Xochitl Carlos Alejo

Expediente 753/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
753/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Xochitl Carlos Alejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Xochitl Carlos Alejo, contra el acto del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 17 en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintidós de febrero de dos mil diecinueve V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 753/2018-IX, promovido por Xochitl Carlos Alejo, contra el acto del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 17 en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en la Entidad, por razón de turno, Xochitl Carlos Alejo promovió demanda de amparo, por conducto de sus apoderados jurídicos Arturo Ávalos Herrera y César Geovani Ávalos Cruz, contra el acto de la autoridad mencionada supralíneas, de quien reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: ".la totalidad del proveído que, con fecha 14 catorce de agosto del año en curso, pronunciada dentro del expediente número 628/2018." Acto que en el decir de la promovente del amparo vulnera en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó registrar el asunto como el expediente 753/2018-IX; se admitió a trámite la demanda; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, el cual formuló pedimento; se emplazó a la parte tercera interesada; y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el seis de diciembre de dos mil dieciocho, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado en esta instancia constitucional es el siguiente:  El proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad capital; a través del cual, dicha autoridad aceptó ser competente para conocer del juicio promovido la aquí quejosa Xochitl Carlos Alejo, en contra de Judith Carlos Alejo, respecto de quien exigió un interdicto para recuperar la posesión de un inmueble de la finca urbana ubicada en el número 117 de la calle 16 de Septiembre e Hidalgo, en la población de Carapan, Michoacán. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado, el Magistrado responsable aceptó la existencia del acto reclamado; tal asentimiento se corroboró con las constancias relativas al juicio agrario 628/2018, que dicha autoridad acompañó a su informe justificado; documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Ahora, luego de analizar las constancias que integran el expediente que se resuelve no fue factible advertir que en el caso se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, por tal motivo lo que se impone es emprender el examen del fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DEL FONDO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la promovente, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Ahora, del análisis integral de la demanda, se obtiene que la peticionaria del amparo aduce medularmente que al emitir el proveído combatido, el Magistrado responsable pasó por alto el principio de debida fundamentación y motivación que debe colmarse al emitir una determinación de índole jurisdiccional, pues únicamente se limitó a citar preceptos de la Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; empero, en ningún momento expresó los motivos por los cuales consideró que tales dispositivos legales resultaban aplicables al caso concreto, mucho menos cuáles eran las razones por las que estimó que la competencia para conocer del asunto se surtía a su favor. Añade que para estar en aptitud de aceptar la competencia declinada a su favor, la responsable debió examinar la totalidad de las constancias que integran el expediente del juicio natural; sin embargo, esto no ocurrió así, porque de haberlo hecho dicha autoridad se habría percatado de que no existe ningún medio de prueba que acredite en forma fehaciente que el inmueble disputado en la contienda natural se encuentra bajo el régimen comunal; de ahí que en el decir de la peticionaria del amparo, el magistrado responsable aplicó indebidamente el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en tanto que inobservó el contenido de los diversos artículos 319 y 343 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán. Tales asertos resultan infundados. En principio, es menester señalar que, al resolver los conflictos competenciales 160/95, 237/95, 319/98, 443/98 y 481/98, el Pleno del Máximo Tribunal del País sostuvo, en esencia, lo que se reproduce a continuación: ".en cualquier asunto que esté relacionado con la posesión de terrenos presuntamente incluidos dentro del régimen ejidal o comunal, debe ser la autoridad agraria la que deba conocer de ellos, sin que tenga importancia si alguna de las partes es particular así como que con independencia de que a través de ese conocimiento se llegue a determinar que los referidos bienes ya no forman parte de dicho régimen jurídico, pues en ese caso, la referida autoridad tendrá siempre la