuese formulado por acuerdo de cinco de octubre actual; el que únicamente se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, toda vez que las constancias solicitadas ya obran en autos. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del oficio 6784/2016, autorizado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de octubre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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