Yadira Elizabeth Rodríguez López

Expediente 1281/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1281/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Yadira Elizabeth Rodríguez López

Actuaciones

  1. Principal

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, incisos a) y c), por los motivos establecidos en el tercero y sexto puntos considerativos de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, por propio derecho, en contra del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, inciso b), por los motivos establecidos en el séptimo punto considerativo y, para los efectos descritos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, a través del cual en cumplimiento a la prevención realizada a su demanda, señala como acto reclamado la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada dentro del juicio ejecutivo mercantil ************ de nueve de febrero de dos mil veintitrés, del índice del Juzgado Quinto Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, señalando como autoridad responsable a la actuaria adscrita a dicho juzgado, narrando de manera clara, precisa y cronológica cuáles son los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, derivado del controvertido de origen. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, y, 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]". La fracción XXIII del artículo 61, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral en comento. Por su parte, el segundo artículo antes transcrito interpretado a contrario sensu dispone, que el amparo procede cuando los actos ejecutados dentro o fuera de juicio no afecten a personas extrañas a él, o exista en la ley aplicable algún recurso ordinario o medio de defensa a favor del afectado que pudiera tener efectos revocatorios o modificatorios Si bien el artículo 107, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios ha determinado que dicho precepto debe interpretarse en forma armónica con el diverso 107, fracción III, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que si éste no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el numeral reglamentario debe ser entendido como una opción adicional. Por su parte, doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación. La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella persona jurídica o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; en este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio, o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ********************6, Tomo VII. Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 196932, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En el caso a estudio, se advierte que mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado al veintisiete siguiente a este Juzgado federal, ********************, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Quinto Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ".ACTO RECLAMADO: Reclamo del Juez Quinto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, la mal fundada y motivada Sentencia Definitiva, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número ********************/2022, de fecha ******************** cinco de septiembre del año ******************** dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado, donde resolvió el Juicio Ejecutivo señalado en líneas anteriores." En efecto, la quejosa se ostenta como persona extraña al juicio de origen, aduciendo que no fue emplazado de manera legal al juicio promovido en su contra; sin embargo, del cumplimiento de prevención se advierte que sí tuvo conocimiento de la controversia. Pues manifiesta: ".si es mi firma la de los documentos el adeudo no porque ya pague y no tengo para pagar ahorita otra vez", leyenda que fue escrita de puño y letra de la actuarla, tal y como se desprende de la acta de emplazamiento, la cual no está firmada por la demandada ahora quejosa, ya que le manifesté a la actuarla que no era mi firma, y que no le debía al señor ********************l y como lo señale al contestar la demanda." La Ministro Ejecutor señala: Finalmente procedo a emplazar a la demandada corriéndote traslado y CERTIFICO, que le hago entrega de las copias de la demanda, así como copias de los pagarés y/o documentos base de la acción, copias del INE, CURP y cedula fiscal, debidamente cotejadas con sus originales y selladas copia al carbón de la presente actuación, así como la cedula de notificación que contiene el auto que ordena su ejecución: En tanto que en líneas más abajo la propia actuada de su puño y letra acento: Recibo las copias de traslado de la demanda v copias de los pagarés, copia de la INE, copia de la CURP, certificadas con sus originales v selladas, copia de acta y la cedula de notificación, pero no firmó por no querer hacerlo.." (Lo resaltado es nuestro) De los antecedentes relatados se observa que la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados en la presente instancia constitucional, puesto que compareció al controvertido de origen a contestar la demanda instaurada en su contra, enterándose así de la existencia del juicio, de la sentencia y del procedimiento de ejecución. Manifestación que constituye una confesión, que hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro digital 2004274, que a la letra dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número ********************8, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Cabe señalar que, en el escrito de demanda de amparo, la quejosa ********************, se ostenta como tercera extraña por equiparación, porque estima no fue correctamente llamada al juicio ejecutivo mercantil *************, del índice del Juzgado Quinto Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad. Sin embargo, como quedó precisado en párrafos que anteceden, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia, dado que la solicitante del amparo, a través de su escrito de demanda y cumplimiento de prevención manifestó que dio contestación a la demanda instaurada en su contra, dentro del juicio de que se trata, una vez realizado el requerimiento de pago y/o embargo de fecha nueve de febrero del año en curso. Por tanto, resulta innegable, si bien es cierto, el emplazamiento al juicio de origen fue señalado como acto reclamado por esta vía biinstancial, así como sus consecuencias incluida la sentencia definitiva de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, al aducir la quejosa que la diligencia fue ilegal, también lo es que la quejosa ********************, compareció a contestar la demanda instaurada en su contra por ********************y********************endosatarias en procuración de********************, dentro del juicio ejecutivo mercantil ****************, de lo que se sigue que se hizo conocedora del juicio natural, esto es, la ahora impetrante tuvo un conocimiento completo y exacto de su existencia. Así, lo anterior hizo que quedara integrado a la relación procesal a efecto de continuar con el trámite del juicio, y de no estar conforme con los autos emitidos con posterioridad, bien puede impugnarlos a través de los recursos procedentes o medios de defensa correspondientes, precisamente por haberse hecho sabedora de ese procedimiento desde antes de que se dictara, en su caso, la sentencia definitiva, pues el sólo acto de comparecer en él, implica una sumisión al órgano jurisdiccional que tramita el juicio ejecutivo mercantil. De ahí que al comparecer a dicho procedimiento perdió su carácter de tercera extraña por equiparación y ese conocimiento le permite estar integrado a la relación procesal para seguir el trámite y defender sus derechos o hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia, por lo que