Xochitil Cytlalith Moreno Delgado
Expediente 2200/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2200/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Xochitil Cytlalith Moreno Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En Zapopan, Jalisco, siendo las diez horas con treinta y ocho minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 2200/2023... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido *, por sí y en representación de los I. R. M. y J. R. M., contra el acto reclamado al Juez Segundo de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Tlajomulco de Zúñiga, contra el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *, por sí y en representación de los I. R. M. y J. R. M., contra el acto reclamado al Secretario Ejecutor, adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Tlajomulco de Zúñiga, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Radicación y formación de los cuadernos incidentales. Visto lo de cuenta, como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda, el escrito aclaratorio y con fundamento en los artículos 115, 125, 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1434/2023 promovido por por ***** contra los actos que reclama de la Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretario de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación, Directora General de Autotransporte Federal y Director General del Centro SCT Jalisco. En la inteligencia de que la formación del cuaderno duplicado de carácter físico, es sustituido por una versión electrónica del presente incidente, de conformidad con lo previsto en los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Intervención de las partes del incidente de suspensión. Parte quejosa. Autorizados. Téngasele designando como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Dora Yazmín Aguilera Quintanar, Miguel Asunción Mendoza Cuapio, Oscar Octavio Castellanos Ramos y Oscar Mauricio Rodríguez Gómez, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y, en términos restringidos del precepto legal en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que señala para tal efecto. b) Notificaciones electrónicas. Debido a su solicitud expresa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en los en los diversos numerales 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica, inclusive las que de carácter personal le resulten, a través del usuario ***** Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a los usuarios ***** a fin de que cuenten con acceso al expediente electrónico del presente juicio. Comunicaciones no procesales. Se le tiene proporcionando los correos electrónicos que indica, como medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas instrumental de actuaciones y presunsional legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia incidental; con lo anterior, dese vista a las demás partes para el uso de su derecho. Autoridades responsables. a) Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir dentro del lapso de cuarenta y ocho horas, para lo cual remítaseles copia autorizada de la demanda de amparo; bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Consideraciones respecto a las notificaciones a las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. 3. Tercero interesado. Por el momento no se advierte que le revista el carácter de tercera interesada a persona alguna, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. 4. Representación social. Dese al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Audiencia incidental. Se fijan las once horas con treinta y dos minutos del nueve de noviembre dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Fijación de los actos reclamados. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten, en síntesis, en: La emisión, expedición, refrendo y publicación del Decreto por el que se expide el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés, específicamente sus artículos 2°, último párrafo; 5°; 6°, segundo, penúltimo y último párrafo; 8°, fracciones I, V y último párrafo; 9°; 10°; 11°, fracciones V, XI, XII y XVI párrafo segundo; 12, 17, 19, 22, 27, 45, 57, 58, 59, 62, 67, 68, 70, 81, 86, 87 y transitorio Cuarto; así como su inminente aplicación. Además, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se aplique en su perjuicio el citado reglamento. Pronunciamiento sobre la suspensión provisional. En tal virtud, respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados descritos, y en relación a los efectos para los cuales se solicita la medida cautelar, a continuación se procederá a verificar si en el caso se cumplen los requisitos señalados por el artículo 128 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. [.]." Por su parte, el artículo 131 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Los preceptos legales invocados, establecen que para la tramitación del incidente de suspensión deberá existir la solicitud de parte interesada y que además, con el otorgamiento de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar; además, el otorgamiento de la medida nunca podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. En ese contexto, precisa señalar que la noción de interés suspensional, en relación con los diversos numerales 128 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. Dicho de otro modo, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 128, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que, el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Así, de conformidad al artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 128 y 139 de la ley de la materia, se tiene que los requisitos para conceder la medida cautelar son los siguientes: a).- que sea solicitada por el quejoso; b).- que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan normas de orden público; y, c).