XOCHITL IRLANDA HERNÁNDEZ CRUZ y Otros.
Expediente 819/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- XOCHITL IRLANDA HERNÁNDEZ CRUZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito en el Estado con sede en esta población, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, agregado en auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (foja 16).
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Con la boleta de turno, copia certificada del ocurso signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el cual, remite el expediente relativo al juicio de amparo directo 578/2018, promovido por XÓCHITL IRLANDA HERNÁNDEZ CRUZ, y anexo, consistente en juicio ejecutivo mercantil 22/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 819/2018, y acúsese recibo. En ese orden, el Tribunal Colegiado en mención, mediante actuación de diecisiete de agosto del año en curso, desechó la demanda de amparo directo promovida por la citada impetrante, en relación a la sentencia dictada en el aludido juicio ejecutivo mercantil, y por otra parte, respecto a los actos de ejecución de la referida sentencia, declaró carecer de competencia legal, por ende, ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno en esta población, para que se avoque a su conocimiento, y se resuelva lo que en derecho proceda. Bajo esa tesitura, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Con esa base, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexo que se acompaña a la misma, se advierte que lo que esencialmente reclama la quejosa son los actos de ejecución de la sentencia dictada el seis de junio de dos mil diecisiete, en el juicio ejecutivo mercantil 22/2015, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Por tanto, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, debido a que de la interpretación sistemática de dichos numerales se pone de manifiesto que el juicio de amparo biinstancial sólo será procedente, respecto de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Además, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Esos aspectos, no se colman en la especie, toda vez que la quejosa es parte en el juicio de conocimiento, ya que es la demandada por lo que fue oída en el juicio, en el que se dictó sentencia en su contra, motivo por el cual la autoridad responsable se encuentra actuando en la etapa de ejecución de la sentencia respectiva, como se desprende de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 22/2015, documentales que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de manifiesto que indefectiblemente el juicio ejecutivo mercantil de referencia, se encuentra en etapa de ejecución, sin que se desprenda que se haya aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado o declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenado el archivo definitivo del expediente, así como el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; por tanto, el acto reclamado, indefectiblemente no puede ser combatido a través del juicio constitucional. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Así como, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rúbro y texto siguiente: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior, se ordena hacer del conocimiento de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su ocurso de demanda, y por autorizadas únicamente para tal efecto a las personas que indica, por así solicitarlo expresamente. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
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