Xóchitl Jiménez Ortíz

Expediente 28/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
28/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Xóchitl Jiménez Ortíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PERSONAL ELECTRÓNICA. ...se reanudan los plazos. Por tanto, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, requiérase a la parte quejosa. Se apercibe. En atención a lo anterior, requiérase a las autoridades señaladas. Se aperciben. Por otra parte, agréguese a sus autos los oficios de cuenta, dése vista a la parte quejosa. Apercibida. Asimismo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, dígase que deberá de estarse a lo acordado en auto de diecinueve de febrero del año en curso. Ahora, agréguese a sus autos los oficios de cuenta, se tiene a la autoridad de mérito informando las gestiones realizadas con el objeto de obtener el cumplimiento del fallo protector.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 28/20201, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Director del Hospital de Especialidades "Doctor Belisario Domínguez" de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el siete de enero de dos mil veintiuno, turnado a este órgano jurisdiccional, Xochitl Jiménez Ortíz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de la autoridad y acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ. ACTO RECLAMADO: La negativa de autorizar a la suscrita tener comunicación directa con mi concubino de nombre ***, quien se encuentra internado en el Hospital de Especialidades de la Ciudad de México Dr. Belisario Domínguez. SEGUNDO. Derechos humanos que la quejosa estima violados. La quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló conceptos de violación y señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Auto de radicación y admisión. En proveído de siete de enero de dos mil veintiuno, este juzgado federal radicó la demanda con el expediente 28/2021 y la admitió a trámite; otorgó la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer del presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 fracción II, de la Ley de Amparo; y 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque la quejosa reclama un acto a una autoridad administrativa distinta de un tribunal, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. fijación de actos. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura íntegra de la demanda de amparo y que constancias que obran en el expediente, se colige que la quejosa reclama de manera destacada el siguiente acto: Del Director del Hospital de Especialidades "Doctor Belisario Domínguez" de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: La negativa para autorizar comunicación directa con ***. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Director del Hospital de Especialidades "Doctor Belisario Domínguez" de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México consistente en la negativa para autorizar comunicación directa con ***. Lo anterior, porque la autoridad responsable fue omisa en rendir informe justificado; de ahí que, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Máxime, que de las constancias que remitió a través del oficio por el que rindió informe respecto a la suspensión de plano otorgada a la quejosa, no se advierte la existencia de autorización alguna para la comunicación directa de la hoy quejosa con ***. CUARTO. Estudio de causas de improcedencia. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su análisis de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el numeral 62 de la misma legislación. En el caso, esta juzgadora estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la negativa para autorizar comunicación directa con ***. Ello es así, porque el referido acto subsiste sin que puedan surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este orden, se transcribe el contenido del artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. Así lo explica la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241, cuyo rubro y texto son los siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. En el caso, como quedó expuesto, la quejosa reclama de manera destacada del Director del Hospital de Especialidades "Doctor Belisario Domínguez" de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la negativa para autorizar comunicación directa con ***. Ahora, la autoridad responsable remitió diversas constancias, las cuales se tuvieron por recibidas mediante auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, de las que destaca la documental relativa al acta de defunción de *** de *** de *** de dos mil ***, identificada con el folio ***; respecto de la cual la quejosa no hizo manifestación alguna. Lo anterior, pone de manifiesto que aun cuando subsiste el acto reclamado, la posible declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad que respecto de éste se hiciere, no tendría ningún efecto legal o material en la esfera jurídica de la quejosa. Ello es así, pues de la documental remitida por la autoridad responsable se advierte la expedición del acta de defunción de ***, lo que impide que los efectos del acto aquí controvertido se concreten en la esfera jurídica de la quejosa. Motivo por el cual, esta juzgadora estima que dejó de existir el objeto o materia que le dio origen al acto reclamado, por ello, considera actualizada la improcedencia en estudio. Además, cabe señalar, que suponiendo sin conceder que esta juzgadora concluyera que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano que estima violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado. Entonces, se actualiza la imposibilidad de que los efectos del acto reclamado se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del mismo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que dice: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio en términos de la fracción V del artículo 63, de la ley de la materia. Dada la resolución adoptada por esta juzgadora, no es el caso ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la quejosa, en razón de que estos aspectos corresponden al estudio de fondo, lo que no es dable verificar, si se resuelve sobreseer en el presente juicio de amparo, como en la especie sucedió, porque con ello se impide juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, en contra de la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el diverso último. Notifíquese; por lista a la quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, lo resolvió y firma electrónicamente Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de Taurino Eleodoro Martínez Martínez, secretario que autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    ...agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director del Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez por el cual, hace del conocimiento a este órgano judicial que en el presente juicio de amparo ha sobrevenido una causal de improcedencia, argumentando que el paciente Emmanuel Méndez Ortiz falleció el catorce de enero de dos mil veintiuno, para lo cual anexa su respectivo certificado de defunción asignado con el folio 210179814 para acreditar su dicho. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la autoridad responsable la aludida documental misma que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno y sin perjuicio de ser relacionada en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del código adjetivo invocado, dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la documental en comento, apercibida que en caso de no realizar manifestación alguna, se resolverá el juicio con las constancias que obran en autos.

  4. Principal

    ...agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Hospital de Especialidades Belisario Domínguez de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México por medio del cual realiza manifestaciones en atención al requerimiento formulado en proveído de siete de enero del año en curso y remite constancias para acreditar su dicho. En consecuencia, téngase a la autoridad de mérito informando sobre la suspensión de plano decretada en autos; con el contenido de los mismos dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otro lado, en términos de lo dispuesto en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se autorizan como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Notifíquese y por lista la parte quejosa de conformidad al proveído de siete de enero del año en curso. Así lo proveyó y firma electrónicamente Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de Guadalupe Carmen Bonilla García, Secretaria que autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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