Yadira Sanchez Alvarez

Expediente 333/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
333/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Yadira Sanchez Alvarez
  • Yadira Sanchez Alvarez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que transcurrió el término concedido a la quejosa mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria por la autoridad responsable, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se procede a proveer lo conducente, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, y toda vez que la verificación del cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de oficio se analizarán las constancias de autos y con base en ellas se determinará si la resolución dictada se encuentra cumplida, o no. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "a) Deje parcialmente insubsistente la resolución interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 1292/2020, relativo al procedimiento especial sobre divorcio incausado en la parte que determinó negar la medida de separación de cónyuges y las otras medidas cautelares solicitadas. b) Dicte una nueva en la que ordena dar vista al contrario para que manifieste lo que a su interés conviniera y, hecho lo anterior, se pronuncie en relación a la solicitud de la medida precautoria de salida de un cónyuge del domicilio, atendiendo a la manifestación expresa de la aquí quejosa sobre la posible violencia ocasionada por la instauración del divorcio, así como a las diversas medidas solicitadas." Como se advierte del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, a fin de que manifestara lo que estima conveniente en relación con las actuaciones que remitió el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, toda vez que, en la audiencia inicial de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, celebrada en el expediente 1292/2020, las partes celebraron un convenio a efecto de dar por terminada la controversia de origen, el cual se elevó a categoría de cosa juzgada, lo cual se corrobora con la copia certificada que remitió en copia certificada. Bajo este panorama, sin dejar de mencionar que la quejosa no desahogo la vista concedida, se llega a la convicción de que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo HA QUEDADO SIN MATERIA, pues, como se dijo, las partes en el juicio de origen celebraron un convenio por el cual concluyó la controversia, mismo que se elevó a categoría de cosa juzgada y, por ende, la autoridad responsable está materialmente impedida para dar cumplimiento a la sentencia protectora, cuyos efectos se indicaron en párrafos precedentes. En vía de consecuencia, hágase del conocimiento de las partes el presente acuerdo y ARCHÍVESE el asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de octubre del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa *******, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales V.Z.N.S; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, párrafo segundo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En ese sentido, visto el estado procesal de autos, se advierte que por auto de uno de diciembre del año en curso, se reservó hacer pronunciamiento con relación a lo informado por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante oficio con número de registro 19195, por el que remitió copia certificada del acta mínima de la audiencia inicial de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, celebrada en el expediente 1292/2020, de la que se advierte que las partes celebraron un convenio a efecto de dar por terminada la controversia de origen, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, lo que a la fecha ya aconteció, al respecto se provee: Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el referido oficio, así como con los anexos adjuntados al mismo, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibidos que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este juzgado se pronunciará al respecto con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, mediante el cual, el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, remite copia certificada del acta mínima de la audiencia inicial de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, celebrada en el expediente 1292/2020, de la que se advierte que las partes celebraron un convenio a efecto de dar por terminada la controversia de origen, el cual se elevó a categoría de cosa juzgada; circunstancia de la cual se toma conocimiento. En consecuencia, resérvese hacer pronunciamiento al respecto hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no obran las constancias de notificación realizadas a las partes respecto de la resolución con engrose de veintinueve de octubre del año en curso; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales y a afecto de no dejarlas en estado de indefensión, comisiónese al fedatario adscrito para que notifique personalmente la citada resolución a la parte quejosa, y mediante lista al tercero interesado, por