- que exista peligro inminente que de ejecutarse los actos reclamados, se causen perjuicios de difícil reparación. El primer aspecto, como se vio, tiene relación íntima con la apariencia del buen derecho, que constituye uno de los presupuestos materiales para obtener una resolución favorable en las medidas cautelares, a las que se asemeja la suspensión en el amparo (atento a que ambas tienen finalidades afines, como lo es la conservación del derecho materia de la contienda). Tal elemento se sustenta en un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Es menester precisar que los indicados presupuestos no deben analizarse de forma aislada, sino que debe valorarse en conjunción con el diverso requisito marcado con el inciso b), esto es, la afectación al orden público y al interés social, como se ve de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, registro digital 165659, que indica: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Al respecto, se precisa que el interés social es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en el cual se realice la valoración. Para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores a los que se pretenden evitar con esta institución; en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Así, se puede entender el interés social como cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un hecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples o diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. Al respecto, sirve de ilustración la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, con número de registro 227491, que a la letra señala: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el de sarrillo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan la preocupaciones fundamentales de una sociedad.". En este punto, conviene señalar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. Además, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Y en ese sentido, es dable concluir, que el orden público y el interés social se afectan no sólo en los supuestos del artículo 129 de la Ley de Amparo (que es enunciativo, no limitativo), sino también, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sustenta lo previo la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58 del Volumen 47, Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 818680, que señala: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. Atendiendo a las disposiciones normativas previas, se tiene que en el caso concreto no se cumplen con los requisitos para el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, al tomarse en consideración que, de concederse la medida cautelar, se infringirían disposiciones de orden público y se vulneraría el interés social, pues debe prevalecer el objetivo primario que persiguen las disposiciones reclamadas, como lo es la seguridad en las vías generales de comunicación y en las zonas federales, pormenorizando las modalidades de los servicios auxiliares de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como la protección de los usuarios de tal servicio y de quienes transitan las vías generales de comunicación en las zonas federales, reconociendo que coexisten los intereses de los permisionarios, las autoridades encargadas de la implementación del reglamento, de los usuarios del servicio y de quienes transitan por tales vías. Por ello, resulta improcedente conceder la suspensión solicitada, al no satisfacerse los términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría un mayor perjuicio al interés de la sociedad, que los que pudiera resentir la quejosa transportista con el cumplimiento de las disposiciones reclamadas, los cuales se reducen a rubros meramente económicos y de logística u organización en la actividad que realizan. Lo anterior, pues con dichas normas lo que se busca es proteger a la sociedad en la prestación de esos servicios auxiliares, ya que para que un permisionario pueda prestarlos, debe cumplir con diversos requisitos para otorgar la mayor seguridad a los usuario y a las personas que transitan por las vías generales de comunicación y zona federal. De ahí que, exentar a los permisionarios como la moral quejosa de tales regulaciones, implicaría la ineficacia y nula aplicación de las medidas que tanto la sociedad como el Estado tienen interés en implementar a efecto de hacer más eficaz y segura la prestación de los servicios auxiliares de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículo, así como proteger la seguridad física de las personas que transitan por las vías generales de comunicación y zona federal. Es así, pues las normas reclamadas contemplan una serie de obligaciones y prohibiciones para los permisionarios que prestan los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos encaminadas, primordialmente, a garantizar la seguridad vial en vías generales de comunicación y zona federal, así como el bienestar de la comunidad, en tanto que determinan las condiciones legales y de seguridad a las que se deben sujetar las grúas empleadas para la prestación del servicio y de sus conductores para su operación, además de que establecen tabuladores de precios por la prestación del servicio para evitar abusos a los usuarios, así como las acciones que deben realizar cuando se presta un servicio para salvaguardar la integridad de las personas. Por ello, con la concesión de la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que los permisionarios de tales servicios pudieran prestarlos sin que les sea aplicado en su perjuicio lo dispuesto por la normativa controvertida, se impediría el beneficio de disminuir el riesgo que representa la prestación de los servicios auxiliares en comento sin cumplir con las mínimas normas de seguridad que prevé el reglamento reclamado, así como aquellas normas que benefician a los usuarios respecto a costo del servicio y transparencia. Es decir, con la medida cautelar se autorizaría la prestación de los servicios sin cumplir con dichas normas de seguridad, precios y trasparencia, lo que redundaría en perjuicio de la comunidad, pues ésta tiene interés en que el servicio de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de grúas en las vías generales de comunicación o zona federal esté regulado y se ajuste a disposiciones legales, que tienen por objeto proteger el interés colectivo que descansa en la seguridad del tránsito vehicular y la operación de vehículos que quedan varadas por carreteras federales, incluso, de aquellos que transportan materiales peligrosos, así como evitar el abuso en el cobro de tarifas y otorgar la mayor transparencia en las prestación del servicio. Por tanto, no es procedente conceder la suspensión solicitada. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 36/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 1010, registro digital 2022337, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE CONTRA LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES DE TRÁNSITO Y VIALIDAD QUE RESTRINGEN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA (LEGISLACIÓN DE JALISCO Y DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN). Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes, al resolver recursos de queja, analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que para uno de ellos la suspensión en el juicio de amparo procede cuando se impugnan disposiciones del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, que establece restricciones para la circulación de vehículos de carga, pues considera que no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, mientras que para el otro es improcedente dicha medida cautelar contra la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 25 de enero de 2020, que prevé limitaciones a la circulación de dichos vehículos, ya que no se satisface el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala determina que no procede conceder la suspensión provisional contra la aplicación de disposiciones de tránsito y vialidad que restringen la circulación del transporte de carga. Justificación. Lo anterior, porque las disposiciones que establecen restricciones para la circulación del transporte de carga pesada, contenidas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey son de orden público e interés social y tienen como finalidad ordenar y otorgar mayor seguridad a los ciudadanos que hacen uso de las vías públicas, y para ello, entre otras medidas, establecen limitaciones de horario para el tránsito de vehículos de carga pesada. En ese tenor, esta Segunda Sala considera que no es procedente conceder la medida cautelar provisional en contra de esas normas, porque la ponderación entre el derecho que tienen los particulares a transitar con libertad y el interés social inmerso en las disposiciones que limitan o restringen tal derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal, lleva a concluir que en el caso concreto se debe privilegiar, por encima del interés particular, el bien común, de manera que si las restricciones que imponen los preceptos reclamados a la circulación del transporte de carga repercuten en la regularidad de la actividad social y económica de la colectividad, lo adecuado es negar la suspensión provisional del acto, porque además esta decisión no causa un daño irreparable al particular." No pasa inadvertido que, si bien es cierto que la suspensión provisional de los actos reclamados, participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, también lo es que el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de éstos, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 128, análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Pero sobre todo, en la especie, más que un asomo a la posible inconstitucionalidad del acto reclamado, se realizaría una labor interpretativa y de estudio profundo de la norma reclamada, lo cual, implicaría, como se dijo, no sólo un asomo a la inconstitucionalidad planteada, sino un verdadero análisis al fondo de la cuestión debatida. Es aplicable, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número VI.2o. J/347, página ochenta y seis, Tomo 85, enero de mil novecientos noventa y cinco, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SUSPENSION, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo.". VI. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. VII. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. VIII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. IX. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento. Se tiene por recibido el oficio y anexo singado por el Coordinador Jurídico H, de la Dirección de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional, así como del Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco, mediante el cual se le tiene dando cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado mediante auto de veintinueve de septiembre del año en curso; por lo que se ordena agregar a los autos de la presente, para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento. Por otra parte, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente auto, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo; es decir, acredite haber realizado el pago de la indemnización respectiva a la parte quejosa, con motivo de la concesión del amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello. Apercíbase. Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional).
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL: En Zapopan, Jalisco, siendo las once horas con treinta y ocho minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2200/2023... En razón de lo anterior, se resuelve: ÚNICO. Se niega a********************por si y como represéntate de los menores******************** la suspensión definitiva del acto reclamado, por los razonamientos expresados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista física y electrónica.
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