Xochitl Citlalli Garibay Hernández
Expediente 488/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2016
Partes del expediente
- Xochitl Citlalli Garibay Hernández
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal para que la parte quejosa recurriera el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, lo anterior con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Comuníquese lo anterior a la autoridad, hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno, y glósese el cuaderno original del incidente de suspensión. En consecuencia, archívese el asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que, en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso II y III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE
- Principal
Ensenada, Baja California, a diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el informe justificado de cuenta que remite la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, se le tiene informando que dentro del expediente 1778/2013 --relativo a la calificación de medidas adoptadas, promovido por la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia (DIF)-, el diez de noviembre del presente año se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado en la comparecencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis; por lo que, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, del estado de los presentes autos se aprecia que, la quejosa Xóchitl Citlalli Garibay Hernández, por derecho propio, presentó demanda de derechos fundamentales contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad; actos que hizo consistir en la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto por la propia parte quejosa en contra del auto dictado en la comparecencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente 1778/2013 --relativo a la calificación de medidas adoptadas, promovido por la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia (DIF)-, lo cual consideró que violaba sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución General de la República. Dicha demanda de amparo fue admitida a trámite el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, y se registró con el número 488/2016, acuerdo en el que se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. La autoridad judicial reconoció la omisión que se le reprocha, toda vez que precisó que hasta el diez de noviembre de dos mil dieciséis, resolvió el recurso de revocación dentro del expediente de origen. Por lo que se estima, que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De tal expresión normativa, se desprende que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental lesionado. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que él mismo exija. En esas directrices, de las copias certificadas que remitió la juez familiar responsable relacionadas al expediente 1778/2013 --relativo a la calificación de medidas adoptadas, promovido por la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia (DIF), se aprecia el diez de noviembre del presente año se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado en la comparecencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis; documentales que adquieren valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos certificados por funcionarios públicos en ejercicio de su encargo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 236, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Quinta Época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página ciento cincuenta y tres, de consulta rápida en el ius o registro electrónico 394182 de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Bajo esa óptica, si la parte quejosa reclamó la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto en contra del auto dictado en la comparecencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis y la jueza responsable el diez de noviembre siguiente el citado medio de impugnación fue debidamente resuelto; luego es inconcuso, que el acto reclamado no puede continuar surtiendo efectos, además que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, tal y como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión, es decir, restituyendo a la parte impetrante en el pleno goce de los derechos fundamentales lesionados, y restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional; consecuentemente, cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza en el caso de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, con número de registro IUS 193758, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, al actualizarse en el caso una causal de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable, que con ningún elemento de prueba se podría desvirtuar esa situación, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio constitucional biinstancial, sin necesidad de esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la citada causal de improcedencia, ello con el propósito de cumplir con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, cuyo rubro establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En razón de lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional señalada para las diez horas del cinco de diciembre de dos mil dieciséis, hágase la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en esta Secretaría. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Ensenada, Baja California, a veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, presentado por Xochitl Citlalli Garibay Hernández, por el que promueve demanda de amparo, contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución General de la República; con fundamento en los numerales 1o., fracción I, 107, 108, 112, 114 y 117 de la Ley de Amparo vigente, se admite dicha demanda, la cual se encuentra registrada en el libro de gobierno con número 488/2016. Dése la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Pídase a la responsable su informe con justificación que deberá rendir dentro del término de quince días, al que habrá de adjuntar copias certificadas de las constancias que tomó en cuenta para dictar los actos que se le reclaman, apercibidas que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos de los numerales 238 y 260 ambos de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se fijan las diez horas del cinco de diciembre de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se requiere a las partes, para que conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado de Distrito, si en el presente juicio de derechos fundamentales se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento, en especial, si por cualquier circunstancia cesaran los efectos del acto reclamado o se dé un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por las fracciones XVII y XXI del numeral 61 del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Hágase del conocimiento a las partes que en cumplimiento a la obligación que tienen todos los órganos jurisdiccionales de hacer públicas las sentencias y de respetar el derecho de las partes a la protección de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se dicte, se suprimirán sus datos personales y datos sensibles, procurando que lo anterior no impida conocer el criterio sostenido por este órgano de control constitucional, acorde a lo que disponen los artículos 6, párrafo segundo, y apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en el artículo 17 Constitucional y el diverso 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse en el juicio de garantías en que se actúa. Finalmente, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Edgar Alan Farías Castro, y como domicilio procesal el ubicado en Boulevard Zertuche, número 450, local 3, Fraccionamiento Valle Dorado, de esta ciudad. NOTIFÍQUESE.
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