posibilidad de así declararlo y, con base en ello, dictar la resolución que en derecho corresponda. En conclusión, la situación práctica que se presenta es que la acción de reivindicación y entrega del inmueble objeto del litigio es civil, empero la materia de dicha acción, en ambos juicios es agraria pues, según se ha señalado, existe una presunción fundada de que se trata de un predio sujeto al régimen comunal y regulado por el derecho agrario, con aplicación de la ley respectiva de la materia, sin que tenga trascendencia alguna que la parte actora sea particular, es decir, que no pertenezca al régimen comunal o ejidal, pues la Ley Agraria no hace distinción alguna al respecto, de todo lo cual se sigue que la competencia para conocer de la controversia debe fincarse en el Tribunal Unitario Agrario, conforme a lo previsto por el artículo 163 de la Ley Agraria que determina su competencia por razón de la materia y en términos del diverso numeral 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y tomando en cuenta que una de las partes en contienda es, además, parte de un núcleo comunal. Este Tribunal Pleno sostuvo criterio similar en la competencia 319/98, suscitada entre el Juez Primero Civil de Primera Instancia en Chalco, Estado de México y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintitrés con residencia en la ciudad de Texcoco, Estado de México, resuelta en sesión del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de diez votos, siendo ponente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Es aplicable al caso la tesis P. CXI, visible a fojas 154 del Tomo IV, octubre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CONOCER DE LA ACCIÓN INTERDICTAL DE RETENER LA POSESIÓN SOBRE UN PRESUNTO PREDIO EJIDAL.-Con el fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción interdictal de retener la posesión, deben tomarse en cuenta el objeto de la demanda, los planteamientos formulados por las partes, los hechos narrados y los elementos probatorios con los que hasta el momento se cuenta, por lo que si de las constancias de autos se desprende que una de las partes es el comisariado ejidal y que la acción recae sobre un presunto predio ejidal, la materia sobre la que versa la pretensión, aunque en principio sea de naturaleza civil, pudiera quedar comprendida en la agraria y, por ende, el órgano a quien debe fincársele la competencia es al Tribunal Unitario Agrario del lugar donde se ubica el predio, en la inteligencia de que la resolución correspondiente no determina la naturaleza de éste." Por otra parte no puede constituir obstáculo alguno para el sentido de esta resolución, la circunstancia de que la acción que se ejerce por la parte actora en el juicio natural sea la real reivindicatoria, pues esta pretensión está inmersa dentro de la competencia de los tribunales agrarios, como a continuación se demuestra. El párrafo segundo de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Federal, establece: "Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente." Por su parte, el artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, señala: "La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las Comisiones Agrarias Mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente decreto.-Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.-Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva." La Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, en lo conducente, estableció: "Artículo 1o. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional." "Artículo 2o. Los tribunales agrarios se componen de: I. El Tribunal Superior Agrario, y II. Los Tribunales Unitarios Agrarios." "Artículo 18. Los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. "Los Tribunales Unitarios serán competentes para conocer: "... "II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población ejidal o comunal, así como de la reivindicación de tierras ejidales y comunales." Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de mil novecientos noventa y tres se reformó la fracción II del artículo 18, antes citado, quedando redactada de la siguiente manera: "II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares." En la exposición de motivos de la citada reforma, que el presidente de la República envió a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, se dice: "Asimismo, la presente iniciativa propone ampliar la jurisdicción de los Tribunales Unitarios, para que éstos conozcan de conflictos por límites entre un núcleo de población y sociedades o asociaciones, independientemente de la forma que éstas revistan, toda vez que actualmente conocen únicamente de conflictos con sociedades de naturaleza mercantil. De esta forma, se comprendería a todas las formas societarias, sean mercantiles o civiles.-En congruencia con lo anterior, se precisaría la competencia del Tribunal Superior Agrario para conocer del recurso de revisión de sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios en dicha materia.