no haber señalado algún domicilio particular para tal efecto, así como a la Fiscal Federal adscrita. Para dar complimiento a lo anterior, se transcribe la sentencia con engrose de veintinueve de octubre pasado: "V I S T O S, los autos, para resolver el juicio de amparo 333/2021-I, promovido por *******, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales V.Z.N.S., contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, recibido en este juzgado federal el veintiséis de abril del mismo año, Yadira Sánchez Álvarez, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales V.Z.N.S., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la siguiente autoridad y acto: "III.AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo las siguientes: 1.-COMO AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA: El C. JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO: Señalo el siguiente: 1.- La resolución dictada en el recurso de revocación, de fecha 23 de marzo del año 2021, mediante el cual, el c. Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, Estado de México, determinó lo siguiente: RESUELVE: PRIMERO.-Por los motivos expuestos en este fallo, resulta parcialmente procedente el recurso de revocación interpuesto por la impugnante, motivo por el cual. SEGUNDO.-Se adicionan al auto recurrido de fecha tres de noviembre de dos mil veinte, los dos párrafos indicados en la presente resolución, quedando intocado el resto del auto combatido." SEGUNDO. Trámite ante este Juzgado Federal. El siete de mayo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo bajo el número 333/2021-I; se admitió a trámite, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público la intervención que le confiere la ley; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y, la audiencia se verificó en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I, y 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra actos de una autoridad que radica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa Yadira Sánchez Álvarez, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales V.Z.N.S., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, recaída al recurso de revocación interpuesto contra el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, derivado del procedimiento especial sobre divorcio incausado 1292/2020, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que confirmó negar las medidas provisionales la separación de cónyuges (exclusión del demandado del domicilio conyugal), alimentos, guarda y custodia y restricción de acercamiento. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora al atender las constancias que anexó a su informe justificado, relativas a la copia certificada del expediente 1292/2020, en el que obra la interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto; que goza de valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por una autoridad jurisdiccional en ejercicio de sus funciones. E Se advierte que las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, ni este juzgador observa alguna en forma oficiosa, por lo que se debe emprender el estudio del fondo de este asunto. CUARTO. Estudio de fondo. En aras una mejor comprensión del tema, conviene precisar algunos antecedentes del juicio del cual deriva el acto reclamado, los que se advierten de la documental remitida por la autoridad responsable al momento de rendir su informe con justificación y que ha sido valorada con anterioridad. 1. El treinta de agosto de dos mil veinte *******, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales V.Z.N.S., promovió ante el juez de lo familiar en turno, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, divorcio incausado contra ****** y solicitó como medidas precautorias: "Con fundamento en el artículo 4.95 del Código Civil del Estado de México solicito a Su Señoría (sic), que antes de admitir mi solicitud de divorcio, dictamine y conceda las medidas precautorias que se señalan a continuación, en razón de que nos encontramos ante un caso de urgencia, ya que, la suscrita me encuentro con temor de la posible reacción del C. Edgar Navarro Alvarado ante la notificación del presente escrito, toda vez que, por nuestros problemas me preocupa que reaccione de manera agresiva, ya que, constantemente me dice que la casa de mi propiedad es de él y que si no estoy de acuerdo en vivir con él, me vaya con mi hija del domicilio conyugal, no obstante que es inmueble de mi propiedad. Las medidas que solicito se concedan, consisten en: Decretar la separación de cónyuges, tomando en cuenta las circunstancias personales de la suscrita, en razón de que, el único hogar que tengo para vivir con mi menor hija es el ubicado en Privada José Rosas Moreno número 2, Circuito Dramaturgos Cd. Satélite, C.P. 53100, Naucalpan de Juárez, Estado de México, mismo que se encuentra a mi nombre, ordenando que el señor Edgar Navarro Alvarado se salga del domicilio conyugal y además pido a su señoría tome en consideración que mi actual cónyuge tiene, por lo menos, otro inmueble a su nombre, además de ser empresario y contar con ahorros para su propia manutención. II. Fijar y asegurar los alimentos que deberá de aportar el C. Edgar Navarro a nuestra menor hija, durante el presente juicio, por la cantidad de 37,200.00 (Treinta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) III. Conceder la guarda y custodia provisional, y en su momento la definitiva, de mi menor hija a mi cargo. IV. Que el C. *******, no se pueda acercar a la suscrita, fijando como mínimo de distancia entre él y yo 100 metros; lo anterior, con motivo del temor que siente la suscrita a la reacción del C. Edgar Navarro Alvarado, cuando sea notificado del presente procedimiento." 