Ximena Ortega Martínez
Expediente 575/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ximena Ortega Martínez
- María Fernanda Ortega Martínez
- JUEZ DE PARTIDO SEGUNDO CIVIL EN ACÁMBARO, GUANAJUATO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
La sentencia ha causado ejecutoria. Archívese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que firma la jueza Segunda de Partido Civil con residencia en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio propio 23376/2022, con el que se le notificó la sentencia de amparo pronunciada en este asunto.
- Principal
Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********** y ********** respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que el presente asunto se originó con motivo de la demanda de amparo promovida por **************, ambas de apellidos **************** en contra de actos del juez de Partido Segundo Civil con sede en Acámbaro, Guanajuato, en su calidad de ordenadora, y del notario Público designado para intervenir en la ejecución de tales actos, haciendo reserva en el auto admisorio por cuanto a requerir el informe justificado al particular señalado como autoridad responsable ejecutora, hasta en tanto se conociera el nombre del fedatario público o el número asignado a dicha despacho público, ante la circunstancia de no haberse proporcionado tal información por la agraviadas en su escrito inicial de demanda, al manifestar imposibilidad para ello. Ahora bien, consta de autos que ya se tiene noticia, derivado del informe justificado rendido por la jueza Civil responsable, del fedatario público que intervino en la ejecución de los actos reclamados, a saber, el licenciado ****************, titular de la Notaría Público número 2, con ejercicio en Acámbaro, Guanajuato; por tanto, se levanta la reserva decretada en el sumario y al efecto se provee: Al respecto, los actos reclamados por las agraviadas de referencia, consisten en la falta de llamamiento legal al juicio sucesorio 165/2018 a bienes de ***************; en vía de consecuencia, lo actuado en dicho procedimiento. Acto destacado reclamado a la jueza Segunda Civil de Partido con residencia en Acámbaro, Guanajuato; en tanto que al particular señalado como autoridad responsable licenciado ****************, titular de la Notaría Público número 2, con ejercicio en Acámbaro, Guanajuato, la protocolización de las determinaciones asumidas por la autoridad jurisdiccional responsable de referencia, en la etapa correspondiente al subyacente juicio sucesorio. Del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para que un particular se considere autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es necesario que los actos reclamados sean equivalentes a los de autoridad, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del quejoso. En ese orden de ideas, la protocolización de una escritura pública realizada por un notario público, en el ámbito de sus atribuciones conforme a la ley del notariado respectiva, no es un acto equivalente al de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza un acto jurídico que celebran las partes, derivado de un acuerdo de voluntades o bien, determinado judicialmente por la autoridad jurisdiccional . Es aplicable al particular, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.), visible en la página1144 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 69, agosto de 2019, de rubro y texto: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. También se invoca, por los conceptos jurídicos que contiene, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la tesis II.3o.A.4 K (11a.), visible en la página 4684, libro 13, mayo de dos mil veintidós, tomo V, registro digital 2024593, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente epígrafe: "NOTARIOS PÚBLICOS. LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA NO ES UN ACTO EQUIVALENTE AL DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, YA QUE ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES DERIVADO DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES." En razón de lo anterior, es que se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en las fracciones XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que en términos de su numeral 63, fracción V, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio constitucional, exclusivamente por lo que ve a los actos reclamados al particular señalado como autoridad responsable licenciado José Narvaez Mancera, titular de la Notaría Público número 2, con ejercicio en Acámbaro, Guanajuato, al no recaerle, como se expuso, la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo.
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