Xochitl López Vinalay
Expediente 315/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Xochitl López Vinalay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 315/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Xochitl López Vinalay, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con domicilio en esa ciudad. Actuario adscrito a la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con domicilio en esa ciudad. Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La inactividad procesal de la autoridad responsable en el expediente ordinario laboral número 1267/2012 de la H. Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje." SEGUNDO. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 315/2017; solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una omisión dentro de un juicio laboral que se considera de imposible reparación, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a la demanda, se precisa que la quejosa como actora en el juicio laboral 1267/2012 reclama la omisión de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de tomar las medidas necesarias para lograr el emplazamiento por medio de exhorto de los demandados Sushi Palmas, Sociedad Anónima de Capital Variable, Guillermo Camacho López, Eduardo Alberto Mesa Domínguez, Marcela Sánchez y la persona física o moral que resulte responsable o propietaria de la fuente de trabajo, todos con domicilio en calle Primera Cerrada de Minas número 45, colonia Nicanor Arvide, delegación Álvaro Obregón y/o Cuauhtémoc número 158, colonia Tizapan, ambos en la Ciudad de México, en tanto que de la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México y de su Actuario adscrito, la omisión de realizar las acciones pertinentes para lograr la debida diligenciación del exhorto respectivo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y el Actuario adscrito a la misma, al rendir sus informes con justificación, la primera por conducto de su Presidente (fojas 109 y 118) negaron el acto omisivo que se les atribuye, pues indicaron que mediante oficio UJCFJEP/19270/16 de catorce de diciembre del año pasado se devolvió sin diligenciar el exhorto número 8534 a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Lo que se corrobora fehacientemente con las copias certificadas de las constancias que acompañó a su informe la primera, las cuales hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. En tal virtud, al resultar inexistente el acto reclamado a las autoridades mencionadas en este considerando, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV de la ley de la materia, por lo que se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otro lado, es cierto el acto omisivo reclamado a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, pues si bien al rendir informe con justificación, por conducto de su Presidenta (foja 13) negó su certeza, dada las manifestaciones realizadas en el cuerpo del mismo, procede tenerlo por cierto conforme a la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Certeza que además se corrobora con las diversas constancias del juicio laboral 1267/2012 que en copia certificada remitió y que por ser documentales públicas hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los citados artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, de las que se advierte que a la fecha no se ha logrado el emplazamiento de los demandados Sushi Palmas, Sociedad Anónima de Capital Variable, Guillermo Camacho López, Eduardo Alberto Mesa Domínguez, Marcela Sánchez y la persona física o moral que resulte responsable o propietaria de la fuente de trabajo. QUINTO. Actualización de causal de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, en acatamiento a la técnica que rige en el juicio de amparo respecto del estudio preferente y oficioso de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tenemos que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el diverso ordinal 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte el artículo 170 del mismo ordenamiento establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De la lectura de los preceptos legales transcritos, se llega a la conclusión de que, respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, estableciendo, el Alto Tribunal, en la jurisprudencia que más adelante se cita, que son dos las condiciones que el legislador dispuso para ello: 1) La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). La jurisprudencia de que se habla, es la P./J. 37/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese tenor, si el quejoso reclama la omisión de la junta responsable de dictar las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de los demandados citados con anterioridad en el juicio laboral 1267/2012; entonces se evidencia que el juicio de amparo resulta improcedente, ya que tal omisión no constituye un acto dentro del juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, dado que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, dicha omisión corresponde a una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo como lo es la falta de respuesta a una petición expresa y la falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que, como lo estableció la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De la contradicción de tesis referida, surgió la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011580, cuyos rubro y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Máxime que, no se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia antes citada, pues el suscrito no considera que exista una abierta dilación al procedimiento o paralización total del mismo, pues de las documentales que allego al sumario la propia junta responsable se obtiene que: 1. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil doce, la aquí quejosa Xochitl López Vinalay demandó en la vía laboral a Sushi Palmas, Sociedad Anónima de Capital Variable, Guillermo Camacho López, Eduardo Alberto Mesa Domínguez, Marcela Sánchez y la persona física o moral que resultara responsable o propietaria de la fuente de trabajo, todos con domicilio en calle Primera Cerrada de Minas número 45, colonia Nicanor Arvide, delegación Álvaro Obregón y/o Cuauhtémoc número 158, colonia Tizapan, ambos en la Ciudad de México, así como a Comercial Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, Mega Diana y la persona física o moral que resultara responsable o propietaria de la fuente de trabajo, ambos con domicilio en Avenida Farallón del Obispo número 216, en esta ciudad, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones. 2. Por auto de veinticuatro de septiembre siguiente, la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, radicó la demanda bajo el número 1267/2012; ordenando emplazar a los demandados, al que tiene domicilio en esta ciudad por conducto del actuario de la adscripción y a los que tiene residencia en la Ciudad de México, por medio de exhorto, y finalmente señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. 