2. El escrito se turnó al Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien el tres de noviembre de dos mil veinte, registró la solicitud bajo el número 1292/2020, la admitió a trámite, fijó fechas para la primera y segunda avenencia y, con relación a las medidas provisionales acordó: "MEDIDAS PROVISIONALES 1.- Respecto a la medida provisional marcada con el numeral uno, en términos del artículo 4.95 del código sustantivo se decreta la separación de cónyuges, misma que tiene como objeto dejar de cumplir con los fines del matrimonio, sin que haya lugar a acordar la salida de su contraparte, debido a que de hacerlo se conculcarían los derechos fundamentales decretados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. 2.- En relación a las restantes medidas provisionales, al encontrarse incorporada la hija nacida entre las partes con ambos cónyuges, no existe necesidad de decretar las mismas en este momento. 3.- Respecto que se decrete medida restrictiva en favor de la ocursante, atendiendo a la naturaleza del procedimiento, se deja expedito su derecho, para que la promueva en la vía y forma respectiva." 3. Inconforme la quejosa, mediante un escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil veinte, interpuso recurso de revocación. 4. La autoridad resolvió el recurso el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, para lo cual decretó, en lo que aquí interesa: ".En principio debe decirse que en términos del numeral 2.373 del Código de Procedimientos Civiles, el Divorcio incausado: Es un procedimiento especial que permite la disolución del matrimonio, sin la necesidad de expresar la causa de la ruptura. Mientras que la violencia familiar atento a lo que previene el artículo 4.397 fracción I, del Código Civil, es la acción, omisión o abuso, que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y/o la libertad de una persona, en el ámbito del grupo familiar aún cuando se configure un delito. Ambos procedimientos llevan una tramitación especial, y diferente entre sí, pues el divorcio incausado solo persigue la disolución del vinculo matrimonial sin causa o motivo alguno; mientras que la Violencia Familiar, tiene como objeto que en la sentencia se determine la forma de reestablecer la paz y el orden familiar, mediante la adopción de las medidas necesarias para la integración del grupo familiar, según se desprende del ordinal 2.359 de la ley instrumental de la materia. Ahora bien, el artículo 4.95 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establece: Artículo 4.95 Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, podrán dictarse sólo mientras dure el procedimiento, las disposiciones siguientes: I. Separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés superior de los hijos menore y de los sujetos a tutela: II. Fijar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos; III. A falta de acuerdo entre los cónyuges, la guarda y custodia provisional de las y los hijos se decretará por el Juez quedando preferentemente al cuidado de la madre, debiendo escuchar a ambos progenitores, a las hijas o hijos y a cualquier otro interesado, en función del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de los sujetos a tutela. El juez actuará de la misma manera para determinar el régimen de convivencia. IV. Dictar las medidas convenientes respecto a la mujer que esté embarazada; V. Las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona, en sus bienes, en los de la sociedad conyugal o en los bienes de los hijos. El otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, niños y los adolescentes o incapaces quedará preferentemente al cuidado de la madre, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, a menos que exista una causa justificada a criterio del Juez. