Yadira Guadalupe Gastelum Esquivel

Expediente 2536/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2536/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Yadira Guadalupe Gastelum Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto dictado en el presente juicio, por el que se sobreseyó fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en cita, en relación con el numeral 2°, y 214 se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 inciso a) relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte, atendiendo a que se sobreseyó el presente juicio de amparo, así como, en el capítulo octavo, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo. Finalmente, se precisa que en el presente juicio de amparo no se aperturó incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por los integrantes de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado el seis de enero del año en curso y remite las constancias solicitadas; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento con el que se conminó. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta la que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, consistente en la omisión dictar laudo en el juicio laboral *********, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada aún no causa un agravio actual y directo a la parte quejosa. Para sustentar dicha aseveración, conviene precisar el contenido de las disposiciones referidas, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los preceptos legales transcritos, se desprende uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional, relativo a la existencia de un agravio actual y directo, entendido como la lesión o afectación de los derechos de una persona, mediante una resolución judicial o cualquier acto de autoridad, es decir, se trata del perjuicio o afectación de un derecho. En efecto, el juicio de amparo, como medio de control constitucional, es procedente contra actos que producen una afectación actual y cierta respecto de la esfera jurídica de las personas. En torno de las características del agravio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado y no por quien solo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de las siguientes tesis: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo.". Conforme a los criterios transcritos, el agravio que da pauta a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. Así, se tiene que el agravio es presente cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo, mientras que se considera que el agravio es pasado cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. Con la finalidad de corroborar que la omisión reclamada no actualiza la existencia de un agravio actual y directo, es necesario precisar que al resolver la contradicción de criterios 171/2022 en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. De no considerarlo así y por el contrario, estimar que la actualización del supuesto al que alude el multicitado criterio jurisprudencial, puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo. De dicha contradicción de criterios derivó la jurisprudencia de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales." CASO CONCRETO En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la Junta responsable la omisión dictar laudo en el juicio laboral **********. Consecuentemente, siguiendo la lógica argumentativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso, no se considera que se está ante una abierta dilación por parte de la autoridad señalada como responsable, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor de la parte quejosa, lo cierto es que no ha transcurrido el periodo de cuarenta y cinco días naturales a que se ha hecho referencia, que configure la procedencia del juicio de amparo. Ello es así, pues del contenido del oficio se advierte que el cierre de instrucción se emitió el tres de octubre de dos mil veintidós, fecha a partir de la cual debe computarse el plazo a que se ha hecho referencia con anterioridad. En ese contexto, debe considerarse los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.) Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y, Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De los artículos transcritos con antelación se evidencia que una vez cerrada la instrucción, la Junta cuenta con el término de diez días para formular el proyecto de laudo, el cual se entregara a cada uno de los integrantes, quienes cuentan con cinco días hábiles para solicitar se practiquen las diligencias que estimen convenientes, las cuales se podrán practicar dentro de un término de ocho días, y transcurrido dicho término se citara para la discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. Derivado de lo cual se advierte que una vez cerrada la instrucción, la Junta responsable cuenta con aproximadamente un término de treinta y tres días hábiles para practicar las diligencias necesarias y dictar el laudo respectivo. De ahí que, si en el caso que nos ocupa la Junta responsable cerró la instrucción el tres de octubre de dos mil veintidós, el término de treinta y tres días hábiles para practicar las diligencias necesarias y dictar el laudo respectivo feneció el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, sin contar los sábados, domingos, así como el doce y treinta y uno de octubre, uno, dos y veintiuno de noviembre del año en curso, declarados inhábiles. Así, debe considerarse que a partir de aquélla fecha -veinticinco de noviembre de dos mil veintidós- es que comienzan a computarse los cuarenta y cinco días naturales a que se ha hecho referencia con anterioridad para estimar actualizada la dilación procesal necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -cinco de diciembre de dos mil veintidós-, únicamente transcurrió once días naturales; de ahí que no exista una abierta dilación en el procedimiento de origen Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª/J 48/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." De ahí que respecto del acto reclamado se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente acuerdo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con cincuenta minutos del dos de febrero del dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, sin embargo, de la constancia que adjunto al mismo se tiene en el oficio por el que se rinde dicho informe señala un número de expediente labora ******, fecha de cierre de instrucción y nombre de la demanda, que no coincide, con los señalados en la constancia que anexa al citado informe (relativa al proveído de veintitrés de junio del dos mil veintidós). En tales condiciones, requiérase Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, informe a este juzgado y remita las constancias que acredite cual es el número de expediente, fecha de cierre de instrucción y nombre de la demandada laboral. Bajo el apercibimiento, para el supuesto de no cumplir estrictamente con lo anteriormente descrito dentro del plazo indicado para ello; o bien, de ser el caso, no comunicar la imposibilidad legal o material debidamente justificada que tenga al respecto, el titular de la autoridad en comento, se hará acreedora a una multa por el equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, con fundamento en el contenido de los arábigos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, de acuerdo con lo que se insta en el numeral 4°, fracción I, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con lo que se establece en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por tanto, a fin de dar margen a que lo anterior suceda, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado digitalmente por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, y en atención a su contenido, se tienen por formulados los alegatos que expresa, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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