Xochitl Mendoza Jiménez

Expediente 1964/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1964/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
04/12/2015

Partes del expediente

  • Xochitl Mendoza Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de diciembre de dos mil quince. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1964/2015-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del trece de noviembre de dos mil quince, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó las autoridad responsable Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de agosto de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a MArybelem Martínez Rodríguez, precisando los efectos siguientes: "En ese orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Marybelem Martínez Rodríguez, para los efectos siguientes: a) No se le apliquen los artículos 94 bis-8 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que ampara el recibo de pago electrónico C2-1589, de veinte de mayo de dos mil catorce, emitido por la Tesorería del municipio de Temixco, en que se le aplicaron aquellos preceptos relativos al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles e Impuesto Adicional. c) No se le apliquen los artículos 59 a 64 y 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. d) Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades correspondientes que amparan los recibos 1536625 y 1536626 expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, en que se le aplicaron los preceptos correspondientes al pago de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad; así como el impuesto adicional." Por auto dictado el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de los Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, por oficio acordado el veintisiete de enero de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0041016, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por la cantidad que hace un total de $2,789.05 (dos mil setecientos ochenta y nueve pesos 05/100 moneda nacional) por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios de Registrales y Catastrales del Estado; esto en virtud, de que la autoridad responsable le restó un día de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, únicamente por cuanto Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancias de las que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente, de la autoridad responsable, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el título de crédito por dicho concepto, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa y se dio vista a la parte quejosa con lo manifestado por la autoridad responsable en mención, requiriéndosele además en dicho proveído para que "acuda ante la autoridad responsable a recoger el cheque indicado y en caso de negativa de la autoridad responsable de entregar el referido cheque, exprese por escrito a este juzgado, las circunstancias de modo, lugar y tiempo, en las que acudió a las oficinas de la Tesorería de General del Estado, así como el nombre y cargo de la persona que lo haya atendido y negado la entrega"; sin que haya realizado manifestaciones sobre ese particular. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, materia administrativa, Página 1455 con número de registro 178468. Por otra parte, se requiere al Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, señale fecha exacta (día y hora) para que comparezca el quejoso ante ese autoridad para la entrega del título de crédito 0001036 por la cantidad de $15,365.00 (quince mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de devolución del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Blanca Fuentes Sánchez quien autoriza y da fe

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, mediante oficio recibido el cuatro de septiembre de dos mil quince, suscrito por la entonces Tesorera Municipal del Emiliano Zapata, Morelos, exhibió como cumplimiento parcial el ORIGINAL del cheque 0003183, fechado el tres de septiembre de dos mil quince, por la cantidad de $7,162.18 (SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.), en el cual se apreciaba que el nombre del quejoso o beneficiario del título de crédito se encontraba mal escrito "JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ORIHUELA", siendo que el nombre correcto de la parte quejosa es JUAN MANUEL RAMÍREZ ORIHUELA. Sin que a la fecha haya remitido cheque alguno. Así las cosas, la sentencia de amparo fue concedida para el efecto siguiente: ". se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes:  Se desincorporen de la esfera jurídica de los quejosos, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 94 bis a 94 bis-12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.  Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos , así como de los diversos 94 bis a 94 bis 12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y en razón de la inconstitucionalidad que le asiste a los cobros consignados en los recibos de pago 2509525 y 2509526 -cada uno por la cantidad de trece pesos 00/100 moneda nacional- y el diverso BR001284 -por la cantidad de trece mil trescientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional-, expedidos por la entonces Secretaría de Finanzas y Planeación y por la Tesorería Municipal de Emiliano Zapata, ambos del Estado de Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones (trece mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional).  En el entendido que se deberá restituir a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones (trece mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos. Atento a lo anterior se acuerda lo siguiente: Actualización Por otra parte, toda vez que las autoridades responsables aún no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en relación a la cantidad de $13,325.00 (trece mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), recibida por la Tesorería Municipal de Cuautla, Morelos, dicha actualización se realizara de acuerdo a la fecha del pago (24 de noviembre de 2009) y a la fecha del presente requerimiento (30 de octubre de 2015) de conformidad con el artículo 31, párrafo primero , del Código Fiscal del Estado de Morelos, al tenor siguiente: Mes más reciente (Tomando en cuenta la presente fecha) Entre Mes anterior (De acuerdo a la fecha de pago 24/11/2009) Factor de actualización Septiembre -2015 116.809 / octubre-2009 94.652203595540 1.234086429716297 Cantidad cobrada Por Factor de actualización Cantidad total a pagar $ 13,325.00 * 1.234086429716297 $16,444.20 Así las cosas, tomando en cuenta la cantidad pagada originalmente por la parte quejosa que fue de $13,325.00 (trece mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), más la actualización correspondiente ($3,119.20) da como resultado la cantidad a pagar por la responsable de $16, 444.20 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional). Atento a lo anterior se acuerda: I. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.) , visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. III. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo , este juzgador requiere al DANIRA SANTANA BARRERA, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que hayan realizado para ese efecto, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen COPIA CERTIFICADA DEL CHEQUE CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE ACTUALIZADO. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. IV. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (OLGA CASTILLO MONTESINOS) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, IGNACIO CASPETA HERNÁNDEZ y Regidores FELIPE DE SANTA CRUZ GÓMEZ, STEPHANY BECERRIL GÓMEZ, GUILLERMO CRUZ COY, ALEJANDRA ORIHUELA FIGUEROA, MARCIA BORUNDA MUÑOZ, ALEJO RODRIGUEZ ROSAS Y VALENTÍN GÓMEZ GALARCE), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de ADRIÁN TOLEDO MANZANO, en su carácter de autorizado del quejoso, por medio del cual solicita se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y en atención a su contenido, indíquesele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 10634 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento de este juzgado que por auto dictado el quince de octubre de dos mil quince, pronunciado en el expediente 716/2015, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el directo quejoso EMILIO CARRETO URIOSTEGUI, en contra de la sentencia de dos de septiembre de dos mil quince; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia médica del Titular, autorizada mediante oficio 7039/2015, por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el quince de octubre de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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