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. En relación a ello, la inconforme, en sus agravios aduce que con motivo de la separación la separación de los cónyuges (sic), (lo que en la especie ya se acordó favorable); se debe ordenar que su aun cónyuge salga del domicilio conyugal (con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.), pues teme por la reacción, conducta y actitud que éste pueda tomar al conocer del presente procedimiento, refiriendo que últimamente se ha vuelto una persona muy agresiva y violenta con la cónyuge solicitante. No obstante, tales agravios devienen infundados, pues del precepto legal antes invocado, no se advierte como medida precautoria, en el presente procedimiento de divorcio, la exclusión del domicilio conyugal (medida que si se encuentra contemplada en el procedimiento especial de violencia familiar); aunado a que de las constancias que integran el presente procedimiento, no se advierten elementos de tal magnitud, que justifiquen la medida de urgencia que refiere la cónyuge solicitante, pues ésta se limita a referir que su aún cónyuge últimamente se ha vuelto muy agresivo, que teme por la conducta que pueda tener al conocer sobre el presente procedimiento, sin especificar las agresiones que le ha proferido, pues solo indica que este órgano jurisdiccional no está previniendo lo que en un futuro pueda suceder. En otro orden de ideas, por lo que respecta a las medidas precautorias de Guarda y Custodia y Pensión Alimenticia, que afirma se debieron decretar en sus agravios tercero y cuarto, los mismos resulta infundados, tomando en consideración que de la narrativa de los hechos contenidos en la solicitud de divorcio, se advierte que ambos cónyuges, se encuentran viviendo en el mismo inmueble que sirvió como domicilio conyugal, donde también habita la menor de edad de identidad reservada e iniciales V.Z.N.S., por lo que es evidente que en este momento, la niña se encuentra, bajo el cuidado de ambos progenitores. En esa tesitura, es evidente que para estar en posibilidad de emitir pronunciamiento legal, respecto de las medidas provisionales solicitadas, este Juzgador debe allegarse de mayores elementos que le permitan determinarlas, sobre todo si partimos de la premisa que en la actualidad ambos cónyuges comparten el mismo techo, junto con su descendiente, por lo que ambos ejercen materialmente la Guarda y Custodia de su menor hija, y ambos se encuentran obligados a contribuir en los gastos de manutención y alimentación de su descendiente, siendo este el motivo por el que se consideró innecesario emitir pronunciamiento al respecto, en este momento. Aunado a lo anterior, para estar en aptitud de emitir las medidas precautorias necesarias, este Juzgador debe conocer ambas posturas, y no solo emitirlas basándose en las manifestaciones unilaterales sustentadas en suposiciones futuras, considerando necesario conocer ambos puntos de vista, siendo este." Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Ahora bien, la parte quejosa señala como conceptos de violación que el acto reclamado resulta ilegal y transgrede sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 1º, 14º, 16º y 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad responsable: 1) Aplicó inexactamente lo dispuesto en los artículos 4.95 fracción I y 4.397 del Código Civil del Estado de México, en relación con los numerales 2.373, 2.374, 2.376, 2.377, 2.378 y 5.15 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, porque consideró incorrectamente que únicamente en el procedimiento de violencia familiar procede decretar como medida provisional la salida del cónyuge y no en el tipo de procedimiento que presentó "divorcio incausado" toda vez que no está obligada a iniciar un procedimiento de violencia familiar para que se decrete la medida que solicita, debido a que el juez debe analizar las medidas solicitadas a la luz de los hechos expuestos en la demanda, atendiendo a que solicitó la separación con el objeto de proteger a su menor a fin de evitar que siga viviendo una situación tensa y hostil que aumenta, generada por los problemas que atraviesan ambos cónyuges y teme la reacción, conducta y actitud de su cónyuge hacia su persona cuando tenga conocimiento del divorcio, puesto refiere que él se ha puesto muy agresivo y violento. 2. No atendió el interés superior de la menor, a quien, a fin de no afectarla psicológica y emocionalmente (porque sus papás no duermen juntos, pelean constantemente y tienen malos tratos e insultos), lo más sano es que sus padres no habiten en el mismo hogar durante la disolución del vínculo matrimonial, aunado a que, en estos tiempos de pandemia, donde se encuentran la mayor parte del tiempo en el domicilio conyugal, existen más roses y oportunidades de discusión entre ambos padres en presencia de la infante, cuando no hay necesidad de ello, toda vez que su contrario cuenta con un domicilio al que se puede mudar. 