Yadira de Jesús Álvarez Hernández
Expediente 475/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia En Materia Familiar, Con Residencia En Uruapan, Michoacán
- Yadira de Jesús Álvarez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió a Yadira de Jesús Álvarez Hernández, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Deje parcialmente insubsistente el auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio especial oral sobre guarda, custodia, convivencia y otros, número 421/2021. Dicte otro, con libertad de jurisdicción, en el que funde y motive su actuar y respetando la tutela judicial efectiva; única y exclusivamente respecto a las prestaciones y/o medidas cautelares solicitadas por la ahora quejosa consistente en: pensión alimenticia provisional y declaratoria de violación intrafamiliar, dejando intocado en todo lo demás." Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La autoridad responsable realizó lo siguiente: En proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dejó parcialmente insubsistente el auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio especial oral sobre guarda, custodia, convivencia y otros, número 421/2021. Dictó otro auto, con libertad de jurisdicción, en el que fundó y motivó su actuar y respetó la tutela judicial efectiva, única y exclusivamente respecto a las prestaciones y/o medidas cautelares solicitadas por la ahora quejosa consistente en pensión alimenticia provisional y declaratoria de violación intrafamiliar, dejando intocado en todo lo demás. Ello es así, ya que en primer término resolvió respecto a la prestación solicitada, consistente en la pensión alimenticia provisional, en el siguiente tenor: "Este Juzgado señaló en el proveído de fecha 6 seis de Agosto del 2021 dos mil veintiuno; "... no ha lugar a admitirla porque consta de las copias certificadas del expediente 137/2021 que se tramita en este Juzgado, y que exhibió, que sus menores hijos viven actualmente con su progenitor Lo anterior, tiene su fundamento en el artículo 457, del Código Familiar del Estado, que textualmente dice: "Tienen acción para pedir la fijación y el aseguramiento de los alimentos. En sus fracciones: El acreedor alimentista; El que ejerza la patria potestad siempre y cuando tenga la guarda y custodia del menor de edad. De ahí, que al analizar las copias certificadas que fueron allegadas por la quejosa del expediente número 137/2021 y que se tramita en este Juzgado, relativo a la medida cautelar de separación de persona, se advierte que la guarda y custodia de los menores hijos de los contendientes, la tiene en la actualidad su progenitor, el señor Marco Vinicio Carrillo Terán, esto porque mediante proveído de fecha 1° primero de Julio del 2021 dos mil veintiuno, este Juzgado le fue concedida la misma; por lo que este Juzgado no estima que se hayan vulnerado las garantías constitucionales de Yadira de Jesús Álvarez Hernández, al no decretar la pensión solicitada por ésta, virtud a que como se dijo en líneas precedentes, en términos del precepto legal 457 fracciones I y II, del Código Familiar del Estado, el derecho a los alimentos debe exigirlo la persona que tiene bajo su guarda y custodia a los acreedores alimentistas, en este caso el progenitor de dichos menores." Luego, resolvió sobre la medida cautelar solicitada, consistente en la declaratoria de violación intrafamiliar, en los siguientes términos: "Ahora bien, respecto a la prestación que refiere la quejosa, como, declaratoria de violencia familiar cometida por el señor Marco Vinicio Carrillo Terán en su perjuicio, este Juzgado en el auto de fecha 6 seis de Agosto del 2021 dos mil veintiuno, se pronunció en los siguientes términos: "no es materia de este juicio se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y términos que estime pertinentes". No obstante que la señora Yadira de Jesús Álvarez Hernández haya exhibido diversas placas fotográficas en las que aparece con diversas lesiones en su cara y cuello, señalando que fue Marco Vinicio Carrillo Terán quien se las causó, se insiste, este Tribunal no es competente para determinar la declaratoria de violencia familiar que atribuye al citado. En acatamiento a la sentencia pronunciada dentro del juicio de garantías que nos ocupa, y toda vez que se indica por la autoridad federal, que este Juzgado en dicho acuerdo debió indicar lo procedente a Yadira e Jesús Álvarez Hernández, no únicamente dejarle a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y términos que estimara pertinentes. Se comunica a la quejosa, qué de estimarlo pertinente deberá acudir a las instalaciones de la Fiscalía Regional de esta ciudad, a efecto de qué formule la correspondiente querella por el delito de Violencia Familiar, en su perjuicio y en contra de quien considere responsable, haciéndole del conocimiento que de no contar con Licenciado en Derecho que la asesore en dicha dependencia pueden asignarle un defensor público. Por último, refiere Yadira de Jesús Álvarez Hernández, como una prestación, la alienación parental en contra de sus hijos por parte de su padre y su abuelo paterno Guillermo Camilo Quezada, sin embargo, por sí sola la alienación parental, no es una prestación sino una conducta, como así lo describe el Código Familiar del Estado, en su artículo 318, que textualmente dice: "También comete violencia familiar el elemento de la familia que transforma la conciencia de un menor de edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores o abuelos. La conducta descrita en el párrafo anterior se denomina alienación parental cuando es realizada por uno de los padres. La alienación parental surtirá los efectos siguientes: Antes de la sentencia que resuelva la situación Jurídica del menor respecto de los padres, el Juez deberá valorar tal circunstancia; Una vez sentenciado, el Juez podrá restringir o impedir el contacto del alienante o modificar los regímenes de convivencia o visita, además de imponer al alienante