Xochitl Gallardo González

Expediente 1138/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1138/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • Xochitl Gallardo González

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos, signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en el recurso de queja laboral 150/2018, de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien y apareciendo que la Superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja a que este toca se refiere". En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina; De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, téngase al Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que admitió el recurso de queja, interpuesto por ********************, por conducto de su apoderado ********************, en contra del auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio de amparo********************, al que le fuera asignado el número de queja laboral ********************

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta presentado por Jesús Montalván Ramírez, apoderado de la parte quejosa Xóchilt Gallardo González, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase por interponiendo recurso de queja en contra del proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio (fojas 9 a 12). En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito original de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, residente en esta ciudad; y ríndase informe justificado manifestando que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio de amparo 1138/2018, se desechó la demanda de amparo promovida por Xóchitl Gallardo González, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez. Para acreditar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Xochilt Gallardo González, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende de la copia con formas autógrafas del auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral de origen 70/2018, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1138/2018, y fórmese expediente. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de acordar o proveer el escrito que presentó el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que solicitó se dicte el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 70/2018. Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito considera que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, no produce efectos que sean de imposible reparación al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte; con lo que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, a contrario sensu, del numeral 107, de la Ley de Amparo. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales e los que el Estado Mexicano sea parte;". Por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En el caso, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. Se asume así, en virtud de que la quejosa esencialmente se duele de una afectación cometida dentro de un procedimiento, y aun cuando alega violación al artículo 17 de la Constitución Federal, la omisión que reclama, es decir, la falta de acordar o proveer el escrito que presentó el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que solicitó se dicte el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 70/2018, derivado del auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho en el que se reservó el derecho para dictar el auto admisorio de pruebas, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino en todo caso, como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Lo que significa que el acto reclamado no produce una afectación material a derechos sustantivos de la quejosa, es decir, la falta del acuerdo correspondiente a su escrito no tiene consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, sino únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional, pues debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. De tal manera que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Sirve de apoyo la jurisprudencia 48/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en la especie se actualice la excepción prevista en la jurisprudencia recién transcrita, esto es, que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Es así, ya que de la fecha en que la autoridad se reservó el derecho de emitir el auto admisorio de pruebas (veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho), al día de la promoción de este juicio de amparo (nueve de octubre de dos mil dieciocho), únicamente han transcurrido once días hábiles (sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre, seis y siete de octubre de dos mil dieciocho, por tratarse de sábado y domingo), lapso de tiempo que a juicio del suscrito juzgador no constituye una dilación prolongada del procedimiento del que deriva el acto reclamado y menos, una razón para asumir que éste se encuentre paralizado. De ahí que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, y en esa guisa, el presente juicio de amparo deviene improcedente. Al mismo criterio llegó el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito al emitir la ejecutoria en el recurso de queja 96/2018, que se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde señaló que no existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, cuando que entre la omisión reclamada de acordar un escrito y la presentación de la demanda de amparo de donde emana el acuerdo recurrido medie un breve término, en el presente caso, de diez días hábiles. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda presentada por Xochilt Gallardo González. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, aunado a que se aprecia que la peticionaria no es parte patronal.

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