3. Aplicó inexactamente lo dispuesto en el artículo 4.95 del Código Civil del Estado de México porque debió haber decretado una pensión alimenticia a favor de la quejosa y su menor, dado que el hecho de que viva bajo el mismo techo no quiere decir que él vaya a aportar económicamente al hogar, ni a los gastos de la menor, pues por venganza puede no hacerlo y limitarse a comprar solo cosas para él y su bienestar. Los motivos de disenso resumido resultan fundados en atención a las consideraciones que se expondrán. Es necesario destacar que el juez es el director del proceso jurisdiccional, su tarea consiste en vigilar que se cumplan a cabalidad las reglas del contradictorio, de donde deriva el acto reclamado; asimismo, debe seguir el orden previamente establecido en la legislación para el desarrollo del proceso y estar al pendiente de las peticiones formuladas por las partes y por terceros que deban tener intervención en él, a fin de que tenga una respuesta oportuna y congruente a cada situación, entre las que destaca el otorgamiento de las medidas cautelares que le sean solicitadas, atendiendo a las condiciones particulares de cada caso, conocidas también como providencias o medidas precautorias, que son instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. Las medidas referidas pueden adoptarse con anterioridad a la iniciación del proceso, así como durante su tramitación, hasta en tanto se dicte sentencia firme que le ponga fin, o bien, hasta que el juicio termine definitivamente por diversa causa, en donde se diluciden todas y cada una de las pretensiones de las partes que tengan un mismo origen, como en el caso acontece, hasta que se resuelva la controversia del orden familiar sobre guarda y custodia, así como pensión alimenticia derivada del procedimiento especial de divorcio incausado, en que se dictó el auto materia de análisis en la resolución aquí reclamada. En tales circunstancias, el dato relevante en los divorcios es la existencia de la voluntad de un cónyuge de no continuar con el vínculo matrimonial que lo une al otro cónyuge; por lo que, el repudio a esa situación jurídica, arroja como un hecho ordinario que los divorciantes se separen del domicilio conyugal con independencia de que exista o no conflicto u hostilidad entre ellos, como una medida anticipatoria de su nueva situación jurídica, pues lo que se trata de garantizar es su integridad física y emocional que deriva de estar en condiciones adecuadas para decidir de modo definitivo sobre el vínculo que pretenden disolver, esto es, encontrarse libre de coacciones o interferencias de cualquier tipo que vicien o confundan su voluntad, de manera que el juzgador atenderá este aspecto de manera primordial para alcanzar la finalidad perseguida por las partes. Dicha decisión se sustenta en los datos aportados al juez del proceso, así como en las presunciones legales que la ley establece a favor de las partes, porque cualquier proceso de divorcio tiene implícita la ruptura de un lazo afectivo que puede propiciar o poner en riesgo la integridad de los miembros de la familia, situación que se pretende proteger o evitar con ayuda de la separación de los consortes, como medida cautelar, que procede a petición de parte, cuando existan elementos suficientes para demostrar la situación violenta específica, y tiene como finalidad evitar que los esposos se causen perjuicios personales o en sus bienes, así como a los menores hijos, cuando los haya, porque es natural que al existir una acción judicial de uno contra el otro, las relaciones entre ellos se verán afectadas y probablemente violentadas a determinado grado que pueden llegar a repercutir, incluso, en su persona o en su salud, o en la de sus descendientes, amén de los bienes forjados en común. Máxime que el derecho a vivir en un entorno libre de violencia, forma parte del catálogo de los derechos humanos que deben considerarse integrados al orden nacional, al estar reconocido en diversos tratados internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará"; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas,1979) y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; asimismo, deriva de los derechos a la vida, salud e integridad física establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que merezca una protección especial, privilegiada, urgente y eficaz. Lo expuesto hasta el momento encuentra sustento además en diversos criterios emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por los Tribunales Colegiados de Circuito, que se detallan a continuación: Tesis aislada I.3o.C.922 C, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizada en la página 1303, del tomo XXXIII, abril de 2011, de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que indica: "DOMICILIO CONYUGAL. LA SALIDA DE ÉL ES UNA CONSECUENCIA NECESARIA QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA AL DICTAR MEDIDAS PROVISIONALES PARA LA SUBSISTENCIA, INTEGRIDAD Y DESARROLLO DE LOS DIVORCIANTES E HIJOS. La autoridad judicial debe pronunciarse de manera congruente sobre las medidas provisionales de que se trate en un juicio de divorcio, como son las de determinar a favor de qué cónyuge divorciante se otorgarán la guarda y custodia de los hijos habidos en el matrimonio, fijar el régimen de visitas y convivencias con el padre que no haya obtenido la guarda y custodia citada y establecer cuál de los cónyuges deberá salir del domicilio. Lo anterior es así, porque ante la solicitud de divorcio el dato relevante es que existe voluntad de un cónyuge de no continuar con