-También se precisaría la jurisdicción de los Tribunales Unitarios para resolver sobre la restitución de tierras no únicamente a los núcleos de población sino también a sus integrantes." Si bien, del texto original de la fracción citada se suprimió lo relativo a la reivindicación de tierras ejidales o comunales a que hacía alusión, esto no trae como consecuencia que el conocimiento de estos asuntos haya dejado de ser de la competencia de esos órganos, pues el propósito de la reforma, como se desprende de la parte relativa de la exposición de motivos que antes se transcribió, no fue la de eliminar del ámbito competencial de los citados tribunales agrarios las controversias sobre reivindicación de tierras ejidales o comunales, sino más bien fue la de ampliar su competencia. En este orden de ideas, tenemos que del párrafo segundo de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Federal, producto de las reformas de mil novecientos noventa y dos, se desprende el carácter federal de la jurisdicción agraria, poniendo énfasis en los tradicionales problemas de límites y en la "tenencia" de la tierra de los núcleos de población, y enseguida ordena que "para estos efectos y, en general, para la administración de la justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción". Así, el espacio de la justicia agraria que asumen los tribunales especializados, no se agota en los asuntos de límites y tenencia de tierras ejidales o comunales, en estricto sentido, sino que abarca otros más, por ello es que en el citado segundo párrafo, se alude tanto a esos asuntos tan importantes como "en general" a la administración de justicia agraria. Del último párrafo del artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 constitucional, transcrito anteriormente, se desprende que los tribunales agrarios conocerán de aquellos asuntos de naturaleza agraria, distintos de los relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales. Dentro de los conceptos "tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades" y "demás asuntos de naturaleza agraria", quedan incluidos los juicios de reivindicación en materia agraria, ya sea que éstos sean promovidos por los sujetos del derecho social agrario -como pudieran ser los ejidos, comunidades o núcleos de población-, o por particulares propietarios de predios rurales en contra de éstos. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo tercero transitorio del decreto que reformó dicho precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, y 1o., 2o. y 18, fracción II, de la Ley Agraria, la competencia para conocer de los juicios reivindicatorios en materia agraria, que se encuentren en trámite o se presenten a partir del día siete del mes y año citados, corresponden a los tribunales agrarios, por ser quienes se encuentran encargados de la administración de la justicia agraria." Tales razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia que se reproduce en seguida: "Época: Novena Época Registro: 192899 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: P./J. 125/99 Página: 23 COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CONOCER DE LAS ACCIONES QUE SE EJERCITEN SOBRE LA POSESIÓN DE PREDIOS PRESUNTAMENTE EJIDALES. Con el fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción sobre posesión de predios, deben tomarse en cuenta el objeto de la demanda, los planteamientos formulados por las partes, los hechos narrados y los elementos probatorios con los que se cuente, por lo que si de las constancias de autos se desprende que una de las partes es un sujeto de derecho agrario y que la acción recae sobre un presunto predio ejidal, la materia sobre la que versa la pretensión, aunque en principio sea de naturaleza civil, pudiere quedar comprendida en la agraria y, por ende, el órgano a quien debe fincársele la competencia es al Tribunal Unitario Agrario del lugar donde se ubica el predio, en la inteligencia de que la resolución correspondiente no determina la naturaleza de éste. Lo enfatizado no es de origen. Competencia 160/95. Suscitada entre el Juzgado Segundo de lo Civil de Tijuana, B.C. y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dos en Mexicali, B.C. 16 de octubre de 1995. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Manuel de Jesús Rosales Suárez. Competencia 237/95. Suscitada entre el Juzgado Cuarto de lo Civil en Mexicali, B.C. y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dos en Mexicali, B.C. 23 de abril de 1996. Once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Ma. Elena Leguízamo Ferrer. Competencia 319/98. Suscitada entre el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia en Chalco, Estado de México y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintitrés en Texcoco, Estado de México. 24 de noviembre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Clementina Flores Suárez. Competencia 443/98. Suscitada entre el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro en el Distrito Federal y el Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal. 11 de febrero de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. Competencia 481/98. Suscitada entre el Juez Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en Yautepec, Morelos y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho en Cuernavaca, Morelos, ahora Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Nueve en Cuautla, Morelos. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adriana Escorza Carranza. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 125/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve." De lo expuesto hasta el momento se obtiene que el Máximo Tribunal del País sentó el criterio en torno a que basta que exista una presunción fundada de que el inmueble objeto de una contienda se encuentra sujeto al régimen comunal o regulado por el derecho agrario, para que un tribunal agrario con jurisdicción en esa demarcación territorial asuma el conocimiento de la controversia de que se trate; ello, con independencia del carácter de los contendientes o de la naturaleza de la acción ejrcida. Sentado lo anterior y para un correcto entendimiento del asunto que se resuelve, conviene reseñar los antecedentes torales del caso. 1. En la vía sumaria civil, la aquí quejosa Xochitl Carlos Alejo promovió demanda en contra de Judith Carlos Alejo, respecto de quien exigió un interdicto para recuperar la posesión de la finca urbana ubicada en el número 117 de la calle 16 de Septiembre e Hidalgo, en la población de Carapan, Michoacán. 2. Dicho asunto se radicó como el expediente 1434/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; y, se admitió a trámite; por ese motivo se ordenó emplazar a la parte demandada. 3. Hecho lo anterior, la reticente dio contestación a la demanda incoada en su contra e hizo valer la excepción de incompetencia en los siguientes términos: "Consistente en el hecho de que el inmueble materia de este juicio carece de escrituras y todo tipo de registro además de ser de carácter comunal, por lo que este juzgado carece de competencia para ventilar este asunto. Mediante esta excepción procede que se declare incompetente y remita las actuaciones al Tribunal Agrario competente para que en la vía agraria se decida este litigio, dado que en esa materia existen reglas específicas para dirimir la controversia." 4. Luego de que la demandada insistiera en la excepción de incompetencia, ante la omisión del órgano jurisdiccional de pronunciarse sobre ese tópico, mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el incidente de incompetencia planteado por la demanda; y, por interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se declaró fundada la mencionada incidencia, por considerarse medularmente que: ".la accionante Xochitl Carlos Alejo reclama de la accionada Judith Carlos Alejo, la restitución a su favor de la posesión real y material del inmueble marcado con el número 117 ciento diecisiete ubicado en la calle 16 dieciséis de septiembre e Hidalgo, de la población de Carapan, Michoacán. Exhibiendo como uno de sus documentos fundatorios de la acción, una constancia de fecha 1º primero de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, visible a foja 10 de autos, en la que el representante de bienes comunales de la comunidad de San Juan Carapan, perteneciente al municipio de Chilchota, Michoacán, hace constar medularmente que Xochitl Carlos Alejo, es originaria y vecina de dicha comunidad indígena, quien se encuentra en plena posesión y dominio, siempre en calidad de única dueña y propietaria del bien inmueble ubicado en esa comunidad; en las calles de 16 dieciséis de septiembre, esquina con Hidalgo, marcada con el número 117 ciento diecisiete, dentro del segundo cuartel, posesión que ha tenido con los requisitos de ley con sus usos y costumbres. Luego entonces, resulta inconcuso que el inmueble materia de la litis, es un bien comunal, por tanto, la acción ejercida debe considerarse de naturaleza agraria, porque el pronunciamiento que se realice incide directamente sobre la posesión de un predio comunal; y consecuentemente, tales controversias deben ser del conocimiento de los Tribunales Unitarios Agrarios, en términos de lo establecido en la fracción XIX del artículo 27 constitucional y 18, fracciones V y VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. . En efecto, la competencia para conocer de las controversias que se deriven de parcelas ejidales realizadas antes de que el Registro Agrario Nacional efectúe la cancelación de los derechos agrarios y expida el título de propiedad respectivo, se surte a favor de los tribunales agrarios, porque en el momento de ser enajenado, el predio todavía estaba considerado dentro del régimen ejidal y por tanto, sujeto a las disposiciones de la Ley Agraria." El énfasis es añadido. Cabe señalar que el órgano jurisdiccional declinante cimentó su determinación en la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CONOCER DE LAS ACCIONES QUE SE EJERCITEN SOBRE LA POSESIÓN DE PREDIOS PRESUNTAMENTE EJIDALES." 