Yadira López Bastidas

Expediente 329/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
329/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/07/2021

Partes del expediente

  • Yadira López Bastidas
  • YADIRA LÓPEZ BASTIDAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio 1304/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada el uno de julio del año en curso, en el recurso de queja 62/2021 del índice del referido órgano jurisdiccional, interpuesto contra el proveído dictado por este juzgado el tres de junio de dos mil veintiuno, en el juicio que nos ocupa, cuyo punto resolutivo señala: "ÚNICO. Se declara Infundado el recurso de queja y firme el auto recurrido." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo al Superior y archívese el juicio en que se actúa como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito en su capítulo quinto, artículo vigésimo y vigésimo primero, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 2100/2021, enviado vía interconexión por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual comunica que la presidencia de dicho órgano federal admitió el recurso de queja interpuesto por Yadira López Bastidas y Christian Enrique Santos Martínez, contra el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de garantías 329/2021, en el cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto, el cual fue radicado con el número de expediente 62/2021; memorial que, en atención a su contenido, únicamente se ordena agregar en autos para que obre como corresponda.

  3. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por el licenciado Luis Gonzaga Cazares Medina, autorizado de los quejosos Yadira López Bastidas y Christian Enrique Santos Martínez, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En atención a lo antes expuesto y en términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido de SER CIERTO que en auto de tres de junio de dos mil veintiuno, este juzgado desechó de plano por considerar improcedente la demanda de amparo promovida por el ocursante, y remítase el mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta localidad, así como el original y copia del libelo de queja del que se dio noticia y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este sumario.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de junio de dos mil veintiuno.********************RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo presentada por ********************, en su calidad de defensor particular de ******************** y ********************, en términos de los artículos 6° y 14 de la Ley de Amparo, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda:********************REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 329/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La quejosa reclama el auto emitido el tres de mayo de dos mil veintiuno, por la autoridad responsable en los autos de la causa penal 317/2014, donde desechó el incidente no especificado de revisión, cese o sustitución de las medidas cautelares (prisión preventiva), de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. ********************PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes.********************En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente.********************Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."********************Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18 del propio ordenamiento legal, de la Ley de Amparo en vigor. ********************Numerales los cuales establecen que, cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad o particular con tal calidad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional, con el objeto de protegerlos.********************Sin embargo, la promoción de tal mecanismo tiene plazos determinados por la norma jurídica, los cuales son improrrogables y, por tanto, fatales para el quejoso, ya que cuando un gobernado sufre una afectación con un acto de autoridad o particular con tal carácter, y tiene la posibilidad legal de impugnarlo a través del juicio de amparo dentro del término que para ello prevé la ley de la materia, y no obstante ello no lo hace, esta conducta revela conformidad con el mismo.********************Ahora bien, el precitado numeral 17 de la Ley de Amparo vigente, contempla que existen tres momentos para iniciar el cómputo del término para la presentación de la demanda de garantías, a saber:********************i). Al día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. ********************ii). Al día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución.********************iii). Al día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución.********************Cabe precisar que tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de relación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la presentación del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos.********************Entonces, el motivo de improcedencia de que se trata está fundado en el principio de seguridad jurídica, para evitar que proceda el juicio de amparo después de que el quejoso, por propia voluntad, omitió promoverlo dentro del término que establece la ley para tal fin. ********************Esto significa que una de las formas que contempla nuestra legislación y que denotan el consentimiento tácito del acto reclamado es la no promoción del juicio dentro del término establecido por la ley. Esta circunstancia no sólo genera una conformidad presunta con el acto reclamado, sino también la pérdida de la acción de amparo por expiración del plazo dentro del cual debió ser intentado, es decir, la preclusión de la acción de constitucional.********************En el caso, la quejosa afirma que tuvo conocimiento exacto y completo de los actos que reclama el once de los cursantes, cuando se constituyó ante el tribunal responsable y obtuvo copia certificada de la resolución que reclama.********************No obstante, de las manifestaciones vertidas por el propio promovente bajo protesta de decir verdad se obtiene, en lo sustancial, que el tres de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, desechó el incidente no especificado de revisión, cese o sustitución de las medidas cautelares (prisión preventiva), solicitado por el defensor de los aquí quejosos con apoyo en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los autos de la causa penal 317/2014, al estimar que el delito que les fue atribuido a título probable no es grave y, por ello, pueden gozar del beneficio de la libertad bajo caución. ********************Así también, que el expresado auto fue notificado por lista en la propia fecha, es decir, el tres de mayo de dos mil veintiuno; sin embargo, añadió, el extracto del auto publicado no revelaba las razones en que se apoyó la juez del conocimiento para desechar el incidente de que se trata, y fue hasta el treinta y uno de los citados mes y año en que pudo consultar la causa penal que pudo imponerse del contenido del expresado acuerdo. ********************Lo anterior revela que, los quejosos tuvieron conocimiento de la existencia del acto que reclaman, el tres de mayo de dos mil veintiuno, con independencia de que en diversa fecha tuvieran conocimiento de las razones que la sustentan, por los motivos que exponen, pues dicha circunstancia únicamente daría lugar a eventualmente ampliar sus conceptos de violación si así lo estiman pertinente, dado que la materia que rige el acto implica la suplencia de la queja deficiente.********************Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 45/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes:********************"ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate."********************Más aún, si la notificación de la citada determinación le generaba perjuicio, los quejosos tenían la posibilidad de hacer valer el medio de impugnación establecido en el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.********************DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. ********************Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO."********************Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. ********************LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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