Yadira del Socorro Tamayo Osorio
Expediente 1389/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yadira del Socorro Tamayo Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 1389/2023-VII-A, promovido electrónicamente por ********************, en contra de los actos que reclaman de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y Presidente de su adscripción, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, vía electrónica, y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el mismo día, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, Presidente y actuario adscrito. SEGUNDO. Desechamiento parcial de la demanda. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda respecto de los actos reclamados al actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y se admitió a trámite la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Presidente de su adscripción; así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y su Presidente, la omisión: a) De proveer el escrito de diez de octubre de dos mil veintidós presentado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el expediente citado; y b) De acordar los escritos presentados por la parte quejosa el ocho de febrero de dos mil veintidós y catorce de junio de dos mil veintitrés, en el citado expediente, en el que, entre otras cosas, solicita en este último se señale fecha y hora para el desahogo del incidente de liquidación de laudo en el expediente ********************; todo ello tendiente a la ejecución del laudo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el ocho de febrero de dos mil veintidós en el expediente laboral ********************; todo ello tendiente a la ejecución del laudo, tal como se advierte del informe que rindió la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí y en representación de dicha Junta, mediante oficio 1534/2023 [promoción 14995], en el que negó el acto antes señalado, y anexó copias certificadas de las constancias conducentes para acreditar su dicho relativas a los autos del expediente laboral ********************; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtúe tal negativa. Por tanto, procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, SOBRESEER en el presente juicio de amparo al no evidenciarse su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Primera Parte, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los diversos actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Presidente de su adscripción, consistentes en la omisión de proveer el escrito de diez de octubre de dos mil veintidós presentado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el catorce de junio de dos mil veintitrés, en el citado expediente; lo que se corrobora con la constancia que acompañó a su aludido informe. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." os actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negó su existencia, realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye. QUINTO. Causal de Improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis conceptos de violación. Atendiendo a la causa de pedir, resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la aquí quejosa suplidos en su deficiencia al tenor de lo establecido en el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, motivo por el cual deberá otorgársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En efecto, en el caso concreto, los actos reclamados transgreden en contra del quejoso su derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional; por lo que atendiendo a la causa de pedir, debe concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal, por las razones que a continuación se expresan. Previo al análisis del fondo del asunto, procede hacer ciertas acotaciones en cuanto al tema que nos ocupa. El artículo 17 constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta, completa e imparcial, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Por otra parte, debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguirse la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas en el texto constitucional. El señalado precepto constitucional dispone, en lo conducente, que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...". El derecho humano de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades jurisdiccionales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de este derecho fundamental de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga, en forma rápida de conformidad con los plazos procesales. En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. En relación con los actos que nos ocupan, de los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos. Por tanto, de una interpretación adecuada de esos preceptos jurídicos, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. En este orden, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado, se advierte: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado por las documentales remitidas por el Presidente de la Junta responsable, se tiene que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, y la aquí quejosa con fechas diez de octubre de dos mil veintidós y catorce de junio del año en curso, respectivamente, presentaron un escrito ante la Junta responsable. Sin que a la fecha se advierta que las responsables hayan dado contestación a esos escritos, ni señalado fecha y hora para el desahogo del incidente de liquidación de laudo dictado en el juicio laboral ********************, solicitado por la parte quejosa en su escrito de catorce de junio del presente año; y en consecuencia cumplido con dicho mandato constitucional. Por tanto, es claro, que las autoridades responsables violan en su perjuicio el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrada por el artículo 17 constitucional en análisis, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia, lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado. En efecto, en el caso, la parte quejosa se inconforma, debido a que las autoridades responsables han omitido acordar en cuanto a los escritos que se les presentó, en los términos fijados por la ley. Por tanto, es evidente que el actuar de la responsable, causa un perjuicio irreparable a las partes en el juicio laboral de referencia, con el subsecuente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de la justicia consagrada en el artículo 17 constitucional. Ante tales circunstancias, al demostrarse la transgresión del derecho a la pronta y expedita impartición de justicia (artículo 17 Constitucional) conforme al precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ********************, para el efecto de que las responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y su Presidente, dicten de inmediato el acuerdo relativo a los escritos presentados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, y la aquí quejosa, con fechas diez de octubre de dos mil veintidós y catorce de junio del año en curso, respectivamente; o, en su caso, manifiesten la imposibilidad que tengan para ello. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto señalado en el considerando tercero de este fallo, por los motivos ahí indicados. SEGUNDO.-La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y Presidente adscrito, con sede en esta ciudad; concesión que se otorga para los efectos precisados en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciséis de octubre del presente año, informa que no ha emitido acuerdo respecto de los escritos de diez de octubre de dos mil veintidós y catorce de junio de dos mil veintitrés presentados ante ella por la directa quejosa. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día diecinueve de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 462/2023, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, como solicita la representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Por otra parte, y toda vez que del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en fecha veintiuno de septiembre último, se advierte que dicha autoridad señala, en relación a los actos reclamados en el presente juicio, que dará contestación a la brevedad a los escritos presentados por la directa quejosa en fecha diez de octubre de dos mil veintidós y catorce de junio de dos mil veintitrés. Por tal motivo, y a fin de que este Juzgado Federal se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto de la resolución del presente asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este proveído, informe si a la presente fecha ha dado contestación a los escritos de diez de octubre de dos mil veintidós y catorce de junio de dos mil veintitrés presentados ante ella por la directa quejosa, debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes, y adjuntar el documento o los documentos que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá, una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional) equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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