Xóchitl Elizabeth González Morales
Expediente 1805/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1805/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/11/2019
Partes del expediente
- Xóchitl Elizabeth González Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veinticinco de octubre de este año, la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 65 a 67). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de octubre del presente año (foja 68), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que hubiera efectuado manifestación al respecto. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***". Así pues, mediante resolución dictada el once de septiembre del año actual (fojas 29 a 45), se sobreseyó en el juicio y se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante los recibos de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en favor de la parte aquí quejosa. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, cantidades que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en sus fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que por auto de nueve del mes próximo pasado, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 56 y 57). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, informó que el veintitrés de octubre de este año, efectuó la entrega a la parte quejosa del cheque número 0001530, valioso por la cantidad de $9,199.71 (nueve mil ciento noventa y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional), por suerte principal y concepto de actualización correspondiente (foja 63). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $9,712.80 (nueve mil setecientos doce pesos con 80/100) A la cual se le debía restar la cantidad de $570.00 (quinientos setenta pesos 00/100 moneda nacional); ello, porque dicha cantidad se obtiene de la suma de los montos de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativos a los conceptos de inscripción de documento público o privado e inscripción de préstamo hipotecario; de la que se obtiene la cantidad de $9,142.80 (nueve mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el doce de julio de dos mil diecinueve (fojas 5 y 6), y la responsable efectuó la entrega del cheque aludido el veintitrés de octubre de este año (fojas 65 a 67), por la cantidad de $9,199.71 (nueve mil ciento noventa y nueve pesos 71/100 moneda nacional). Así, el periodo de ajuste fiscal comprende del mes de julio a octubre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecinueve a septiembre del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio del año en cita fue de 103.299; y para el mes de septiembre del mismo año de 103.942. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0062. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $9,199.48 (nueve mil ciento noventa y nueve pesos 48/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $56.68 (cincuenta y seis pesos con 68/100). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $9,199.71 (nueve mil ciento noventa y nueve pesos 71/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización; es decir, le entregó en exceso $0.23 (veintitrés centavos). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veinticinco de octubre de este año, la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 65 a 67). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de octubre del presente año (foja 68), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que hubiera efectuado manifestación al respecto. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***". Así pues, mediante resolución dictada el once de septiembre del año actual (fojas 29 a 45), se sobreseyó en el juicio y se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante los recibos de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en favor de la parte aquí quejosa. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, cantidades que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en sus fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que por auto de nueve del mes próximo pasado, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 56 y 57). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, informó que el veintitrés de octubre de este año, efectuó la entrega a la parte quejosa del cheque número 0001530, valioso por la cantidad de $9,199.71 (nueve mil ciento noventa y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional), por suerte principal y concepto de actualización correspondiente (foja 63). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $9,712.80 (nueve mil setecientos doce pesos con 80/100) A la cual se le debía restar la cantidad de $570.00 (quinientos setenta pesos 00/100 moneda nacional); ello, porque dicha cantidad se obtiene de la suma de los montos de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativos a los conceptos de inscripción de documento público o privado e inscripción de préstamo hipotecario; de la que se obtiene la cantidad de $9,142.80 (nueve mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el doce de julio de dos mil diecinueve (fojas 5 y 6), y la responsable efectuó la entrega del cheque aludido el veintitrés de octubre de este año (fojas 65 a 67), por la cantidad de $9,199.71 (nueve mil ciento noventa y nueve pesos 71/100 moneda nacional). Así, el periodo de ajuste fiscal comprende del mes de julio a octubre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecinueve a septiembre del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio del año en cita fue de 103.299; y para el mes de septiembre del mismo año de 103.942. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0062. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $9,199.48 (nueve mil ciento noventa y nueve pesos 48/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $56.68 (cincuenta y seis pesos con 68/100). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $9,199.71 (nueve mil ciento noventa y nueve pesos 71/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización; es decir, le entregó en exceso $0.23 (veintitrés centavos). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, al cual adjunta un escrito suscrito por el diestro *** y anexos, por corresponder al juicio de amparo 2229/2017 del índice de este Tribunal Federal; en este sentido, toda vez que la presente promoción sí corresponde al sumario en que se actúa, procede acordar lo que en derecho corresponda como a continuación se precisa. Se recibe el ocurso signado por ***, perito designado por la parte quejosa, a través del cual rinde su dictamen pericial; no obstante lo anterior, no ha lugar a proveer como en derecho corresponda respecto al mismo, pues el aludido, dentro del sumario constitucional en que se actúa, ya había emitido dictamen, como se relacionó al celebrarse la audiencia constitucional el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, aunado a que, el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se dictó sentencia. De ahí que, al resultar innecesario el dictamen en comento, previa copia que se deje agregada en autos, se deja a disposición del diestro el líbelo de cuenta y sus anexos. Notifíquese y personalmente al perito José Fidencio Ibarra Castro.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por ****, apoderado legal del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, parte tercera interesada; mediante el cual pretende interponer recurso de revisión contra la sentencia de dos de octubre de este año (fojas 113 a 134), en la que por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Sin embargo, con fundamento en el arábigo 88, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, requiérase a dicha parte a efecto de que dentro del término de tres días, siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba seis copias más de su escrito de agravios, ya que del sello de la oficialía de partes de este juzgado, se advierte que únicamente presentó el escrito en cita y una copia de éste; sin embargo, son necesarias siete copias y el escrito original de agravios, a fin de distribuirlas de la siguiente manera: el original para remitirlo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, una copia para la parte quejosa, una para el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, una copia para cada autoridad responsable, que resultan ser cuatro y una más para agregarla al expediente en que se actúa. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, en el término indicado, se tendrá por no interpuesto dicho medio de impugnación, sin necesidad de ulterior acuerdo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2017 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el libro 42, mayo de 2017, tomo I, décima época, página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "*****." Notifíquese; y, personalmente a la parte tercera interesada.
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