Yadira Claribeth Zaleta Hernandez

Expediente 1216/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1216/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/08/2018

Partes del expediente

  • Yadira Claribeth Zaleta Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente, hubiese recurrido el auto de treinta de julio de dos mil dieciocho, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal en el Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de treinta de julio de dos mil dieciocho, designa como Asesora Jurídica Federal de la parte quejosa, a ***, quien puede ser localizada en el domicilio ubicado en *** En tal sentido, requiérase a la citada asesora jurídica para que dentro del improrrogable término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada de este auto, comparezca ante este Juzgado de Distrito debidamente identificada a efecto de que acepte y proteste el cargo conferido, lo anterior, de conformidad con el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En la inteligencia que de no hacerlo en el término concedido, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la asesora jurídica de la quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito original de demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Directora General del Centro Federal Número 16 "CPS Morelos" y otras autoridades, de quienes reclaman la falta de atención médica especializada. Registro de la demanda. En consecuencia de lo anterior, se ordena formar el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo con el número 1216/2018-V así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. En atención a su contenido, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del Juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Ahora, debe decirse que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales, pues se estima que el acto reclamado consistente en falta de atención médica especializada, señalado por las quejosas no es susceptible de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El precepto legal invocado, en su fracción XX prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Por su parte, la fracción XXIII de dicha disposición normativa, dispone que en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley. Ahora bien, los artículos 18 y 21 constitucionales establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que ésta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.18/2012, estableció que la entrada en vigor de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal. Asimismo, en la jurisprudencia P./J.31/2013, ese Alto Tribunal, consideró que no es posible lograr la reinserción social que prevé el artículo 18 de la Constitución, sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte. Conforme a esos criterios, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a.XI/2018, determinó que la atención a la salud es una parte medular de la reinserción social. En ese sentido, resulta pertinente destacar que como resultado de las reformas constitucionales, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Ahora, en su artículo Primero Transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley. Se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor- , pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido no debe perderse de vista que el Artículo Transitorio Tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal que sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, este Juzgador estima que dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino, única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional, por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal, de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la Ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley, establece en sus artículos 1 y 2, que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por: Prisión preventiva, En la ejecución de penas y En las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de dichos principios. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley, se estableció, en lo que aquí importa, que el Poder Judicial de la Federación y Órganos Jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la referida Ley establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. En ese tenor, como puede advertirse, la parte inconforme no agotó el principio de definitividad antes de acudir a la vía constitucional, pues una vez analizada la demanda de amparo, atendiendo la causa de pedir, se colige que las peticiones de atención médica son susceptibles de resolverse ante el Juez de Ejecución Penal, como se explicará a continuación. Como se aprecia de la demanda de amparo, la quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, ubicado en Coatlán del Río, Morelos; por tanto, en primer término, deben elevar sus peticiones al Comité Técnico, quien es el órgano competente para satisfacer las necesidades de la reclusa, atendiendo los propios lineamientos de la institución. En caso de resolverse desfavorablemente o de ser omisa la autoridad penitenciaria (como en el caso se reclama), debe acudirse ante el Juez de Ejecución, quien deberá resolver en un plazo no mayor a setenta y dos horas sobre dicha cuestión. Al respecto, la referida Ley de Ejecución Penal establece los mecanismos para hacer tales peticiones, a saber: "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva (.)". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación (.)". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito (.)". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente (.)". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria". "Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales (.)". Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente: Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación. Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución. Si la petición no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva. Los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Para la ejecución de esta acción constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa. Como puede advertirse la quejosa reclama la falta de atención médica especializada, sin embargo, conforme a lo antes citado, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el Juez de Ejecución, pues aunque se trate de una disposición tendiente a revisar las condiciones de internamiento de la parte quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.7o.P.3 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA CORRECCIÓN O SANCIÓN DISCIPLINARIA A UN SENTENCIADO. AL SER UN ACTO VINCULADO CON LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS, SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. Si bien es cierto que la competencia para conocer de un juicio de amparo indirecto se surte en favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal cuando se reclame cualquier acto vinculado con la ejecución de las penas (como la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, el aseguramiento del cumplimiento de las penas y el control de las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria), también lo es que se surte tratándose de la imposición de una corrección o sanción disciplinaria a un sentenciado, pues aunque se trate de una disposición tendente a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer en los recintos carcelarios, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas, máxime cuando dichas sanciones disciplinarias se fundamentan en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal." Por tanto, para que se surtan las citadas causales de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1. Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, los referidos actos reclamados se imputan a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos" y otras autoridades de ese centro penitenciario. Por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. 2. Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. En el caso, los artículos transcritos establecen un medio de control sobre las decisiones que tome el personal que labora en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos" o, inclusive, sobre las determinaciones u omisiones del Comité Técnico de dicho centro, al poder ser revisados en controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente. 3. Que se trate de personas privadas de su libertad, ya sea por una medida de prisión preventiva o por una condena de prisión. Lo que en el caso resulta aplicable, toda vez que se trata de una persona que se encuentra interna en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos". En ese orden de ideas, si se toma en consideración que para que el justiciable se encuentre obligado a agotar el principio de definitividad, sólo se requiere la existencia de una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, que con su interposición se suspendan sus efectos, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, para su concesión y teniendo los mismos alcances que ésta, por lo que se tiene que en el caso en estudio se actualiza ese supuesto ya que la parte quejosa debió acudir previamente ante Juez de Ejecución Penal, puede subsanarse, como ya se dijo, el acto que se impugna por esta vía, por lo que operan las causales de improcedencia invocadas. Por tanto, en el caso en estudio la parte quejosa se encuentra obligada a agotar los medios de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de amparo, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, máxime tratándose de un acto formal y materialmente administrativo, que no se sitúa en los casos de excepción al principio de definitividad. En relación a ello, el transcrito precepto 116 de la invocada legislación, establece que la controversia ante juez de ejecución es procedente, entre otros casos, respecto al plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; por tanto, aún en el supuesto de que la omisión que refiere la parte quejosa tuviera afectación de derechos primarios, es procedente la controversia ante el referido funcionario judicial, pues la celeridad de su tramitación (setenta y dos horas) resulta más benéfica para la parte quejosa, además de que se trata de condiciones sobre su internamiento que competen a dicho juzgado. Atendiendo a lo anterior, es indudable que, aún de admitir la demanda y solicitar informes a las autoridades señaladas como responsables, se llegaría a la misma determinación de improcedencia del juicio de garantías, al no agotarse el medio de defensa ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal. En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con lo anterior no se deja de aplicar el principio pro homine ni se dejan de observar disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución Política, ya que su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de procedencia de las acciones, que el estado implementa para una mejor eficacia de sus medios de impugnación o defensa. Determinación que tampoco es violatoria del derecho humano a la administración de justicia, pues el derecho de acceso a la justicia está limitado a los plazos y condiciones contenidas en la ley, las cuales pueden versar sobre los presupuestos procesales necesarios para el estudio de fondo de algún asunto; por lo tanto, si la propia ley de amparo contiene causales de improcedencia, que tienen su razón de ser en el artículo 17 constitucional, al evitar la saturación de los tribunales con asuntos estériles, en perjuicio de todos los usuarios del sistema, ergo, no es violatorio de derechos fundamentales la vigilancia de su correcta aplicación, como acontece en el caso. Apoya la conclusiva alcanzada, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en el amparo en revisión 896/2017, resuelto en la sesión celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Del Asesor Jurídico. Ahora bien, por cuanto a su petición relativa a que se le designe un asesor jurídico para que intervenga en el presente juicio de amparo, este juzgado federal le nombra un representante especial para que intervenga en la presente instancia constitucional, y por su conducto, le sea explicado de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. Por tanto, gírese oficio al Delegado Estatal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a efecto de que designe un asesor jurídico o defensor público en calidad de representante especial de la quejosa ****, mismo que deberá comparecer a este Juzgado Federal a aceptar y protestar el cargo dentro del plazo improrrogable de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. De las copias. En otro aspecto, de conformidad con lo estatuido en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a la parte quejosa copia del presente proveído, previa constancia de entrega que plasme en la notificación respectiva. Domicilio procesal. Con base en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo en cita, se tiene por señalado como domicilio para recibir y oír notificaciones personales, el lugar donde se encuentra recluida la parte quejosa, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Rio, Morelos. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado y la naturaleza del acto (materia penal), en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Marco Antonio Elizalde Guerrero, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, mediante segunda sesión ordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, ante el Secretario Nicolás Contreras Velázquez, quien autoriza. Doy fe.

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