Yabin Castillo Jiménez

Expediente 617/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
617/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Yabin Castillo Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se tiene por recibido el oficio 4026/2023, enviado por el Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede, Victoria, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de seis de marzo del año en curso, remite los expedientes relativos al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 617/2023, de su índice, y que correspondió conocer a este juzgado dado la separación de juicios; en tal virtud, acúsese el recibo correspondiente e identifíquense los expedientes relativos al incidente de suspensión con las carátulas correspondientes. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. [...] Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia Ciudad Victoria, y otras autoridades; contra los actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17, 19, 20, 123 fracción XIII Constitucionales. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; el que mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, la admitió a trámite; pidió su informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado; y, posteriormente, en audiencia constitucional de cinco de octubre de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo por razón de territorio. Mediante auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, aceptó a la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo como juicio de amparo 617/2023-II; dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de Distrito. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y XII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos materia de estudio. Esto es así, porque previo a verificar la existencia o inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo, debe quedar precisado cuáles son. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, que no se contraponen a las disposiciones de la Ley de la materia, a saber: Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P.J.40/2000 y la tesis aislada P.VI/2004, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XI, página 32 y XIX, página 255, registros 192097 y 181810, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Con base a lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de derechos fundamentales, se aprecia que la parte quejosa reclama: La suspensión y/o baja de las funciones de Policía "A", retención de sus haberes, el oficio de comisión y represalias por promover el presente el presente juicio. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades responsables 1. Secretario de Seguridad Pública del Estado, 2. Subsecretario de Operación Policial de la Secretaria de Seguridad Policial, 3. Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Personal de la Coordinación General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, 4. Encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 5. Consejo de Desarrollo Policial, 6. Directora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado; todas con residencia en Ciudad Victoria, quienes al rendir de su informe justificado de manera conjunta, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea que desvirtúe dicha negativa. Consecuentemente, respecto a tales autoridades debe SOBRESEERSE el presente juicio de derechos fundamentales con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 917818, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, Tomo VI, 236 del Apéndice 2000 de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Coordinador General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en Ciudad Victoria, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclamada (foja 35 a 35); sin embargo, dicha negativa se desvirtúa tomando en consideración que del contenido del informe se desprende que realiza manifestaciones que permiten concluir que efectivamente existe el acto a ella reclamado, aunado a que el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós (fojas 54 a 242), hizo llegar diversas constancias en alcance al informe que rindió en el presente juicio; en esa virtud, debe tenerse como cierto dicho acto. Lo que además, se robustece con las copias que exhibió en el presente juicio la citada autoridad responsable, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo considerado, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, consultable en la página 391, del Tomo XIV, relativo a Julio de 1994, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." De igual forma, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. En el caso a estudio, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio". Lo anterior es así, pues mediante diligencia de veintitrés de marzo del presente año, el quejoso Yabín Castillo Jiménez, manifestó su deseo de desistir de la acción constitucional que dio origen al presente juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa tiene el derecho para desistirse de la acción constitucional en cualquier momento, hasta en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoria, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En esas condiciones, se reitera, en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de la materia, que conlleva a sobreseer en el juicio de amparo.Por lo expuesto, y con fundamento en los numerales 61, 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 617/2023-II, promovido por Yabín Castillo Jiménez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, con la secretaria de juzgado Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio sin número, enviado por el Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento realizado el quince de marzo del año en curso, remite copia certificada de la audiencia incidental del recurso de revisión, desahogada dentro del juicio laboral ******************** En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita copia certificada de la resolución incidental del recurso de revisión, dictada dentro del juicio laboral ********************; lo anterior, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. El apercibimiento de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretado en este proveído tiene su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.WAFASECCIÓN: AMPARO Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. "2023, Año de Francisco Villa, del Revolucionario del Pueblo" JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN REYNOSA. 1113/2023-II Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje. ======== Reynosa, Tamaulipas. En los autos del juicio de amparo 749/2021-II, promovido por Javier Juárez Becerra y Claudia Suárez Zárate, con esta fecha se dictó el acuerdo que a continuación se transcribe: "Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio sin número, enviado por el Presidente de la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento realizado el quince de marzo del año en curso, remite copia certificada de la audiencia incidental del recurso de revisión, desahogada dentro del juicio laboral ******************** En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita copia certificada de la resolución incidental del recurso de revisión, dictada dentro del juicio laboral ********************; lo anterior, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. El apercibimiento de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretado en este proveído tiene su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe." A t e n t a m e n t e : Secretaria Ana Marina Lineth Fuentes Hernández.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Ampro, se declara que dicho acuerdo que DESECHÓ de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso d), de dicho Acuerdo, al haberse desechado; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. ARCHIVO DEFINITIVO, LIBRO DE GOBIERNO Y SISE En consecuencia, ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Secretaria que autoriza y da fe.

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