5. El catorce de agosto siguiente, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, dictó un acuerdo en el que medularmente determinó que: "Con fundamento en el artículo 14, 17 y 27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 163 y 168 de la Ley Agraria, 1º, 2º fracción II, 5º y 118 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, este Tribunal Unitario Agrario, Distrito 17, SE DECLARA COMPETENTE, por razón de la materia agraria y territorio, para conocer del asunto que se recibe, mismo que da origen a la formación del expediente en que se actúa." Esta determinación constituye el acto reclamado en el asunto que se resuelve. Como se observa, no asiste razón a la peticionaria del amparo cuando aduce que la responsable incumplió con el principio de debida fundamentación y motivación; pues si bien es cierto que, al emitir el proveído combatido, la responsable aceptó la competencia declinada a su favor, sin realizar mayor pronunciamiento sobre los motivos por los cuales consideró que le correspondía el conocimiento del asunto; la realidad es que, al aceptar la contienda, dicha autoridad implícitamente reconoció como válidas e hizo propias las consideraciones formuladas por el tribunal declinante; de otro modo se habría rehusado a conocer del asunto y necesariamente habría devuelto las constancias al órgano jurisdiccional de origen. Esto a su vez, implica que la razón principal para aceptar la competencia fue que existen indicios sobre el hecho de que el inmueble disputado se encuentra bajo el régimen comunal y que, por tanto, la contienda debe considerarse como de naturaleza agraria; tal circunstancia se hizo depender del hecho de que fue la propia actora en el juicio natural, ahora quejosa, quien exhibió la copia certificada de la constancia emitida por el Representante de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de san Juan Carapan, en la que se hizo constar lo siguiente: "Que la C. XOCHITL CARLOS ALEJO, es originaria y vecina, de esta comunidad indígena de San Juan Carapan, Comunera, con sus derechos vigentes, quien se encuentra en plena posesión y dominio, siempre en calidad de única dueña y propietaria, de un bien inmueble ubicado en la comunidad indígena multicitada, en las calles de 16 dieciséis de septiembre esquina Hidalgo marcada con el número 117, dentro del segundo cuartel; bien inmueble en el que ha estado viviendo y en legitima posesión, desde la vida de sus extintos padres hasta la fecha, de manera pacífica, continua y de buena fe, no existiendo dolo, alevosía, ni ventaja alguna con sus respectivos usos y costumbres por más de 40 años, el que adquirió de su antecesor el extinto JUAN CARLOS ALEJO Y/O JUAN CARLOS ASCENCIO, de quien antes de transmitir, ceder o vender lo conservó por más de cincuenta años, de la misma manera de buena fe, sin dolo, ni ventaja alguna, con sus respectivos usos y costumbres. . En cuanto como Representante de Bienes Comunales, de esta comunidad Indígena de San Juan Carapan, me consta y ratifico la posesión, y la calidad de única propietaria de dicho inmueble, a favor de la señora XOCHITL CARLOS ALEJO, con todos los requisitos de ley, con nuestros usos y costumbres , razón por la que extiendo la presente certificación, dándole valor y fuerza, para sus respectivos usos legales que al interesado convengan a los 1 uno de agosto del 2017, dos mil diecisiete." De la constancia exhibida por la aquí quejosa se obtiene que el emisor de dicha certificación fue el Representante de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de san Juan Carapan, lo cual permite suponer que el inmueble respecto del cual se ejerció la acción interdictal se encuentra sujeto al régimen comunal, precisamente porque fue el representante de ese tipo de inmuebles quien la expidió; aunado al hecho de que, al analizarse la totalidad de las constancias que integran el expediente natural, se obtiene que ninguna de las partes exhibió alguna prueba o medio de convicción que acreditara en forma fehaciente que el inmueble controvertido pertenece al régimen de propiedad privada. De este modo, resulta factible considerar que el tribunal responsable estuvo en lo correcto cuando aceptó conocer del expediente natural; habida cuenta que existe un importante indicio de que el inmueble objeto de la contienda natural se encuentra sujeto al régimen comunal; máxime, si se tiene en cuenta que el medio de convicción que permitió conocer dicha circunstancia fue aportado por la propia actora del juicio natural, aquí quejosa. Precisamente por lo expuesto con antelación, resulta igualmente infundado lo argumentado por