Xochiticalli Bandala Vázquez

Expediente 310/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
310/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Xochiticalli Bandala Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    ....el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; sin embargo, toda vez que de su contenido se advierte que va dirigido al juicio de amparo 310/2022 del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, obténgase copia del oficio de cuenta, agréguese a los autos para debida constancia y el original de dicha promoción con su anexo, remítanse a su destinatario correcto, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    ... se declara que causó estado la referida determinación. Archivo. ...archívese este expediente como concluido. Relevancia documental. Este juicio de amparo carece de relevancia documental, al no ubicarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Destino. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Incidente de suspensión. De la certificación de cuenta, se advierte que este juicio de amparo se desechó. Instrucciones a la secretaria. ...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Radicación. ... Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los impetrantes del amparo Xochiticalli Bandala Vázquez, señaló como acto reclamado: La omisión de dar contestación al escrito presentado el diez de febrero de dos mil veintidós, y recibido en esa misma fecha ante el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV) en el cual renunció a la afiliación de dicho sindicatos y solicitó la devolución de las cuotas retenidas con motivo del concepto de ahorro, el cual suma según el estado de cuenta la cantidad de $31,658.91 (treinta y un mil seiscientos cincuenta y ocho pesos con noventa y un centavos moneda nacional). Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Ahora, para un mejor entendimiento de lo que se analiza, conviene precisar que en los antecedentes del acto reclamado por la parte quejosa refiere que: 1. Que es trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz, adscrita a la Telesecundaria "Benito Juárez García" en la comunidad el "Tronconal", municipio de Xalapa, Veracruz; por ello, se afilió desde el mes de febrero de dos mil quince al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz, y con motivo de lo anterior obtuvo entre otros beneficios, que se le realizara un descuento que se realizaría por su fuente de trabajo por el concepto de caja de ahorro, cantidades que se encuentran resguardadas por el referido sindicado, misma que a la fecha asciende a la cantidad de $31,658.91 (treinta y un mil seiscientos cincuenta y ocho pesos con noventa y un centavos moneda nacional), cantidad que es independiente a las aportaciones realizadas con motivo de la cuota sindical. 2. En el mes de enero de dos mil veintidós, por cuestiones personales tomó la decisión de solicitar al citado sindicato la devolución de la mencionada cantidad; sin embargo, se encontró con evasivas, por lo que acudió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con el objeto de citar al referido sindicato para entablar algún dialogo y llegar acuerdos, sin que ninguna persona que la representara hubiese acudido. 3. El diez de febrero del año en curso presentó un escrito ante el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV), con el que renunció a la afiliación del mismo y solicitó las devoluciones de las cuotas por el concepto de caja de ahorro, sin que a la fecha haya recibido respuesta. Expuesto lo anterior, en el juicio de amparo la autoridad señalada como responsable Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV), no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón que en atención a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 356, señala que los sindicatos "es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses", pues si bien el acto reclamado se planteó como la falta de contestación a la petición que le formulara la parte quejosa, con el fin de que se le realizara el pago correspondiente de sus aportaciones por el concepto de caja de ahorro; sin embargo, es necesario precisar que ésta, ya que nos encontramos ante una relación de coordinación, atento a lo que enseguida se expondrá. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que autoridad para efectos del juicio de amparo es el ente que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. En ese orden de ideas, los requisitos de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo se encuentran establecidos en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, si la pretensión de la parte quejosa es que el sindicato le den contestación a la petición que le formuló a fin de que le realizaran el pago correspondiente de sus aportaciones es una relación de coordinación laboral, en atención a la naturaleza jurídica de los sindicatos, por lo que, se reitera, la supuesta respuesta que a su petición, en su momento, le llegue a dar la autoridad que señaló como responsable lo hará en su carácter de asociación de trabajadores, de ahí que todos los aspectos que resultaran de una eventual falta del pago de su prestación como trabajador de la relación entre el impetrante del amparo y la responsable, lo que deberá ser resuelto a través del procedimiento jurisdiccional o administrativo que la peticionaria decida instar a través de los tribunales y no a través del juicio de amparo, por no revestir tal situación a un acto de autoridad impugnable a través del mismo, al no constituir, se reitera, un acto de imperium a través del cual la autoridad que indicó como responsable motu proprio, de manera imperativa y coercitiva, le estén imponiendo al reclamante un acto que afecte su esfera de derecho, ya que la parte reclamante lo que pretende en esta instancia constitucional es que la responsable le realicen el pago correspondiente de sus aportaciones el concepto de caja de ahorro. Lo anterior, sin que pase por inadvertido para el suscrito que la parte quejosa haga mención de que acude a esta instancia constitucional ante la inasistencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV), ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz; sin embargo, dicho tribunal cuenta con los medios necesarios para que se lleve a cabo, o en su caso, proceder por la vía laboral que considere pertinente. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones la jurisprudencia P./J. 42/2001, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." De igual manera se cita, por su sentido y consideraciones la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)" Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Orlando García Morales, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuenta con cédula profesional. Medios de contacto. Conforme al Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medios de contacto de la parte promovente, el número telefónico y el correo electrónico que proporciona, únicamente para que los actuarios judiciales tengan comunicación y se les facilite realizar las notificaciones en este juicio. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Medios de comunicación. En términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su periodo de vigencia por su similar 20/2021), se tiene a la parte quejosa por proporcionada la dirección de correo electrónico como medio de comunicación no procesales. Medios electrónicos. Como lo solicita la parte promovente, en términos de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como cualquier medio electrónico que le facilite la consulta de constancias; siempre y cuando este juzgado no restringa el acceso a la información cuando el caso lo amerite. Oposición relativa a datos personales. La parte promovente no manifiesta su oposición a la publicación de sus datos personales, lo que debe considerarse por el personal de este juzgado al momento de emitir las actuaciones que a cada uno le correspondan. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    ... Estese. En atención a lo anterior, deberán estarse a lo acordado en auto de seis de agosto del año próximo pasado, así como a lo resuelto el quince de julio también de la pasada anualidad, emitida en el toca 134/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el que la Superioridad por una parte declaró sin materia y por otra infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, y, por ende, se ordenó el archivo del asunto como concluido. Medios de comunicación. En términos del artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su periodo de vigencia por su similar 20/2021), se tiene a la defensoría oficiante proporcionando la dirección de correo electrónico y el número telefónico de la citada profesionista como medios de comunicación para recibir notificaciones. Notifíquese al Defensor Pública Federal a través de su correo electrónico.

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