ahora no puede alegar el desconocimiento de los efectos de los actos reclamados, cuyas consecuencias ahora pretende reclamar en este juicio, alegando el ilegal emplazamiento al juicio mercantil, así como sus consecuencias incluida la sentencia definitiva de cinco de septiembre de la presente anualidad, de que se trata. Por lo tanto, al haberse integrado a la litis no puede considerársele tercera extraña por equiparación, para efectos del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 189916, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." De igual forma, resulta aplicable al caso la jurisprudencia número 2a./J. 47/2011 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1627, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro digital 2022293, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, sirve de apoyo por identidad de razón, la tesis número V.3o.C.T.20 L (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible en la página 18********************0, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital 2022329, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PIERDE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL DE ORIGEN EN EL QUE AÚN NO SE DICTA LAUDO [ALCANCE DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 67/2013 (10a.) Y 2a./J. 198/2008]. En la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que bastaba que antes de que se dictara sentencia el promovente del amparo tuviera conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, para que perdiera el carácter de extraño al juicio por equiparación, en cuyo caso estaría en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios y, así, ejercer su garantía de audiencia. En congruencia con ello, en la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, la Segunda Sala determinó que carecía del carácter de tercero extraño a juicio por equiparación quien se ostentara sabedor del procedimiento laboral seguido en su contra en cualquiera de sus etapas, hasta antes de la emisión del laudo, por estar en condiciones de imponerse de los autos y defender sus intereses. En ese orden de ideas, si durante la tramitación del juicio de amparo indirecto promovido contra la falta o el ilegal emplazamiento, el quejoso conoce de manera completa y exacta la existencia del procedimiento laboral de origen en el que aún no se dicta laudo, pierde su calidad de persona extraña a juicio por equiparación debiendo, en todo caso, impugnar las actuaciones relativas a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado sólo se justifica en la medida en que en el juicio de origen ya no existan medios ordinarios de defensa para remediar la afectación adjetiva resentida, y en el supuesto planteado, en tanto no se dicte laudo, es posible para el demandado combatir la legalidad del emplazamiento a través del referido incidente de nulidad; de ahí que en aras de respetar la naturaleza extraordinaria del procedimiento de amparo, éste deba declararse improcedente." Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Quinto Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, consistentes en: ".ACTO RECLAMADO: Reclamo del Juez Quinto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, la mal fundada y motivada Sentencia Definitiva, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 1475/2022, de fecha 5 cinco de septiembre del año 2023 dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado, donde resolvió el Juicio Ejecutivo señalado en líneas anteriores." Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten; con apoyo en los artículos 108, fracciones III, IV y V y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al citado promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: 1. Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1475/2022 de nueve de febrero de dos mil veintitrés, del índice del Juzgado Quinto Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad. Lo anterior es así, toda vez que de su demanda de amparo, en específico en el capítulo de "acto reclamado" se advierte que reclama la sentencia definitiva dictada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el juicio de origen, empero, de sus conceptos de violación únicamente se advierte que la promovente realiza argumentaciones a fin de controvertir la legalidad de la diligencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dado que aduce que el Actuario adscrito al juzgado Quinto Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, no la realizó de manera correcta, con lo que alega que se vulneran sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica establecidos en la Constitución Federal. 2. Hecho lo anterior en su caso, manifieste si tiene interés en señalar a diversa autoridad responsable. En efecto, resulta necesario requerir a la parte quejosa para que manifieste si tiene interés legal en señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al juzgado Quinto Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad, ello en caso de que sea su deseo señalar como acto reclamado el descrito en el punto 1, pues dicha autoridad pudo tener intervención en el citado acto reclamado, considerando sus atribuciones; en el entendido que, de hacerlo, deberá acompañar una copia de demanda y del escrito aclaratorio para correrle traslado. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 88/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 198, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital 2021189, que a la letra dice: "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial." Del mismo modo, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 30/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 250, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 200588, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." También es aplicable en lo conducente la jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 12/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 687, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital 2006096, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días- aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta.". 3. Narre de manera clara, precisa y cronológica cuáles son los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, derivado del controvertido de origen, toda vez que los que señala resultan ambiguos y genéricos. En la inteligencia que la narración de los antecedentes respectivos, deberá realizarlo bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a la quejosa que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por la quejosa bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionada. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Tiene aplicación a lo anterior por identidad de razón la tesis número P.VII/2001, consultable en la página 325, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.". En el entendido de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para el tercero interesado que menciona y una para el cuaderno incidental, mismos que se tramitará por separado, las cuales dan un total de cinco copias, sin que se soslaye que como se precisó en el punto 2, deberá acompañar una copia más del escrito aclaratorio y de su demanda de amparo en caso de que sea su deseo señalar a la diversa autoridad señalada en dicho punto. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle ..., en esta ciudad, autorizando para tal efecto a ..., quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número ..., que acredita a las referidas autorizadas como licenciadas en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente Así también desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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