la peticionaria del amparo en torno a que el tribunal responsable debió analizar la totalidad de las constancias que integran el expediente natural, porque de haberlo hecho así, se habría percatado de que no existe alguna constancia que acredite que el inmueble controvertido se encuentra sujeto al régimen ejidal. Es así, porque ya quedó establecido que no existe ninguna prueba que permita llegar a la convicción de que el inmueble objeto del juicio natural constituye propiedad privada; y, por el contrario existe un importante indicio de que se encuentra sujeto al régimen comunal; de manera que el competente para conocer y resolver la contienda que se analiza es un Tribunal Agrario. A lo anterior, abona el hecho de que la aquí quejosa afirmó que de haberse analizado la totalidad de las constancias necesariamente se habría llegado a la convicción de que el inmueble no se encuentra sujeto al régimen ejidal; empero, no especificó cuáles constancias permitirían acreditar dicha circunstancia o por lo menos, que actualmente el inmueble objeto de la contienda natural constituye propiedad privada. Además, al promover el presente juicio de amparo, tampoco exhibió alguna probanza que acreditara en forma fehaciente una u otra circunstancia; de ahí que resulte factible afirmar que el argumento examinado es infundado. Por último, tampoco es fundado lo aducido por la solicitante de la protección constitucional en torno a que el magistrado responsable aplicó indebidamente el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios , en tanto que inobservó el contenido de los diversos artículos 319 y 343 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán . Ello obedece a que el primero de los numerales refiere que los Tribunales Agrarios son competentes para conocer de las controversias en las que figuren como contendientes comuneros; y, en el caso, de la constancia exhibida por la actora Xochitl Carlos Alejo, aquí quejosa, se obtiene que ésta pertenece a la comunidad de San Juan Carapan; de modo que se encuentra justificada la aplicación del numeral referido. En tanto que los dispositivos legales invocados en último lugar se refieren al trámite que debe seguirse para que los órganos jurisdiccionales en materia civil declinen su jurisdicción; y, que las partes se encuentran obligadas a probar los elementos de sus afirmaciones; lo cual quiere decir que, contrario a lo afirmado por la peticionaria del amparo, resultaban inaplicables porque no era necesario que el Tribunal Agrario observara el contenido de las porciones normativas invocadas; habida cuenta que todo lo relativo al trámite para declinar la competencia sería materia de análisis ante el propio juzgado declinante; mientras que lo relativo a la carga probatoria de las partes también era de observancia durante la tramitación de la excepción de incompetencia; porque ante el Tribunal Agrario ya no existió periodo probatorio en el cual las partes debieran aportar los elementos de convicción con los que contaran. En suma, ante lo ineficaz de los argumentos formulados por la peticionaria del amparo, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO. SEXTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Xochitl Carlos Alejo, contra el acto del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario 17 en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. PEDIMENTO MINISTERIAL Agréguese a los autos el pedimento 428/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, a través del cual hace manifestaciones en vía de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellos en audiencia constitucional. En cuanto a su solicitud en el sentido de que se le expida copia de la resolución que se dicte en autos, una vez que ello acontezca expídasele la misma. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que la tercero interesada Judith Carlos Alejo, fue emplazada a juicio el cinco de noviembre actual, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable y manifieste lo que a su interés convenga; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho. SE RECIBE DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y anexos que al mismo se acompañan, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 919/2018.321D, por medio del cual se encomendó emplazar a la tercera interesada Judith Carlos Alejo; lo que acredita con las constancias que se anexan. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Por otra parte, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el término de tres días concedido a la referida tercera interesada, en proveído de cinco de octubre del año en curso, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, a la fecha ha fenecido sin que lo hubiere hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a la tercera interesada de mérito las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.JCMZ

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