Xochil Carrillo Valles

Expediente 613/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
613/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/07/2017

Partes del expediente

  • Xochil Carrillo Valles

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 18 DE JUlIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE SE DETERMINÓ: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Xochil Carrillo Valles; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo y no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 30 DE JUNIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: |Con la demanda promovida por ***************************, por su propio derecho contra actos del Juez Segundo de lo Civil y Jefe de la Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos y con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 613/2017-VIII Ahora bien, a fin de acordar su admisión o no, es de indicarse que de los antecedentes expresados por la promovente, se advierte lo siguiente: "La quejosa "demanda a la demandada" la devolución del depósito que se dejó para garantizar diversos conceptos, en caso de ser necesario, pero la quejosa manifiesta que no dio motivos para que se negara tal devolución por la cantidad de $5,000.00 pesos, según los hechos y consideraciones de derechos. La demanda se entabló con relación a la negativa de la devolución del depósito que se dejó por la renta de un departamento en la planta alta, mismo que dejé en excelentes condiciones de como lo recibí en arrendamiento. Pero por razones de su edad me era necesaria que se me rentara un cuarto de la planta baja, pero ante la negativa, me vi en la imperiosa necesidad de notificarle de forma privada la entrega y desocupación del bien inmueble arrendado. Cabe mencionar, que en todo este tiempo del arrendamiento, que fue aproximadamente más de dos años nunca se tuvo un problema con la arrendadora, pero ante mis necesidades fue la decisión de desocupar el departamento en mención En el juicio 704/15 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, por medio de acciones seudo legales y contrarias de procedimiento se me dejo en todo momento en estado de indefensión, razón por la cual en este momento me duele de ello. Para dilucidar la verdad de los hechos, me eran indispensables desahogar diversas probanzas por la que me fui privada en los tiempos y términos que la ley marca, por lo que la parte contraria procuro siempre sorprender a este juzgado para que no impartiera la justicia de forma correcta. En el mes de octubre de dos mil quince la parte demandada, quiso sorprender a la defensa en una reconvención improcedente, en razón de reclamar diversas reconvenciones fuera de la verdad de los hechos en las que se abusó de la confianza de una inquilina de tal grado y por la ambición reclamo prestaciones, de las cuales no tenia legitimación y derecho para reclamarlas. Se me dejaron sin pruebas indispensables para mi defensa, dejando a fuera testigos que me entregaron las llaves, así como la señora de la limpieza que se dio cuenta de las condiciones en las que deje el departamento, incluso se me declaro confesa, en una manera desesperada, por lo que solicito se me estudie a fondo este juicio y pueda observar las irregularidades procesales y violaciones a mis derechos de defensa, en las cuales no se me escucho. Me vi en la necesidad de defenderme aun más, por la sentencia condenatoria que dictó el juez de primera instancia en la que se me condenó a pagar algunas de las prestaciones que reclamo la actora reconvencionista en mi perjuicio, y de la cual causara detrimento en mi patrimonio. Continúan los errores procesales de la contraria los cuales dan origen a la improcedente notificación que hoy nos ocupan, para solicitarme y requerirme el pago aun mas de embárgame bienes suficientes para garantizar conceptos que no debo." Ahora bien, a pesar de lo confeso en la redacción, se debe concluir que el acto reclamado, lo constituye la sentencia condenatoria dictada por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el expediente 704/15 en la que se condenó a la quejosa a pagar algunas de las prestaciones que reclamó la actora reconvencionista en su perjuicio. Lo anterior hace evidente que en esta vía biinstancial la demanda de amparo devenga improcedente, pues el acto reclamado destacado se hace consistir en el acuerdo de cinco de junio de dos mil diecisiete, en el que se le requirió a la quejosa el pago de las prestaciones reclamadas por su contraparte, derivadas de la sentencia condenatoria dictada por el juez de primera instancia, que causan detrimento en su patrimonio; por ende, de acuerdo a lo expuesto por la amparista se encuentra en etapa de ejecución de sentencia; contienda judicial a la que se apersonó la demanda en el juicio de origen y dio contestación a la demanda. Ello es así, pues tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que solamente podrá promoverse el juicio de amparo en la vía indirecta contra la última resolución dictada en el procedimiento relativo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante la etapa de ejecución de sentencia que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendiendo al resultado de la resolución, porque la ejecución de una sentencia es de orden público y los jueces tienen que velar por su estricta observancia y cumplimiento. Atento a lo expuesto, es evidente que en la especie se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, este interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De la segunda disposición se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre y cuando sea la última resolución dictada dentro de ese procedimiento. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución; entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Lo cual significa que las violaciones en la fase ejecutiva pueden ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en dicha etapa, dado que se sustenta en la cosa juzgada y se evita con ello el abuso del juicio de garantías biinstancial; pues de lo contrario, pese a la existencia de una sentencia, el procedimiento natural, aun siendo de orden público, se vería obstaculizado, contraviniendo entonces al interés de la sociedad en la prosecución y culminación de los procedimientos judiciales. Por lo que si el referido procedimiento culmina con una resolución que es susceptible de combatirse mediante amparo indirecto, resulta valido afirmar que todas aquellas violaciones que se cometan en esa fase del procedimiento de ejecución, podrán combatirse en el juicio de amparo indirecto, hasta que culmine esta fase; lo anterior en congruencia con las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, específicamente conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así pues, atento a la técnica del juicio de garantías, la Ley de Amparo contiene normas que regulan los actos dictados dentro del juicio, estableciendo como regla general la procedencia del juicio constitucional en la vía directa, contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante su tramitación; por ende tales reglas deben aplicarse al amparo indirecto, en casos como éste, en el que su procedencia se da en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. De tal manera que para los actos fuera de juicio, se previenen reglas específicas, esto es, para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será procedente el juicio de amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la quejosa. Así las cosas, como en el presente asunto se reclaman cuestiones dictadas en el periodo de ejecución de sentencia, sin que se trate de la "última resolución dictada en el periodo de ejecución" no se satisfacen los requisitos de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 734, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis comunes, consultable en la página 1204, que textualmente señala: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". De igual forma, se invoca la tesis I.1o.C.20 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, visible en la página 953, cuyo rubro y texto son: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige". Asimismo, la tesis XI.2o.97 C del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, Tomo XIII, enero de 2001, página 1729, que señala: "INCIDENTE DE COSTAS, LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS TOMADAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL, DEBEN RECLAMARSE CONJUNTAMENTE CON LA QUE LO DECIDA EN DEFINITIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Como el segundo párrafo del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, conforme con la exposición de motivos del citado ordenamiento, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva; el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del referido precepto, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, como la incidencia de costas, debe observarse la misma regla, puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas entre la resolución que se pretende ejecutar y aquella que decide en definitiva el incidente de liquidación de costas, así sean aquellas que se tomaron en la sustanciación de éste, se obstaculizaría el cumplimiento de la correspondiente sentencia ejecutoria, al facilitarse el abuso del juicio constitucional". Así como la tesis V.2o.225 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en materia común, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, febrero de 1995, visible en la página 354, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS EFECTUADOS DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACION DE SENTENCIA, MIENTRAS NO SE DICTE LA ULTIMA RESOLUCION EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Según lo previene el artículo 114, fracción III, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución respectivo, los actos realizados dentro del propio procedimiento de ejecución carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional, de ahí que si la quejosa estima que un proveído dictado durante el trámite del incidente de liquidación de sentencia resulta violatorio de garantías, debe decirse que solamente cabe la impugnación de éste en amparo, cuando se haya pronunciado la última resolución en tal procedimiento". Por consiguiente, como no se reclama la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, no se genera, en la especie, la procedencia