Yadira Guadalupe Ríos Rodríguez

Expediente 8/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
8/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2016

Partes del expediente

  • Yadira Guadalupe Ríos Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    ...dado que la quejosa...no impugnó el proveído de ocho de enero del año en curso...por el que se desechó su demanda de amparo....se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes....toda vez que en el presente expediente no existen cuestiones pendientes...archívse como asunto totalmente concluido...carece de relevancia documental...es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Agréguese...el escrito...de la autorizada legal de la quejosa...devuélvase el acuse de recibo del escrito de treinta de diciembre de dos mil quince, que exhibió con su escrito de demanda, y entréguese a sus autorizados...

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por Yadira Guadalupe Ríos Rodríguez, contra actos de la Regidora de Hacienda del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, y otra autoridad; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional. En el caso, del análisis integral de la demanda y anexo que se acompaña, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el diverso numeral 6° de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto negativo o positivo, que se reclame de la autoridad señalada como responsable; de lo que, interpretado en sentido contrario, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad, ya sea positivo o negativo. De la lectura de la demanda, aparece que la parte quejosa se duele esencialmente de la injustificada e ilegal omisión en que incurren las autoridades responsables a dar una respuesta por escrito a la petición formulada por la quejosa en su escrito de treinta de diciembre de dos mil quince, recibido en la Dirección de Oficialía de Partes y Vinculación Ciudadana en la misma fecha. Ahora, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De dicho precepto constitucional se advierte que los elementos del derecho de petición son los siguientes: a) La petición, la cual debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la respuesta; b) La respuesta, misma que la autoridad debe emitir en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. En ese sentido, el artículo 8° de la Constitución Federal establece que la autoridad debe dictar un acuerdo escrito a la petición formulada y hacerlo conocer en breve término al peticionario, entendiéndose por breve término el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, esto es, debe comprender el plazo necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacer del conocimiento del quejoso el acuerdo recaído, por lo que, si en el caso, la promovente del amparo presentó su escrito de petición ante las autoridades responsables el treinta de diciembre de dos mil quince, es evidente que al día ocho de enero de dos mil dieciséis, fecha en que fue presentada su demanda de amparo, no había transcurrido un lapso prudente y necesario para que las autoridades emitan y notifiquen el acuerdo respectivo. En efecto, en el caso, se estima que no ha transcurrido el plazo de diez días que tienen las autoridades responsables conforme al artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca , para emitir el acuerdo correspondiente y notificar su respuesta a la peticionaria del amparo; por consiguiente, se encuentran dentro del plazo legal que la Constitución Local del Estado les otorga, para emitir el acuerdo relativo. En consecuencia, es evidente que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo, por lo que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de amparo. .Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda, y por autorizados con las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir en el presente juicio, a los licenciados Armando Chan Manzano y Guadalupe Vázquez Quiroz, al acreditar que están autorizados para ejercer la profesión de abogados, al encontrarse registrados en el Módulo de Cedulas Profesionales de la red Internet de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y únicamente por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas que menciona, porque en esos términos lo pide la quejosa y ello no contraviene lo dispuesto en el mencionado artículo 12 de la Ley de Amparo. Hágase saber a la parte quejosa que las determinaciones de carácter público que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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