Yadira Guadalupe Ramos Hernández y Otros.

Expediente 1611/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1611/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Yadira Guadalupe Ramos Hernández y Otros.
  • Yadira Guadalupe Ramos Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista el estado de autos del que se advierte que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes en proveído de veintidós de noviembre del año en curso, respecto al informe justificado por la autoridad responsable Asesoría y Asistencia Legal de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, y en Suplencia del Secretario, Subsecretario y Jefe de Departamento de Tramites, Análisis y Dictámenes de la Subsecretaria de Transportes, con residencia en esta ciudad, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas que rigen el procedimiento, con fundamento en el 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de sustento, la Tesis, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO)." NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad: Jefa y Apoderada Legal del Departamento de Asesoría y Asistencia Legal de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, y en Suplencia del Secretario, Subsecretario y Jefe de Departamento de Tramites, Análisis y Dictámenes de la Subsecretaria de Transportes, con residencia en esta ciudad. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de referencia. Se tiene a la autoridad oficiante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita; y, como delegada, en términos del artículo 9, de la Ley de la Materia, a la profesionista que indica. Se toma nota del número telefónico que, para efectos de una comunicación más eficaz. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las documentales que anexa a su misiva la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Con el contenido del informe y constancias de que se trata, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que de la certificación de cuenta que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "Ramos9"; como lo solicita el promovente, con fundamento en los numerales 34 a 41, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta en el expediente electrónico con el citado usuario. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de la consulta en el expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de requerir a la Secretaría de Hacienda del Estado para efecto que remita las constancias relativas a las órdenes de pago; con fundamento en el artículo 121, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dígasele a la autoridad responsable que no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez no se advierte que haya solicitado a dicha institución, la expedición de las documentales que cita, ni gestionado su expedición con la debida oportunidad y le haya sido negada, por lo que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 121 de la Ley de Amparo, puesto que al promovente es a quien le corresponde la obligación de gestionar la obtención de la misma de manera directa, y sólo en caso de negativa, esta autoridad estaría facultada para requerir a la omisa...

  3. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la data en que se provee, la autoridad responsable Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, así como las vinculadas con el cumplimiento del fallo constitucional, siendo, Presidente Municipal, Síndico y Regidores integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, no han dado total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En este sentido, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, como al Presidente Municipal, Síndico y Regidores integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, para que en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que se les notifique este proveído, informen los avances de los trámites para el registro e inscripción de los peticionarios de amparo ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). De igual manera, las demás gestiones que se encuentran realizando con la finalidad de cumplir de manera inmediata la ejecutoria de amparo. Apercibidas las citadas autoridades, que de no hacerlo, se harán acreedoras de una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 258 del citado ordenamiento, para el caso de no dar cumplimiento en los términos precisados; sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de la Materia, del segundo párrafo del numeral citado, que dispone: "Artículo 192. (.) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Cobra aplicación por identidad jurídica, el criterio, que literalmente dice: "EJECUTORIAS DE AMPARO. CUMPLIMIENTO DE LAS. De conformidad con el artículo 105 de la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no quedare cumplida dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, se mandará oficio al superior inmediato de la autoridad responsable, no para que sirva de intermediario respecto al acuerdo contenido en tal oficio, sino para que en ejercicio de su jerarquía y empleando todos los medios que la ley le conceda, obligue a su subordinado a cumplir sin demora la sentencia constitucional." Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 267, fracción I2 de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, las autoridades que incurran en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, se les impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrán ser destituidas o inhabilitadas para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso; lo anterior, tomando en consideración que existe dilación en el cumplimiento del fallo protector el cual fue dictado desde el veintiuno de diciembre de dos mil quince. En ese sentido, si este órgano de amparo advierte la presencia de hechos que pudieren encuadrar en el supuesto del ilícito indicado, bajo la presencia de los elementos que lo configuran, se procederá a dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que actúe conforme a sus facultades ministeriales. Por lo tanto, se ordena hacer del conocimiento de las partes dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Apoya, la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, visible en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por Hugo Pérez Calvo, Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, en representación de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual instó a la autorización de acceso al expediente electrónico derivado del juicio de amparo en que se actúa, y para tal efecto proporcionó los usuarios correspondientes. Ahora, respecto a la diversa solicitud que elevó, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontraron registrados los usuarios "HUGOPCALVO, OSPER84, jaimes68 y cgsl214"; en tal virtud, con fundamento en los numerales 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con los citados usuarios. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Se faculta al promovente el uso de medios electrónicos, como scanner, cámara fotográfica, lectores láser, siempre y cuando, el medio que utilicen no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este Órgano Jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este Órgano de Control Constitucional no está acreditado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso dañe el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del artículo 12, segundo párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.

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