Yadira Aquino Zamora

Expediente 210/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
210/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Yadira Aquino Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; uno de junio de dos mil veintiuno. el quejoso ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, recurrieron la sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 19 del referido Acuerdo General; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno del numeral 15 del citado Acuerdo. se informa a las partes, que el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante tres años, después de ese lapso, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número -----; promovido por -------; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, turnado en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, --------, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "A) Señalo como Autoridad Responsable Ejecutora, Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.". ACTO RECLAMADO: "Reclamo de la autoridad responsable que señalo como ordenadora violaciones al derecho de petición y que se imparta justicia, pronta y expedita, la omisión consiste en no darme una respuesta a mis escritos presentados ante ese órgano jurisdiccional, el once de noviembre de dos mil diecinueve, ocho de marzo de dos mil veintiuno y dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, así como no otorgarme copia certificada de los acuerdos recaídos a mis escritos, toda vez que no tengo conocimiento que acuerdo recalleron a mis escritos y no me ha sido notificado ningún proveído respecto de mis peticiones." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa señaló como tales los reconocidos en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional radicó y admitió a trámite la demanda con el número de expediente -----; igualmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó sin la comparecencia de las partes, tal como se asentó en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto atribuido a una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en términos de la jurisprudencia número 40/2000, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", y del criterio sustentado en la tesis número P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", ambos emitidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía es: La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el once de noviembre de dos mil diecinueve, ocho y dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. La omisión de otorgarle copia certificada de los acuerdos recaídos a los citados escritos. La omisión de notificar el acuerdo que recayó a sus escritos presentados el once de noviembre de dos mil diecinueve, ocho y dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. TERCERO. Actos inexistentes. El Juez S------, negó la existencia de los actos que se le atribuyen, consistente en dar respuesta a los escritos presentados el once de noviembre de dos mil diecinueve, la notificación del acuerdo que recayó al mismo y entrega de copia de ese proveído, así como los diversos de ocho y dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, sin que de autos se advierta una circunstancia contraria, en tanto que de las constancias que anexó a su informe con justificación se advierte que los escritos presentados por la quejosa en fechas once de noviembre de dos mil diecinueve, ocho y dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, fueron acordados, en su orden, el trece de noviembre, nueve y veintidós de marzo del año en curso; mientras que el primero fue notificado a la quejosa el catorce de noviembre siguiente en el lugar de su reclusión y sin que se haya entregado copia del mismo a la quejosa, en virtud de que no fue solicitada; por tanto, los actos que se le reclaman deben tenerse por inexistentes. Lo anterior es así, pues en el juicio de amparo indirecto, ante la negativa de existencia de los actos reclamados manifestados por la autoridad responsable, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar, en primer término, la existencia del acto reclamado, y en segundo término, la violación de derechos humanos que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia del acto, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la inconstitucionalidad del acto impugnado. Norma el criterio la jurisprudencia VI.2o.J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Visible en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, registro digital 210769, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Así como apoya a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 627 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, con número de registro digital 227634, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos que por esta vía se combate a la citada autoridad responsable, consistente en dar respuesta a los escritos presentados el once de noviembre de dos mil diecinueve, así como la notificación del acuerdo que recayera al mismo y la entrega de copia de ese proveído, y los diversos de ocho y dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto. En relación al acto reclamado consistente en la omisión de otorgarle copia certificada de los acuerdos recaídos a los escritos de ocho y dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, así como notificar el acuerdo que recayó a los mismos, pese a que la responsable en su informe lo negó; empero, del mismo se advierte que, por auto de cinco de abril del año en curso, ordenó notificar los autos de nueve y veintidós de marzo del presente año -en los que se acordaron los escritos de ocho y dieciocho de marzo último- y entregar copia de los mismos a la quejosa, lo que aconteció el seis siguiente, tal y como se advierte de las constancias que adjunta a su informe de ley; de lo que resulta lo que enseguida se propone. QUINTO. Improcedencia. El artículo 62 de la ley reglamentaria de los ordinales 103 y 107 constitucionales1 impone el deber de analizar de oficio la improcedencia del juicio de amparo, por lo que atento a esa directriz, este órgano de control constitucional advierte, de oficio, la actualización de la causal relativa, que impide el escrutinio de fondo del asunto, como enseguida se explica. Al respecto, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. En efecto, la quejosa adujo en su demanda que la autoridad había sido omisa en otorgarle copia certificada de los acuerdos recaídos a los escritos de ocho y dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, esto es, copia de los autos de nueve y veintidós de marzo, respectivamente, así como de notificar los acuerdos que recayeron a los mismos; sin embargo, de las constancias adjuntadas por la responsable en su informe justificado se advierte que fueron notificados el seis de abril del año en curso, según se advierte de la constancia practicada por el actuario adscrito al juzgado responsable y de la que además se advierte entregó a la quejosa copia de los autos de nueve y veintidós de marzo de dos mil veintiuno, como lo solicitó. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues como se dijo la autoridad responsable, ordenó la notificación de los autos de nueve y veintidós de marzo del año en curso y la entrega a la quejosa de copia de esos proveídos; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior, en razón de que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, ordenara la notificación y entrega de copia de los autos de nueve y veintidós de marzo de dos mil veintiuno -en los que se acordaron los escritos a que alude la quejosa presentó, respectivamente, el ocho y dieciocho de marzo de ese mismo año-, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que los actos de autoridad reclamados ya no agravian a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, Registro digital: 193758, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Por consiguiente, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Y------ determinación.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no ha trascurrido el plazo de ocho días que prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio 1135, por medio del cual el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, hace del conocimiento el contenido del auto de siete de abril de la presente anualidad, dictado en la causa penal ***; de lo que este órgano de control constitucional toma conocimiento. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del acuerdo general 21/2020, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. Notifíquese.

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