Ximena Sarahi Adame Pérez

Expediente 524/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
524/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Ximena Sarahi Adame Pérez
  • Presidente dela Junta Local de Concilaición y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos de los que se aprecia que no obra en autos la constancia de notificación personal realizada a la parte quejosa del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En razón de lo anterior, se instruye al Actuario encargado del trámite del presente asunto, para que a la brevedad posible realice la notificación personal a la parte quejosa del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, a efecto de realizar el computo correspondiente para declararlo como auto firme, o en su caso informe el impedimento que tenga para ello. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado y al efecto remitió diversas constancias relativas al juicio laboral D.O. 335/2016. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se advierte que remitió el auto de diecinueve de febrero de dos mi veinte, dictado en el juicio laboral D.O. 335/2016, documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 Amparo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, se observa que el acto reclamado es inexistente por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Ximena Sarahi Adame Pérez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridad, que a continuación se indican: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES (sic): H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. "IV. ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE DICTAR AUTO DE EJECUCIÓN, COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la impartición de Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las determinaciones de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa Ximena Sarahi Adame Pérez, por propio derecho, reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: La omisión de proveer sobre el escrito presentado en trece de enero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral D.O. 335/2016, a través del cual solicitó se dictara el auto de ejecución del laudo. Luego, entre las constancias que acompañó la responsable a su informe justificado, remitió copia certificada del auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral de origen D.O. 335/2016, en el cual proveyó sobre la promoción presentada por el apoderado de la parte aquí quejosa Ximena Sarahi Adame Pérez, en trece de enero de dos mil veinte. Ahora, de las actuaciones correspondientes se advierte que el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, es lo relativo a la omisión de proveer sobre el escrito presentado en trece de enero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral D.O. 335/2016, a través del cual se solicitó se dictara el auto de ejecución del laudo, es inexistente. En efecto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Dicho artículo señala que el juicio de amparo no es procedente, cuando de las constancias que existan en autos, no se encuentre demostrado el acto reclamado o no esté probada su existencia en la audiencia constitucional. Entonces, a contrario sensu el juicio de amparo es procedente contra aquellos actos que existen al momento de promoverlo, que infieran un agravio o lesión a cualquier derecho o bien del gobernado, asistiéndole así, un interés jurídico al reclamarlo, lo que deriva de los elementos y datos que hay en las constancias presentadas en este juicio de amparo. Ahora como se adelantó, el acto reclamado es inexistente, en virtud de que mediante auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, la autoridad laboral responsable proveyó sobre el escrito presentado en trece de enero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral D.O. 335/2016, a través del cual se solicitó se dictara el auto de ejecución del laudo. Por tanto, resulta evidente que al momento de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, es decir, el catorce de agosto de dos mil veinte, el acto aquí reclamado, no existía. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diez, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Lo anterior, dado que en diecinueve de febrero de dos mil veinte, proveyó en lo que interesa lo siguiente: ".Téngase por recibido ante esta Junta Local el escrito de fecha trece de enero del año en curso, suscrito por el C. JESÚS MONTALVÁN RAMÍREZ, Apoderado Legal de la parte actora, atento a su contenido: Dígase al promovente que no ha lugar en acordar de conformidad su petición, en virtud, de que como se desprende de autos el laudo de fecha dos de diciembre del año dos mil diecinueve, no ha sido notificado a ambas partes y les fenezca el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, se estará en aptitud de acordar lo concerniente a su petición, glósese a los autos el escrito de cuenta." Es por ello, que se insiste que dicho acto reclamado es inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclamó, como se dijo, la omisión de proveer sobre el escrito presentado en trece de enero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral D.O. 335/2016, a través del cual se solicitó se dictara el auto de ejecución del laudo. Luego, de las constancias que adjuntó la autoridad laboral responsable a su informe justificado, se conoce que proveyó sobre el escrito presentado en trece de enero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral D.O. 335/2016, a través del cual se solicitó se dictara el auto de ejecución del laudo; mismo que se determinó que a la fecha no le era posible dictarlo en virtud de que el laudo aún no había sido notificado a las partes, cuya omisión constituye la base del acto reclamado en este juicio de amparo. Con lo anterior, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable ya se había pronunciado sobre la solicitud de la parte aquí quejosa (promoción de trece de enero de dos mi veinte), dentro del expediente laboral D.O. 335/2016. En consecuencia, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley Amparo. Sin que para el caso sea procedente esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para entrar al estudio de las constancias remitidas por la responsable, toda vez que el análisis de éstos deben realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de enero de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cuatro de enero del año en curso, remite copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral 335/2016 de su índice, y la respectiva notificación realizada a las partes; por tanto, toda vez que las citadas constancias forman parte de su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las mismas dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por oficio presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de este juzgado, el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, rindió su informe justificado; sin embargo, no remitió la totalidad de las constancias necesarias para realizar el estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de recibir el oficio que al efecto se le envíe (con transcripción de la presente determinación), remita copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral 335/2016 de su índice, y la respectiva notificación realizada a las partes; toda vez que son necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa. Se apercibe a Ricardo Quiñonez Orozco, Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que de no dar cumplimiento a lo requerido sin causa justificada, en el lapso indicado y con las constancias completas legibles y en orden, en términos de los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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