Yadeily Audia Gonzalez

Expediente 287/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
287/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Yadeily Audia Gonzalez
  • Encargado de la Estancia Provisional Juárez
  • Yadeily Audia Gonzalez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que dicho auto por el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, ha quedado FIRME para todos los efectos legales.

  2. Principal

    ante la falta del desahogo del requerimiento formulado, se tiene por no presentada dicha demanda, y por ende, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    requiérase a la parte promovente del amparo manifieste la situación jurídica en la que actualmente se encuentran los quejosos en caso de que no pueda presentarlos, manifieste la parte promovente del amparo si desiste o no del juicio que promovió a favor de las personas buscadas.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por licenciado Jorge Vázquez Campbell a favor de los directos quejosos Lieser Estrada Fernández y Yadeily Audia González, contra actos de la autoridad responsable Encargado de la Estancia Provisional Juárez, y de otra autoridad, ambas con sede en esta ciudad; de quienes reclama la privación de la libertad, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido en contra de su voluntad; incomunicación, malos tratos, restricción del libre tránsito, negativa de reconocer su representante legal, retención y la negativa de derecho de petición para registrarse como refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la inminente deportación a su país de origen. Regístrese la demanda en el libro de juicios que se tramitan en este Juzgado Federal, con el número consecutivo 287/2022-II y fórmese expediente. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto de los actos que aduce la parte promovente, consistentes en la privación de la libertad por incomunicación, retención y aseguramiento con fines de deportación a su país de origen en Cuba. Por tanto, respecto de la orden de aseguramiento y retención con fines de deportación y la privación de la libertad que se reclaman de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para lo siguiente: a) Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de deportación y/o expulsión al país de los aquí directamente agraviados, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo o deje de tener efecto esta suspensión. b) Con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional", la suspensión también se concede para el efecto de que, en caso de no haberse instaurado el procedimiento administrativo, se tome en cuenta como criterio orientador que el término máximo de la privación personal, como sanción administrativa, es el de treinta y seis horas, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. c) Si la orden de deportación se emitió con motivo del ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración; de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que los directamente agraviados queden a disposición de este órgano de control constitucional respecto a su libertad personal en el lugar donde se encuentre y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta siguiente; "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACION" De igual manera, con sustento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado consiste únicamente en la privación de la libertad fuera de procedimiento, se precisa que si la detención de los directamente agraviados tienen relación con la comisión de un delito, debe cesar sin demora la detención, poniendo a los quejosos en libertad o a disposición del Ministerio Público; asimismo, si la detención no tiene relación con la comisión de un delito o con un procedimiento migratorio y/o con lo señalado en el párrafo anterior (deportación), los quejosos deberán ser puestos en libertad. Asimismo, las autoridades responsables deberán abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, mantener en incomunicación a los aquí quejosos, por lo que de inmediato debe cesar dicha incomunicación. De igual forma, se establece que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano actos a fin de que goce del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Por otra parte, en relación a la incomunicación y malos tratos de que se dicen son objeto los directamente quejosos, igualmente, se decreta la suspensión de plano, para que cesen de inmediato. En virtud de que el promovente del amparo señala que los directamente quejosos se encuentran privados de su libertad en las oficinas de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya de inmediato en tal lugar, en términos del segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, una vez que localice a los directamente quejosos, dé fe del estado físico que presenten a simple vista, los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la misma manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndolos, de que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá por no presentada la demanda, y se dejarán sin efecto las medidas provisionales que se hubieren dictado, asimismo los requiera para saber si designan como su autorizado en este juicio al profesionista que refiere en la demanda. Atento a lo anterior, se requiere a las autoridades encargadas de la custodia de los directamente agraviados, faciliten los medios necesarios para que el servidor público de referencia pueda dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Esto es, para que le permitan el acceso a la totalidad de las instalaciones donde puedan estar recluidos los ahora quejosos, para lograr su localización y entrevista. De igual manera, indíquese a las autoridades señaladas como responsables, que tienen la ineludible obligación de dirigirse, en una forma conveniente, a los funcionarios encargados de ejecutar su acto, a efecto de cumplimentar la suspensión decretada. Se faculta al Actuario de referencia para que, en caso de no localizar a la parte agraviada en las instalaciones que ocupa el Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, y sea informado que ésta se encuentra en sitio diverso, se traslade al mismo, para efecto de dar cumplimiento a la diligencia encomendada, levantando la constancia respectiva. Ello es así, toda vez que los actos reclamados se encuentran prohibidos constitucionalmente y, ante ello, es una consecuencia ineludible y forzosa por cualquier autoridad, aun cuando no se les haya señalado expresamente, cuenta habida que esa circunstancia no es obstáculo para que la suspensión de plano deba cumplimentarse desde el momento en que se ordena el cumplimiento de la medida precautoria, contra todas aquellas autoridades que ejecuten tales actos. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento a la suspensión de plano; para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que el desacato o violación a esta medida, entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que expresa lo siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;.." Una vez que se tenga noticia del resultado de la diligencia encomendada, provéase lo conducente en relación con la admisión, o lo que sea procedente, de la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el referido en la demanda de amparo, así como el correo electrónico, para tales efectos; y acorde a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, como su autorizado en términos amplios del citado numeral al licenciado Alfonso Miramontes Cano, por así haberlo solicitado la parte promovente. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19) En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como por los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de aquélla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se informa a las partes, que la sentencia, ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general, conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el reglamento mencionado. Igualmente se les hace de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar su voluntad para que su nombre y datos personales se omitan en la publicación. En otro orden de ideas, en atención a la aplicación de la Ley de Amparo vigente en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en su numeral 3°, párrafo octavo, cuyo contenido literal expresa: "Artículo 3°.- Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.-." Instrúyase al Oficial Administrativo de la mesa encargado de este asunto, para que efectúe la digitalización de las actuaciones correspondientes a este expediente y, a la Secretaria de Acuerdos responsable de la tramitación, a fin de que de fe de la creación del expediente electrónico como del impreso, certificándose de que en ellos sean incorporadas las constancias a que alude el numeral invocado, para que coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de las partes de este juicio, que l uso de la firma electrónica y el acceso al expediente electrónico, se encuentra regulado en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, y en vigor para este tipo de procedimientos a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese en términos de ley a las partes; y, por oficio a las autoridades responsables.

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