Xiomara Cristina Cámara Juárez
Expediente 322/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Xiomara Cristina Cámara Juárez
Actuaciones
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Xiomara Cristina Cámara Juárez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 322/2022-10, promovido por *********, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós, a través del Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común el diez siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el once posterior, Xiomara Cristina Cámara Juárez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO la omisión de señalar fecha de audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, en términos de Ley, con fundamento en los artículos 878 fracción VIII, 875 y demás relativos de la Ley Federal de Trabajo en vigor, transgrediendo los artículos antes mencionados, así como retrasando el procedimiento en perjuicio del suscrito violándose con ello mis garantías constitucionales consagradas en los artículos octavo, catorce y dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El catorce de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 322/2022-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al fiscal del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de señalar fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente laboral 430/2020, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado porque, además de haberlo negado la autoridad responsable en el informe justificado, de la copia certificada que remitió la Presidente de la referida Junta del precitado expediente laboral, se obtiene que en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, señaló las diez horas del veinticinco de marzo siguiente, para llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; determinación que fue debidamente notificada a las partes. Lo cual implica que, previo a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -ocho de marzo de dos mil veintidós-, la omisión que constituye la materia del reclamo en la presente instancia constitucional era inexistente. Es de tomar en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Así como la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia del acto génesis de la presente controversia constitucional. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***********, por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta, signados por el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con transcripción de los proveídos de dieciséis de marzo del año en curso, a través de los cuales informa que aceptó la competencia declinada mediante ejecutoria de diecisiete de febrero del año en curso, en los recursos de queja 281/2021 y 296/2021; y admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por Mauro Winzing Negrín y Diana Miranda White Castellanos, por propio derecho y en su carácter de Primer y Segunda Concejal Municipal del Concejo Municipal de Macuspana, Tabasco, respectivamente, registrándose bajo los números de expedientes 74/2022 y 76/2022 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual, refiere que se encuentra imposibilitado a dar cumplimiento al requerimiento efectuado por acuerdo de uno de marzo actual, dado que sostiene que el número de expediente del juicio natural no coincide con el requerido por esta jurisdicción. Ahora, si bien existió un error mecanográfico en el número de expediente, lo cierto es que tanto el nombre del actor -aquí quejoso- Ariel García Jiménez, como el número del sumario constitucional en que se actúa, resulta suficiente para direccionar la solicitud de cumplimiento al expediente burocrático 180/2004 del registro del Tribunal oficiante, máxime si esa responsable hace referencia al procedimiento, respecto del cual ha remitido constancias encaminadas al cumplimiento. En esa tesitura, se conmina a la autoridad responsable, en lo sucesivo, se abstenga de efectuar prácticas dilatorias que impacten en la denegación de justicia en detrimento de la ejecución de fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que SIN DILACIÓN dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que sea notificado del presente proveído, realice lo siguiente: ? Informe el estado que guarda el cumplimiento del laudo del expediente laboral 180/2004 y sus acumulados; en particular el monto de la cuantificación restante de pago a favor de la actor Ariel García Jiménez -aquí quejoso-. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización1 , de conformidad con el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. De igual forma se apercibe al MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE que en caso de incurrir en desacato en el término decretado, será denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por el delito establecido en el Valor diario determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: $96.22 para el año 2022. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintidós, mismo que entró en vigor el uno de febrero del mismo año. artículo 267, fracción I de la ley de la materia, el cual se transcribe a continuación: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; Lo anterior con independencia de que se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 constitucional, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo. Notifíquese.
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