el vínculo matrimonial y el repudio a esa situación jurídica arroja como un hecho ordinario que los divorciantes se separen del domicilio conyugal con independencia de que exista o no conflicto u hostilidad entre ellos, como una medida anticipatoria de su nueva situación jurídica, pues lo que se trata de garantizar es su integridad física y emocional que deriva de estar en condiciones adecuadas para decidir de modo definitivo sobre el vínculo que pretenden disolver, esto es, encontrarse libre de coacciones o interferencias de cualquier tipo que vicien o confundan su voluntad, de manera que el juzgador atenderá este aspecto de manera primordial para alcanzar la finalidad perseguida por las partes. Esta decisión judicial se sustenta en los datos con los que cuenta el Juez del proceso y en las presunciones legales que la ley establece a favor de las partes y en especial de los menores de edad atendiendo a su interés superior, a fin de decidir la guarda y custodia de los menores a favor de uno de los padres o de ambos, pero en un diverso domicilio, porque cualquier proceso de divorcio tiene implícita la ruptura de un lazo afectivo que puede propiciar o poner en riesgo la integridad de los miembros de la familia." Tesis aislada 1a. CXCII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 580, del libro 19, junio de 2015, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, de rubro y texto siguiente: "DERECHO A VIVIR EN UN ENTORNO FAMILIAR LIBRE DE VIOLENCIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL. El derecho a vivir en un entorno libre de violencia forma parte del catálogo de los derechos humanos que deben considerarse integrados al orden nacional, al estar reconocido en diversos tratados internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará"; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979) y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, deriva de los derechos a la vida, salud e integridad física establecidos en la Constitución General." Igualmente, el Código de Procedimientos Civiles de la entidad, regula la posibilidad de establecer medidas precautorias solicitadas o las que se estimen necesarias en el procedimiento de divorcio incausado dando vista al cónyuge contrario, como se aprecia a continuación: "Artículo 2.374.- Presentada la solicitud, de no existir prevención alguna, el juez admitirá a trámite la petición, dando vista al otro cónyuge y, proveerá sobre las medidas precautorias solicitadas o las que estime necesarias para salvaguardar el interés superior de los menores o incapaces." Por su parte, el artículo 2.3771 del mismo ordenamiento, regula que en una audiencia de avenencia se decidirá sobre las medidas precautorias y provisionales que se hubieren dictado. En ese sentido, aunque la exclusión de un cónyuge expresamente no se encuentre prevista como medida precautoria dentro del procedimiento de divorcio incausado, es evidente que la disposición normativa permite dictar las medidas precautorias que se estimen necesarias durante este proceso para evitar conductas que puedan constituir violencia, pues con la instauración de la medida se debe evitar la concreción de daños en la integridad física o mental de su solicitante y sus hijos menores de edad. De esta manera, basta que el cónyuge que presenta la demanda de divorcio solicite la separación o exclusión expresando las causas que la originen, para que proceda decretar la medida provisional, ya que no se requiere que se justifiquen las causas que la fundan, cuando se sustentan principalmente actos de violencia en razón de las acciones legales incoadas en contra de la parte demandada, pues lo que se debe buscar es evitar las consecuencias dañinas que derivarían de la cohabitación de dos personas, en la que al menos una de ellas, ha expresado su voluntad de no seguir en convivencia. Por tal motivo, no se debe requerir a la solicitante de la medida, mayores datos de prueba que demuestren la violencia a que ha sido cometida en razón de la instauración de la demanda de divorcio, pues basta que el juzgador advierta indicios leves sobre dicha situación, como lo es la derivada de existir una acción judicial de un cónyuge contra el otro, pues las relaciones entre ellos se verán afectadas y probablemente violentadas a determinado grado que pueden llegar a repercutir en su persona e hijos. Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que la quejosa el treinta de octubre de dos mil veinte, al presentar su solicitud de divorcio incausado, solicitó como medidas precautorias la separación de los cónyuges, alimentos, guarda y custodia y una medida restrictiva para que su cónyuge no se acercara a ella, a fin de evitar que ella y su menor vivieran una situación tensa y hostil generada por los problemas que atraviesan ambos cónyuges y debido a que teme la reacción, conducta y actitud de su cónyuge hacia su persona cuando tenga conocimiento del divorcio, puesto refiere que él se ha puesto muy agresivo y violento. Luego, la autoridad al resolver el recurso de revocación consideró que la medida de exclusión del domicilio conyugal no se advierte como medida precautoria dentro del procedimiento de divorcio incausado, ya que esta medida únicamente está regulada en el procedimiento de violencia familiar; asimismo, no advirtió elementos que justifiquen la medida de urgencia, pues refirió que la promovente se limitó a decir que su cónyuge se ha vuelto agresivo y que teme por la conducta que pueda tener; pero no especificó las agresiones que le ha proferido. De igual modo, refirió que las medidas de pensión alimenticia, guarda y custodia son infundados, tomando en consideración que ambos cónyuges viven en el mismo inmueble que sirvió como domicilio conyugal, que ambos ejercen materialmente la guarda y custodia de su menor hija y los dos se encuentran obligados a contribuir en los gastos de manutención y alimentación con su descendiente, por lo que, para estar en posibilidad de emitir un pronunciamiento legal respecto de las medidas provisionales solicitadas, debía allegarse de mayores elementos que le permitieran determinarlas, como conocer la postura de su contrario y no solo emitirlas basándose en las manifestaciones unilaterales sustentadas en suposiciones futuras. Sin que se aprecie en la resolución debatida que haya ordenado dar vista a la contraria para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre las medidas y a la fecha de la presente resolución no se tiene noticia de que la autoridad se haya pronunciado en ese sentido. De manera que, la autoridad responsable pasó por alto que en el procedimiento de divorcio incausado también pueden dictarse las providencias precautorias solicitadas o las que estime necesarias cuando existen indicios de violencia entre los cónyuges por la situación de divorcio que atraviesan, así como que están involucrados derechos de un menor de edad a vivir libre de un entorno de violencia, lo que implica que el juez responsable, una vez otorgada la vista al progenitor, debió pronunciarse respecto de la necesidad de excluir del domicilio por parte del ahora tercero interesado y demás medidas solicitadas, para salvaguardar a la quejosa de la violencia y proteger a su vez el interés superior de la menor garantizando su integridad física y emocional. Bajo esa línea argumentativa, se considera que el hecho de que el juez responsable haya omitido dar vista al cónyuge de la quejosa y pronunciarse respecto de las medidas provisionales solicitadas, trae como consecuencia una obstaculización al ejercicio pleno de su derecho humano garantizado por el artículo 4° de la Constitución Federal. Lo anterior es así, ya que no debe perderse de vista que el juez tiene a su alcance todas aquellas facultades y medidas, así como la obligación de proteger y salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de la mujer en estado de vulnerabilidad, por lo que el suscrito estima que la responsable debió revocar el auto recurrido (veintitrés de marzo de dos mil veintiuno) en la parte relativa en la que negó proveer sobre las medidas de protección solicitadas por la parte actora, ordenar dar vista a la contraria para que manifieste lo que a su interés conviniera y pronunciarse en relación a la solicitud de las medidas provisionales relativas a la separación de los cónyuges, alimentos, guarda y custodia y restricción de acercamiento solicitada, atendiendo a que existe voluntad de un cónyuge de no continuar con el vínculo matrimonial y que esa situación arroja como un hecho ordinario que las relaciones entre ellos se verán afectadas y probablemente violentadas a determinado grado que pueden llegar a repercutir en su persona e hijos. Bajo estas consideraciones una vez que se pronuncie sobre la exclusión de un cónyuge del domicilio conyugal con libertad de jurisdicción tendrá que pronunciarse necesariamente respecto de las diversas medidas solicitadas, relativas a alimentos, guarda y custodia, y restricción de acercamiento. En tales condiciones al ser fundado el concepto de violación en estudio, se concede el amparo y protección federal solicitado. QUINTO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez: a) Deje parcialmente insubsistente la resolución interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 1292/2020, relativo al procedimiento especial sobre divorcio incausado en la parte que determinó negar la medida de separación de cónyuges y las otras medidas cautelares solicitadas. b) Dicte una nueva en la que ordena dar vista al contrario para que manifieste lo que a su interés conviniera y, hecho lo anterior, se pronuncie en relación a la solicitud de la medida precautoria de salida de un cónyuge del domicilio, atendiendo a la manifestación expresa de la aquí quejosa sobre la posible violencia ocasionada por la instauración del divorcio, así como a las diversas medidas solicitadas. Por lo antes expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales V.Z.N.S..

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