del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/27, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 435, Tomo II, Septiembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente señala: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". De igual forma, ilustra lo expuesto la tesis I.4o.C.18 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1583, Tomo XXV, Marzo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido: "ACTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, POR TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. SÓLO EN PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O REMATE DEBE ESPERARSE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN PARA PROMOVER AMPARO. Conforme a la simple interpretación gramatical del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías indirecto es procedente contra todos los actos provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se emitan después de concluido un juicio, con la mera satisfacción de los requisitos generales exigidos por tal ordenamiento; pero si se trata de actos que forman parte de un procedimiento de ejecución, entendido como el conjunto ordenado secuencialmente para hacer cumplir alguna parte o todo lo resuelto en la sentencia definitiva o en la resolución equivalente, se establece la regla específica consistente en que sólo se podrá reclamar destacadamente la última resolución de ese procedimiento, e invocar en la demanda las violaciones atribuidas tanto a dicha determinación final, como las imputadas a los demás actos del procedimiento de ejecución respectivo, que produzcan indefensión al quejoso, y que respecto a los actos pertenecientes a un procedimiento de remate sólo resulta reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior. En consecuencia, cuando se reclamen actos posteriores a la sentencia definitiva o a la resolución que haya puesto fin al juicio, que no se encuentren en alguno de los supuestos específicos mencionados, previstos en el segundo y en el tercer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la ley invocada, como por ejemplo, la negación de una copia certificada, la resolución que concede un embargo o la que acoja o niegue la sustitución de bienes embargados, la que resuelva un incidente de liquidación (preparatoria y previa al inicio de ejecución) que decida sobre rendición de cuentas de negocios intervenidos, que solucione un incidente sobre declaración de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, etcétera, no es indispensable esperar al dictado de la resolución final del procedimiento concreto en que ocurran dichos actos, sino que podrán reclamarse directamente ante el Juez de Distrito, siempre y cuando sean susceptibles de conculcar garantías individuales directa e inmediatamente y se satisfagan los demás requisitos de procedencia y admisibilidad. Ciertamente, si se analiza el primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, su literalidad es rotunda, en el sentido de que procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido (sin que para este análisis importen los actos fuera de juicio) ya que en ese texto no se fijan reglas o requisitos especiales, ni contiene remisión posible a otras disposiciones o a los demás párrafos de la misma fracción, para indicar la necesidad de completar el supuesto de procedencia con otros elementos singulares. En cambio, ese primer párrafo enmarca con el género actos (los que se ejecutan después de concluido el juicio) a otros que forman parte de este universo, como son los actos de ejecución y los procedimientos de remate, a los que deja en la regla general, con la adición de una específica, no sólo al separarse el texto con sendos punto y aparte, sino al comenzar el segundo párrafo con la frase "si se trata de actos de ejecución", para imponerles una exigencia propia, y el tercer párrafo "tratándose de remates". De ahí que si el acto reclamado después de concluido el juicio tiene solamente tal calidad, por no estar comprendido en un procedimiento de ejecución ni de remate, o bien, tiene la naturaleza autónoma respecto de éstos, el juicio de amparo indirecto es admisible, siempre y cuando conculquen directa e inmediatamente garantías individuales y se cumplan los demás requisitos de procedencia previstos en la ley". En las relatadas condiciones, al no encuadrar la demanda en el supuesto establecido por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, resulta improcedente, en términos de lo que dispone el numeral 61, fracción XXIII del mismo ordenamiento, debiéndose desechar de plano la demanda en estudio por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, lo indicado por la amparista, en cuanto a que la ejecución de la sentencia le causa un daño de imposible reparación, ya que dice se afecta en detrimento en su patrimonio, pues no especifica el porque se provoca tal afectación. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado calle Rio Danubio, número 885, fraccionamiento Los Nogales, en esta ciudad y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan Federico Fernández Ordoñez, por contar con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a ***********************, por así haberlo solicitado.

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