3. El once de enero de dos mil trece se emitió el exhorto número 254, dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de México, Distrito Federal, para que en auxilio de su homóloga de esta ciudad llevara a cabo el emplazamiento de la parte demandada, comunicación oficial que el catorce del propio mes fue entregada a Edgardo Basilio Lozano, apoderado de la actora para que la hiciera llegar a su destinatario. 4. En acuerdo de veintidós de mayo siguiente, se requirió al apoderado de la actora para que exhibiera el acuse de recibo en donde constara que el exhorto aludido fue presentado a su destinatario, asimismo, el veinticuatro del mismo mes, se tuvo al apoderado de la actora informando que extravió la comunicación oficial de mérito por lo que nuevamente se ordenó girar el exhorto número 5343 a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que llevará a cabo el emplazamiento de los demandados, comunicación oficial que se emitió el dos de julio de dos mil catorce y fue depositada en esa misma data en el servicio postal mexicano. 5. El veintiséis de septiembre de dos mil catorce se emitió el exhorto recordatorio número 7377 a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el cual fue depositado en el servicio postal mexicano el veintiséis siguiente. 6. El diecisiete de marzo de dos mil quince, se tuvo por devuelto sin diligenciar el exhorto número 5343, por lo que el catorce de mayo siguiente se ordenó girar el exhorto correspondiente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que llevará a cabo el emplazamiento de los demandados, comunicación oficial número 3545 que se emitió hasta el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, y en atención a lo solicitado por la actora, al día siguiente fue entregada a su apoderado legal Jesús Alvabera Gómez para que la hiciera llegar a su destinatario. 7. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, se requirió a dicho apoderado para que exhibiera el acuse de recibo en donde constara que el exhorto aludido fue presentado a su destinatario, no obstante el veintitrés de agosto del año pasado se ordenó girar exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que llevará a cabo el emplazamiento de los demandados, comunicación oficial número 6168 que se emitió el treinta del mes en cita y fue depositada el uno de septiembre último en el servicio postal mexicano. 8. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, de nueva cuenta se ordenó girar exhorto a la junta homóloga con sede en la Ciudad de México, para que en auxilio de la junta de esta ciudad llevara a cabo el emplazamiento de los demandados, emitiéndose el veintitrés de noviembre siguiente la comunicación oficial número 8534, que fue depositada en el servicio postal mexicano en esa misma data. 9. Finalmente, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto sin diligenciar el exhorto número 8534, por lo que con fechas cuatro y seis de abril del año en curso se ordenó girar nuevos exhortos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que llevará a cabo el emplazamiento de los demandados, así el cuatro y siete de abril siguientes se emitieron y se depositaron en el servicio postal mexicano las comunicaciones oficiales números 2276 y 2391 respectivamente. Es decir, la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje responsable ha dictado las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de los demandados Sushi Palmas, Sociedad Anónima de Capital Variable, Guillermo Camacho López, Eduardo Alberto Mesa Domínguez, Marcela Sánchez y la persona física o moral que resulte responsable o propietaria de la fuente de trabajo, todos con domicilio en calle Primera Cerrada de Minas número 45, colonia Nicanor Arvide, delegación Álvaro Obregón y/o Cuauhtémoc número 158, colonia Tizapan, ambos en la Ciudad de México, pues ha girado diversas comunicaciones oficiales al respecto aunado a que la omisión reclamada no tiene una temporalidad distante, dado que la última fecha por la que ordenó girar nuevo exhorto a su homóloga en la Ciudad de México para que en su auxilio emplace a dichos demandados data del seis de abril último, además que con fecha siete de abril siguiente se depositó en el servicio postal mexicano el exhorto número 2391, es decir, con motivo de la emisión y envío de dicha comunicación oficial efectuado con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, la Segunda Junta Local responsable ha llevado al cabo las conductas necesarias para lograr el emplazamiento de los demandados, dado que la diligenciación de dicha comunicación oficial corresponde ahora a su destinatario, sin que se tenga conocimiento de a qué autoridad correspondió el asunto, pues la diversa responsable Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en su informe se refirió al exhorto 8534. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis invocada en este asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Xóchitl López Vinalay, por derecho propio, en contra de las autoridades y acto precisados en el resultando primero y en atención a las consideraciones vertidas en el tercero y último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de mayo de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la autoridad citada en primer término, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que para este día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en razón de que no se cuenta con el informe justificado de las autoridades responsables Junta Especial número Ocho de Conciliación y Arbitraje, así como del Actuario adscrito a dicho tribunal laboral, ambos con sede en la Ciudad de México, ni acuses de recibo de los que conste que hayan recibido los oficios 7542/2017 y 7543/2017, por los cuales se les requirió; por tanto, la audiencia constitucional de mérito se difiere, para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Por otro lado, agréguese el pedimento penal signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, téngasele por formuladas las manifestaciones que realiza, y con ello dése cuenta en la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase copia de la sentencia de este juicio, una vez que ésta sea dictada. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.
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