la obligación de someterse a tratamiento especializado; y La alienación comprobada podrá tener como efecto la suspensión, Inhabilitación o pérdida temporal o definitiva de la guardia y custodia Mientras que el artículo 319 del citado ordenamiento legal dispone: "Se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo 317, llevada a cabo contra la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, Instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa". Y el numeral 320, dispone: "Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que este y otros ordenamientos legales establezcan". De ahí, qué a fin de no vulnerar las garantías constitucionales de la quejosa, este Juzgado, ordena realizar estudios psicológicos al núcleo familiar, se ordena enviar oficio al DIF Municipal por conducto de la Actuaria de este Juzgado para que se proponga Licenciado en Psicología que realice ese estudio mencionado." Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de la quejosa, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. Manifestaciones. No obsta para llegar a la determinación anterior, el hecho de que la quejosa haya manifestado que la autoridad no cumple con los efectos de fallo protector, ya que la fundamentación y motivación de la nueva determinación resulta indebida, pues erróneamente consideró que la quejosa no tiene derecho de acción para pedir la fijación de alimentos en favor de sus hijos, empero, ésta solicitó alimentos provisionales y en su momento definitivos, como una acción accesoria a la custodia provisional; además, la declaratoria de violencia familiar solicitada, fue como acción específicamente en la vía especial oral familiar, y no en materia penal, vía querella, como erróneamente lo aduce la responsable; asimismo, el valor probatorio que otorga a las copias certificadas, no son suficientes para motivar de forma adecuada el hecho de que los menores se encuentren con su progenitor. Sin embargo, dichos aspectos de inconformidad que vierte la parte quejosa, son cuestiones de fondo respecto de los cuales no se ocupó la sentencia concesoria de amparo, pues de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de referencia, se advierte que el juez responsable se ajustó a los lineamientos trazados en el fallo protector. Ello es así, ya que con libertad de jurisdicción, fundó y motivó su actuar, por ende, resolvió respecto a las prestaciones y medidas cautelares solicitadas por la quejosa, consistente en pensión alimenticia provisional y declaratoria de violación intrafamiliar. En ese sentido, los alcances de la ejecutoria de amparo impiden que el Juez de Distrito en la resolución que tenga por cumplida, pueda examinar los motivos o fundamentos que la sustenten, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad; por lo que al haberlo hecho así la responsable, el cumplimiento de la sentencia protectora se trata de un acto diverso, susceptible, en todo caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de amparo, al no ser jurídicamente posible analizar en el presente, si los fundamentos y motivos que dieron las responsables son los correctos. Por otra parte, toda vez que se dio vista al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del referido acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En veintiocho de enero de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito registrado bajo el folio 993, dentro del juicio de amparo indirecto número 475/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el escrito suscrito por la quejosa Yadira de Jesús Álvarez Hernández, mediante el cual, en atención a la vista de veinticuatro de enero pasado, realiza diversas manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al momento de calificar el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 770, dentro del juicio de amparo indirecto número 475/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado, con desahogo de la vista o sin ella, se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En diecinueve de enero de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia de amparo dictada en el presente asunto transcurrió para la parte quejosa y tercero interesado del diecinueve de octubre al tres de noviembre de dos mil veintiuno, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas por lista el quince de octubre del año en curso, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con ello se da cuenta al Juez y con un escrito, registrado bajo el folio 617, dentro del juicio de amparo indirecto número 475/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que concedió el amparo y protección a la parte quejosa; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Se requiere cumplimiento a ejecutoria. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se les remitió copia oportunamente. No obstante, se le reitera que los efectos de la sentencia amparadora, son: "Con fundamento en el artículo 77, fracción I9, lo procedente es conceder a Yadira de Jesús Álvarez Hernández, el amparo y protección de la justicia de la unión, a efecto que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje parcialmente insubsistente el auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio especial oral sobre guarda, custodia, convivencia y otros, número 421/2021. Dicte otro, con libertad de jurisdicción, en el que funde y motive su actuar y respetando la tutela judicial efectiva; única y exclusivamente respecto a las prestaciones y/o medidas cautelares solicitadas por la ahora quejosa consistente en: pensión alimenticia provisional y declaratoria de violación intrafamiliar, dejando intocado en todo lo demás." 3. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa a cada una de cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. 4. Se acuerda escrito. Téngase por recibido el escrito signado por Crispín Morelos Galván, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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