XITLALLIT JANNET SIORDIA IBARRIA y Otros.
Expediente 1685/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1685/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/10/2019
Partes del expediente
- XITLALLIT JANNET SIORDIA IBARRIA y Otros.
- PAVEL NETZAHUALCOYOTL RODRÍGUEZ AYÓN y Otros.
- KARLA YOANA MERCADO RODRÍGUEZ y Otros.
- Ulises Iván Sánchez Bustamante
- Pavel Netzahualcoyotl Rodríguez Ayón
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD y Otros.
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- ULISES IVÁN SÁNCHEZ BUSTAMANTE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tepic, Nayarit, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias de autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "**", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***." En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veintisiete de febrero del año que cursa (fojas 49 a 72), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que, por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Karen Ibeth Cabuto Cervantes, respecto del artículo 21, fracción I, en relación con el 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, así como del acto de aplicación vinculado con dichos preceptos, señalado en el considerando segundo, atribuido a las autoridades denominadas Congreso, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Inconforme con lo anterior, el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaría, interpuso recurso de revisión contra dicha determinación; el cual, por razón de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el consecutivo 187/2019, de su índice; así, dicho tribunal colegiado remitió testimonio autorizado de la resolución de dicho medio de impugnación, en el que por una parte desecho y por otra confirmó la sentencia recurrida (fojas 112 a 120) Posteriormente, en auto de dos de septiembre de este año (fojas 121 a 123) se tuvo por recibido dicho testimonio y se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días siguientes al en que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte agraviada, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por el concepto de inscripción de documento público o privado, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos; asimismo, deberá hacer la devolución que exceda del pagó que realizó la parte quejosa por el impuesto referido. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), de la inscripción origen del acto reclamado, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 12, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales. Devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos (fracción XVIII), por pago del concepto de inscripción de documento público, que pago el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (foja 13). En la inteligencia de que dicha cantidad debía estar debidamente actualizada En atención a lo anterior, mediante diversos comunicados se tuvo al recaudador responsable informando diversas gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de autos, así hasta que por oficio registrado con número de folio 27635 (fojas 141 a 143) la delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veinte de septiembre de este año realizó la entrega del cheque número 0001437 por la cantidad de $2,315.76 (dos mil trescientos quince pesos con setenta y seis centavos 76/100 moneda nacional), a la quejosa, cantidad que en su momento erogó la solicitante de amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y al efecto remitió el acuse de recibo de dicho título mercantil. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogo a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $2,315.76 (dos mil trescientos quince pesos con setenta y seis centavos 76/100 moneda nacional), por los siguientes conceptos: No. Concepto Cantidad 1 INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO $1,674.72 3 FOM. EDUCACIÓN $418.68 4 ASIST. SOCIAL $251.20 5 U.A.N. $200.96 TOTAL $2,545.58 Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por pago del concepto de inscripción de documento público, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $2,265.58 (dos mil doscientos sesenta y cinco pesos con cincuenta y ocho centavos 58/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho y la notificación de la expedición del cheque por el que se reintegró la suma en comento se realizó a la parte quejosa el doce de septiembre del año en curso (foja 134); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil dieciocho al de septiembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de dos mil diecinueve entre el índice para el de octubre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, ya que tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecinueve, aun no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, a la fecha en que el recaudador responsable notificó a la parte quejosa sobre la expedición del cheque en comento (foja 134), entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de agosto de la presente anualidad. Ahora, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440; y para el mes de agosto de la anualidad que cursa de 103.670; en esa línea argumentativa, de la división de dichos factores, el más reciente entre el más antiguo, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas, esto es de: 1.02198. Consecuentemente, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la suma de 2,315.39 (dos mil trescientos quince pesos con treinta y nueve centavos 39/100 moneda nacional). En suma, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, el recaudador responsable devolvió a la quejosa la cantidad $2,315.76 (dos mil trescientos quince pesos con setenta y seis centavos 76/100 moneda nacional) por motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y la actualización correspondiente. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de 2,315.39 (dos mil trescientos quince pesos con treinta y nueve centavos 39/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $2,315.76 (dos mil trescientos quince pesos con setenta y seis centavos 76/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $00.37 (treinta y siete centavos 37/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle la cantidad que entregó de más, en los términos que la leyes determinen. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro Regional Número III, con sede en Compostela, Nayarit, mediante el cual en alcance al diverso 1334/2019 de diecinueve de agosto de este año, informa que la carpeta de investigación NAY/COM-III/CI/1113/18 de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, fue remitida a la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer por Cuestión de Género; en consecuencia, agréguese el libelo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Luego, en obvio de mayores dilaciones con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase al Agente Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer por Cuestión de Género, residente en Compostela, Nayarit, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, remita copia certificada de la carpeta de investigación a que se ha hecho mención o bien, manifieste el impedimento legal que tenga. Apercibido que de ser omiso, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con el numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibo el escrito de cuenta, suscrito por el autorizado del quejoso *********, mediante el cual informa que los quejosos estuvieron esperando por más de dos horas al Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, a efecto de llevar a cabo la diligencia programada para el veintiocho de agosto de este año, sin que éste se hubiera constituido en el domicilio acordado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, informe al respecto. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de tres del actual mes y año, se tuvo al Tesorero Municipal y los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Acaponeta, informando las gestiones que se encontraban realizando a efecto de cumplir con el laudo dictado, para lo cual el Presidente Municipal de dicho ayuntamiento, los convocó a una sesión extraordinaria de cabildo para la aprobación de la modificación presupuestal necesaria para contar con suficiencia financiera; sin embargo, de la lectura de los oficios que acompañaron, no se advierte la fecha para llevar a cabo dicha sesión; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a dichos entes, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciban los oficios correspondientes, informe cuándo se llevara a cabo la sesión de que se trata. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
** TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito signado por el apoderado especial de la parte quejosa y en atención a su solicitud planteada, referente a que se solicite al Ministerio Público de la Federación informe el cauce legal de la denuncia presentada, así como la remisión de copias certificadas de la carpeta de investigación; no ha lugar a proveer favorablemente, pues tiene expedito su derecho de acudir ante el Representante Federal en comento, a efecto de que éste le proporcione la información que menciona, así como cualquier otra de su interés. Por otra parte, en lo que respecta a su petición en el sentido de que se ordene poner a disposición ante el Ministerio Público Federal a los funcionarios omisos en acatar la suspensión, por encontrarse, según su dicho, en flagrancia, así como que se gire oficio al Congreso del Estado de Nayarit, con copia certificada de los autos que integran el incidente de suspensión en que se actúa, para que por su conducto se inicie la destitución de los funcionarios públicos omisos; se hace de su conocimiento que no procede acordar como lo indica; se dice lo anterior, pues si bien es cierto que las autoridades responsables con sede en San Blas, Nayarit, no han acatado en su totalidad la suspensión, también cierto es que los entes responsables no han desatendido los requerimientos efectuados, debido a que han estado informando las gestiones que han hecho para cumplir con la misma, de ahí que, no han sido omisos como lo refiere la parte agraviada sino que depende de la recepción del préstamo económico al Órgano Legislativo del Estado de Nayarit gestionado en la sesión ordinaria de cabildo de veintidós de julio del año actual, como lo acreditó por oficios recibidos el doce y veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Ahora bien, en lo que refiere de que se gire oficio a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, para que de las participaciones que le corresponden mensualmente al Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, le cubra las cantidades correspondientes y señaladas en el incidente de suspensión, según precisa; no ha lugar a acordar como lo peticiona, pues la Secretaría a que hace alusión, no fue señalada como autoridad responsable, aunado a que, las autoridades responsables han estado realizando diversas gestiones para pagar a la parte agraviada el salario que le corresponde al puesto que aduce desempeña en el Ayuntamiento responsable, es decir, en el puesto de cajonero, así como para que se le sigan proporcionando todas las prestaciones que recibía con motivo del trabajo que desempeña. Ello únicamente a partir de la fecha de presentación de la demanda de garantías que dio origen al presente incidente y hasta en tanto se notificó a las responsables la suspensión definitiva Finalmente, con independencia de lo anterior, requiérase a las autoridades responsables, a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, acaten la resolución terminada de engrosar el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, relativa al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional (fojas 265 a 270), o bien, informen y acrediten las gestiones realizadas para tal efecto; apercibidas que en caso de ser omisas o de no manifestar el impedimento legal que tuvieran para ello, se harán acreedoras cada una de ellas a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con la fracción I, del numeral 237, en relación con los arábigos 238 y 259 de la Ley de la Materia. **
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