Xóchitl Lidia López Figueroa
Expediente 650/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Xóchitl Lidia López Figueroa
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Vistos; por cuanto de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días, es de estimarse que se consintió tácitamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; Es susceptible depuración, Deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a catorce de abril de dos mil dieciséis Vista la demanda de garantías promovida por Xóchitl Lidia López Figueroa, contra actos del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente; regístrese en el libro respectivo, con el número 650/2016; al respecto se provee: Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano por causa manifiesta e indudable de improcedencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos emanados de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, el acto controvertido que se hace consistir en la omisión del Juez de lo Familiar de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y Actuaria de su adscripción, de diligenciar el exhorto que le remitió el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con sede en esta ciudad, en el expediente 740/2015, a fin de notificar y emplazar a juicio a la parte demandada; no transgrede un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino que se trata de una cuestión de carácter adjetiva, surgida dentro del propio procedimiento jurisdiccional, en el que el particular debe atender a las reglas que rigen en la legislación ordinaria para el efecto de obligar al Juez que conoce del asunto, dicte las medidas de apremio correspondiente, y obligar al Juez exhortado cumpla con la encomienda solicitada (derechos de debido proceso y acción). En esas condiciones, es evidente que el citado acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales del inconforme (propiedades, posesiones o derechos). Por tanto, la omisión reclamada, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la promovente, en atención al concepto de irreparabilidad citado, pues el hecho de que se omita diligenciar una comunicación oficial, no la priva del derecho de defensa que tiene en el procedimiento, y tampoco altera las cuestiones debatidas en el mismo, además de tener a su alcance los medios establecidos en la legislación local para obligar al Juez natural que cumpla con sus determinaciones. Los razonamientos que preceden encuentran apoyo en la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página: 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Así, como en lo conducente y por las razones que la informan la Jurisprudencia 8/2015 (10a.), relativa a la contradicción de tesis 130/2014, resuelta el veintiuno de enero de dos mil quince, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y a la persona que menciona, únicamente para imponerse de los autos, al no acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, toda vez que el número de cédula profesional que proporciona de Edgardo Gómez Victoria, no aparece en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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