Xochitl Baez Martínez
Expediente 331/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Xochitl Baez Martínez
- Universidad Nacional Autónoma de Veracruz. Ciudad.
- Patronato Alianza para el Fomento de Aprendizaje A. C. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción; devuélvase constancias remitidas por autoridad responsable.
- Incidental
Archívese como asunto totalmente concluido; original susceptible de depuración; duplicado susceptible destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO QUE DICE: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Xalapa, Veracruz, seis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto que emitió el acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 673/2018-I, en donde se declaró competente para conocer de la demanda instaurada por la aquí quejosa XOCHITL BAÉZ MARTÍNEZ, en contra de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y del Patronato de Alianza para el Fomento del Aprendizaje, A.C., la que fue remitida por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al declararse incompetente para conocer de ese asunto; lo que constituye el acto aquí reclamado. Sin embargo, el Tribunal responsable refiere que por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 187 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, regularizó el procedimiento, para declararse incompetente de conocer la demanda instaurada por la aquí quejosa XOCHITL BAÉZ MARTÍNEZ, con fundamento en el artículo 3° de la citada Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, pues la Universidad y el Patronato antes citados, son organismos públicos autónomos y debe regirse por el apartado A, del numeral 123 Constitucional; por lo que, ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, la autoridad responsable dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo que justificó con las documentales que anexo consistentes en copias certificadas conformadas por un tomo de pruebas que obra por separado, relativas al expediente 673/2018-I. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno al constituir documentos públicos, en término de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, efectivamente se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. El artículo citado, en la parte que interesa, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). En relación con la causa de improcedencia que se invoca, es dable precisar que la misma se puede actualizar en diversos supuestos, a saber: 1) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. De lo anterior, se puede decir que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En efecto, la improcedencia en comento se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; cuando es de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos ochenta y dos, tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. Así, como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. 2) El otro supuesto que se contempla en la fracción en estudio, se actualiza cuando se da la sustitución procesal, la que se origina por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sobre tal hipótesis, y a manera ilustrativa, la Primera Sala y la otrora Tercera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han precisado en criterios aislados sobre el particular, lo siguiente: El de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra publicado en la página ciento cincuenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, cuyo contenido señala lo siguiente: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. El diverso criterio, es decir, el de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está visible en la página dos mil cuatrocientos sesenta y seis, tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta. En el caso, la hipótesis que interesa es la contenida en el segundo apartado, debido a que el acuerdo aquí reclamado, fue substituido por uno diverso, lo que implica, que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Cierto, se tiene que la quejosa XOCHITL BAÉZ MARTÍNEZ, señala como acto reclamado el acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 673/2018-I, en donde el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, aceptó la competencia planteada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para conocer de la demanda planteada por la citada quejosa (fojas 102 y 103, tomo de pruebas). Lo anterior, bajo el argumento de que la autoridad competente para conocer del juicio laboral que instauró en contra de Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y del Patronato de Alianza para el Fomento del Aprendizaje, A.C., es la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y no la autoridad responsable. Sin embargo, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 673/2018-I, en donde, regularizó el procedimiento y determinó declarase incompetente para conocer de ese asunto, al considerar que con fundamento en el artículo 3° de la citada Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, la Universidad y el Patronato, son organismos públicos autónomos y debe regirse por el apartado A, del numeral 123 Constitucional (foja 119, tomo de pruebas). De lo antes transcrito, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque el acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 673/2018-I, así como todas sus consecuencias legales, como lo es, que se haya señalado fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, fue sustituida procesalmente por la pronunciada el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en donde el Tribunal responsable, determinó declarase incompetente para conocer de ese asunto, y dejó sin efecto la audiencia antes señalada. Por tanto, al declararse incompetente la responsable para conocer del asunto laboral instaurado por la aquí quejosa, es evidente que cesaron los efectos del primer auto y, por lo tanto, el juicio de garantías es improcedente respecto de aquél que reclamó. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO y se deja sin efecto las diez horas con cuarenta minutos del siete de junio de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia en materia Común, que se localiza en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 173878, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO QUE DICE: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Xalapa, Veracruz, seis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto que emitió el acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 673/2018-I, en donde se declaró competente para conocer de la demanda instaurada por la aquí quejosa XOCHITL BAÉZ MARTÍNEZ, en contra de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y del Patronato de Alianza para el Fomento del Aprendizaje, A.C., la que fue remitida por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al declararse incompetente para conocer de ese asunto; lo que constituye el acto aquí reclamado. Sin embargo, el Tribunal responsable refiere que por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 187 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, regularizó el procedimiento, para declararse incompetente de conocer la demanda instaurada por la aquí quejosa XOCHITL BAÉZ MARTÍNEZ, con fundamento en el artículo 3° de la citada Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, pues la Universidad y el Patronato antes citados, son organismos públicos autónomos y debe regirse por el apartado A, del numeral 123 Constitucional; por lo que, ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, la autoridad responsable dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo que justificó con las documentales que anexo consistentes en copias certificadas conformadas por un tomo de pruebas que obra por separado, relativas al expediente 673/2018-I. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno al constituir documentos públicos, en término de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, efectivamente se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. El artículo citado, en la parte que interesa, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). En relación con la causa de improcedencia que se invoca, es dable precisar que la misma se puede actualizar en diversos supuestos, a saber: 1) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. De lo anterior, se puede decir que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En efecto, la improcedencia en comento se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; cuando es de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos ochenta y dos, tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. Así, como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. 2) El otro supuesto que se contempla en la fracción en estudio, se actualiza cuando se da la sustitución procesal, la que se origina por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sobre tal hipótesis, y a manera ilustrativa, la Primera Sala y la otrora Tercera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han precisado en criterios aislados sobre el particular, lo siguiente: El de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra publicado en la página ciento cincuenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, cuyo contenido señala lo siguiente: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. El diverso criterio, es decir, el de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está visible en la página dos mil cuatrocientos sesenta y seis, tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta. En el caso, la hipótesis que interesa es la contenida en el segundo apartado, debido a que el acuerdo aquí reclamado, fue substituido por uno diverso, lo que implica, que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Cierto, se tiene que la quejosa XOCHITL BAÉZ MARTÍNEZ, señala como acto reclamado el acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 673/2018-I, en donde el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, aceptó la competencia planteada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para conocer de la demanda planteada por la citada quejosa (fojas 102 y 103, tomo de pruebas). Lo anterior, bajo el argumento de que la autoridad competente para conocer del juicio laboral que instauró en contra de Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y del Patronato de Alianza para el Fomento del Aprendizaje, A.C., es la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y no la autoridad responsable. Sin embargo, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 673/2018-I, en donde, regularizó el procedimiento y determinó declarase incompetente para conocer de ese asunto, al considerar que con fundamento en el artículo 3° de la citada Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, la Universidad y el Patronato, son organismos públicos autónomos y debe regirse por el apartado A, del numeral 123 Constitucional (foja 119, tomo de pruebas). De lo antes transcrito, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque el acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 673/2018-I, así como todas sus consecuencias legales, como lo es, que se haya señalado fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, fue sustituida procesalmente por la pronunciada el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en donde el Tribunal responsable, determinó declarase incompetente para conocer de ese asunto, y dejó sin efecto la audiencia antes señalada. Por tanto, al declararse incompetente la responsable para conocer del asunto laboral instaurado por la aquí quejosa, es evidente que cesaron los efectos del primer auto y, por lo tanto, el juicio de garantías es improcedente respecto de aquél que reclamó. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO y se deja sin efecto las diez horas con cuarenta minutos del siete de junio de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia en materia Común, que se localiza en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 173878, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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