Yadira Guadalupe Martinez Quintana

Expediente 2020/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2020/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
09/09/2019

Partes del expediente

  • Yadira Guadalupe Martinez Quintana
  • Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Publica del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 2020/2018-III, un anexo y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 165/2019, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: ".PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia recurrida engrosada el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 2020/2018 de su índice. SEGUNDO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Yadira Guadalupe Martínez Quintana, contra en acto reclamado de la autoridad responsable, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 165/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.ammg

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de abril de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2020/2018-III, promovido por YADIRA GUADALUPE MARTÍNEZ QUINTANA y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada ese mismo día a este juzgado federal, YADIRA GUADALUPE MARTÍNEZ QUINTANA, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos (foja 2 a 16). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo con el número 2020/2018-III, se admitió trámite, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y se emitió el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo DGUAI/PA/114/2018-10, de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado pues así lo manifestó la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado (foja 35 a 46), lo que se corrobora de las constancias que la autoridad responsable anexó a dicho informe, consistentes en fotocopias certificadas del expediente administrativo DGUAI/114/2018-10 incoado en contra de la ahora quejosa (anexo I). Documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como acontece en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por el quejoso, como de conocimiento por notificación del acto reclamado, como se demostrará en lo subsecuente. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, debe señalarse que el quejoso en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado el acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, que dio inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/114/2018-10, y refirió bajo protesta de decir verdad que con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, le notificaron dicho procedimiento. No obstante lo anterior, en las constancias que en fotocopia certificada remitió la autoridad responsable, relativas al procedimiento administrativo DGUAI/PA/114/2018-10, obra agregada cédula de notificación personal de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 83 a 84, anexo I), de la que se advierte que el notificador adscrito a la dirección general de la Unidad de Asuntos Internos, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, notificó de manera personal a YADIRA GUADALUPE MARTÍNEZ QUINTANA, el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el expediente DGUAI/PA/114/2018-10. Documental que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de un funcionario público (notificador) en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Visto lo anterior, y no obstante que en el presente juicio de amparo, la promovente haya manifestado que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que tal manifestación fue desvirtuada con la cédula notificación de trece de noviembre de dos mil dieciocho, que en fotocopia certificada obra en autos del expediente de origen, de la que se advierte que con esa fecha la directa quejosa recibió de manera personal la cédula de notificación que contiene inserto el auto de inicio de procedimiento administrativo en el expediente DGUAI/PA/114/2018-10. En relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se estiman consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto, como en seguida se pondrá de manifiesto. En el caso concreto la parte quejosa fue notificada de manera personal sobre el inicio del procedimiento administrativo incoado en su contra desde el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en ese sentido, el artículo 27 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (de aplicación supletoria de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que rige el procedimiento administrativo) prevé que las notificaciones personales surtirán sus efectos al día siguiente en que se practican. Por lo tanto, el cómputo de la oportunidad en la impugnación de los actos reclamados debe realizarse a partir del día siguiente en que surtió sus efectos la notificación realizada a la ahora parte quejosa, esto es, a partir del quince de noviembre y feneció el siete de diciembre de dos mil dieciocho, sin contar en ese lapso los días inhábiles que mediaron entre ellos, en esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se advierte entonces que fue presentada fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y como consecuencia se ha consentido tácitamente el acto que se reclama. Es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XIV, de la Ley de la materia, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo tanto, se hace innecesario hacer pronunciamiento respecto de la diversa causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por YADIRA GUADALUPE MARTÍNEZ QUINTANA, por los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

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