Xóchitl Gabriela Pinacho Pincho

Expediente 1246/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1246/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Xóchitl Gabriela Pinacho Pincho

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto 1246/2023-III-s; fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020 Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. DESECHAMIENTO. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, se advierte que la demanda de amparo promovida por José Alberto Gallardo Pérez, quien se ostenta como abogado patrono de Xochitl Gabriela Pinacho Pinacho, resulta improcedente, toda vez que se actualiza la causal prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la referida persona, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. En efecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6° de su Ley Reglamentaria, en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la Materia. Dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de la vigencia." Así, el interés jurídico aludido, reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías o derechos en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Luego entonces, para que proceda el juicio de amparo es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto. Orienta este punto de vista, el criterio sustentado por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia publicada en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, cuya literalidad es: "INTERES JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." De igual modo, es importante destacar que el interés jurídico del quejoso es aquél con el que acredita la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona diversa. Tiene aplicación a este caso, la jurisprudencia que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, que literalmente dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." En este caso particular, el promovente José Alberto Gallardo Pérez, quien se ostenta como abogado patrono, se duele del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el expediente 595/2022-3, relativo al juicio especial de alimentos, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, en el que se ordena la reducción del veinte por ciento al diez por ciento que fue decretado por concepto de pensión alimenticia provisional en el auto de radicación dictado en dicho sumario. De tal suerte, que al abogado patrono José Alberto Gallardo Pérez, al no haber sido parte en el juicio, no le afecta el acto reclamado, dado que el interés jurídico no se concreta de manera cierta, directa y actual al no acreditar la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; es decir, el acto reclamado no le causa perjuicio alguno, de manera que el titular de tales derechos es el único que puede ocurrir al juicio de amparo y no persona diversa. Tiene aplicación al caso, por las razones que la sustentan el criterio de jurisprudencia PC.XXI. J/7 C (10a.), sustentado por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 1729, Materias(s): Común, Civil, de la Décima Época, con registro digital 2010807, de rubro y texto siguientes: "ABOGADO PATRONO DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. SÓLO PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE, SI SE LE FACULTÓ EXPRESAMENTE PARA ELLO. De los artículos referidos se advierte que las partes contendientes en los juicios civiles pueden ser representadas por abogados patronos o procuradores, quienes serán designados verbalmente o por escrito, cuya asistencia técnica les permite desempeñar los actos procesales que correspondan a su autorizante, excepto los que involucren disposición del derecho en litigio y los que estén legalmente reservados a los interesados, por lo que, al no existir restricción alguna para los autorizantes en los preceptos citados, pueden ampliar las facultades del abogado patrono al designarlo, lo que significa que pueden otorgarles atribuciones especiales, como sería la de promover el juicio de amparo directo; por lo que se concluye que un abogado patrono designado en juicio en términos de los artículos 94 y 95 aludidos, sin facultades ampliadas, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, toda vez que la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, ya que el alcance de las facultades de defensa de los derechos del autorizante sólo se circunscriben al juicio civil, pues la limitante de que se trata deriva del artículo 95 indicado, de ahí que la demanda de amparo directo en materia civil, deba provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo." De igual manera, tiene aplicación la tesis XX.30 K, que se comparte sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 555, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "MANDATARIO JUDICIAL. NO EXISTE AFECTACION A SU INTERES JURIDICO SI PROMUEVE LA DEMANDA DE GARANTIAS POR SU PROPIO DERECHO. Si una persona promueve en el juicio natural con el carácter de mandatario judicial de otra y con esta misma personalidad concluye el juicio y posteriormente dicho mandatario interpone demanda de garantías promoviendo por su propio derecho, es evidente que al no haber sido parte en el juicio natural, no le afecta su interés jurídico, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, por identidad de contenido, resulta aplicable el diverso criterio que sustentó el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicado en la página 21, del Tomo 11, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es: "INTERÉS JURÍDICO, AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE. Si el quejoso ocurrió en demanda de amparo ostentándose heredero de otra persona y no probó tal carácter, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues es claro que los actos reclamados no afectan sus intereses jurídicos; siendo procedente, por tanto, decretar el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la referida ley." No pasa inadvertido para este Juzgador los diversos criterios que existen en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que se refiere a la falta de afectación del interés jurídico, no puede considerarse como un motivo manifiesto o indudable que dé lugar al desechamiento de la demanda por existir la posibilidad de que el quejoso exhiba pruebas durante la tramitación del juicio; sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado no rige esta premisa general, pues el propio promovente se ostenta como abogado patrono del directo quejoso y a nada práctico conduciría la admisión de la demanda si su interés jurídico no puede ser acreditado con prueba alguna. Por lo anterior, debe concluirse que en el presente asunto se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6° de la propia ley, por lo que procede DESECHAR la demanda de garantías intentada por José Alberto Gallardo Pérez, quien se ostenta como abogado patrono, respecto de los actos y autoridades que precisa en su demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. A fin de no dejar en estado de indefensión al promovente, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones la calle sin número, lotes 12 y 13, del fraccionamiento "ARI", de esta ciudad capital. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a la parte quejosa para que de ser posible, opte voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano