Ximena Hernández López

Expediente 114/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
114/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Ximena Hernández López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho provisto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el pedimento número 92/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, toda vez que en proveído de siete del mes y año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, en especial la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende, que a la fecha concluyó el término de dos años concedido al quejoso ..., en proveído del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, a fin de que compareciera a este Juzgado Federal a recibir el billete de depósito número N 640888, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, valioso por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), mismo que exhibió para garantizar la suspensión definitiva que se le concedió, sin que lo hiciera; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído, por lo que, se decreta la prescripción del billete de depósito de referencia, a favor del erario federal; por tanto, con apoyo en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, remítase a la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, el aludido billete de depósito, para que su importe sea aplicado a favor del Erario Federal, no así al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, esto porque atendiendo a lo establecido en el artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos recursos no integran el patrimonio del Fondo; solicitando al titular de esa dependencia, se sirva acusar el recibo correspondiente para que obre constancia en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió en parte la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 147/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue solicitado, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo remite como complemento al mismo, copia certificada del acuerdo de dos de marzo del presente año, dictado dentro del juicio laboral 2C-948/2020, de las que se advierte que la citada autoridad responsable, proveyó lo relativo a los medios de prueba ofertados por las partes, dentro del citado juicio laboral. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Ello es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." . De los presentes autos se advierte que mediante auto de uno de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por XIMENA HERNÁNDEZ LÓPEZ, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en: ".La omisión de la autoridad responsables de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, dentro del Juicio ordinario laboral número 2C-948/2020, tramitado ante la Junta Especial Número DOS de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, ya que a la fecha de presentación de la demanda de garantías, la responsable no ha emitido el acuerdo referente a la admisión o desechamiento de las pruebas para el consecuente desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en audiencia de fecha 24 de junio de año 2021, afectando gravemente las garantías de la suscrita con su omisión...". Ahora bien, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, acompañó en copias certificadas a su informe de ley, se desprende el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual, como se anticipó, la autoridad responsable, proveyó lo relativo a los medios de prueba ofertados por las pares dentro del juicio laboral 2C-948/2020, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, como se anticipó, la omisión de emitir proveído en relación a los medios de prueba ofrecidos por las partes dentro del juicio de origen, también los es que el Presidente responsable, el dos de marzo actual, proveyó lo relativo a los medios de convicción ofertados por las partes. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las TRECE HORAS CON VEINTE MINIUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

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