Ximena Castañeda Iriarte

Expediente 541/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
541/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Ximena Castañeda Iriarte

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Apoderada General para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual, informa que se encuentra a disposición del quejoso el contra recibo de cuenta por liquidar certificada número 100971, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por la cantidad de $202,291.83 (doscientos dos mil doscientos noventa y un pesos 83/100 Moneda Nacional), en la Unidad Departamental de Cumplimiento de Sentencias, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la citada dependencia. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense el oficio y anexo de mérito para que obren como corresponda y surtan los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, a efecto de evitar dilaciones en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y considerando que se pueden dictar las órdenes necesarias para que se cumpla con el fallo protector, con copia del oficio y anexo DESE VISTA al quejoso José Alfredo de la Cruz Labrada, asimismo SE LE REQUIERE, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que le sea notificado el presente auto, acredite en forma fehaciente que se presentó en la Unidad Departamental de Cumplimiento de Sentencias, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la citada dependencia, ubicada en calle Liverpool, número ciento veintitrés (123), piso dos (2), colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, código postal cero seis mil seiscientos (06600), en esta Ciudad; debiendo presentar los documentos señalados en el oficio que se atiende, APERCIBIDO que en caso de omisión de su parte se entenderá que ya dispuso de la cantidad de $202,291.83 (doscientos dos mil doscientos noventa y un pesos 83/100 M.N.), y en el momento procesal oportuno este Juzgado decretará cumplido el fallo. Asimismo, se requiere a la Apoderada General para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en cuanto acuda el quejoso a recoger el citado contra recibo lo informe a la brevedad y remita las constancias que acrediten lo anterior; se apercibe a la citada autoridad que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, según lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de notificar el presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa José Alfredo de la Cruz Labrada, en el domicilio ubicado en calzada San Antonio Abad, número doscientos catorce (214), colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vistos los escritos de cuenta en que los quejosos formulan diversas manifestaciones, precisiones y peticiones en relación al alcance probatorio de algunas probanzas, las pretensiones de los quejosos y los terceros interesados; el primero de ellos, realiza diversas afirmaciones respecto al proveído de doce de los corrientes y en el segundo, se refiere a un auto de quince de abril del año en curso, el cual es inexistente por no corresponder a algún acuerdo dictado en este sumario; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se agregan a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, tomando conocimiento de sus contenidos. En atención al contenido del primero de los referidos escritos (controlado con el número 5181), relativo al auto de doce de abril del año que transcurre, se provee lo siguiente: En relación a la solicitud de copia de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de queja Q.A.139/2020, cabe señalar que ante la escasez de recursos materiales con que cuenta éste juzgado y a fin de contribuir al ahorro de los mismos, aunado a que de conformidad con lo dispuesto por los artículo 13 y 14, fracción II, del invocado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional se encuentra laborando de manera presencial únicamente con el treinta por ciento del personal de su plantilla y el resto labora bajo el esquema de trabajo remoto o a distancia, así como las cargas excesivas de trabajo y el horario restringido para el desarrollo de las actividades de este juzgado, hace que por el momento resulte física y humanamente imposible expedir las copias que refiere, pues el personal que acude a laboral de manera presencial se encuentra dedicada a la labor jurisdiccional y quienes laboral a distancia se encuentran imposibilitados para imponerse físicamente de las constancias que integran el presente asunto. No obstante lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente, infórmeseles que las constancias que integran el presente juicio se encuentran a su disposición en el expediente electrónico relativo al presente asunto, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), o bien, si así lo estima conveniente, pueden acudir a las instalaciones de éste juzgado para reproducir por cualquier medio electrónico, tales como cámara fotográfica y/o escáner, las constancias solicitadas, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Además, dígasele a los ocursantes que no existe obligación de correrles traslado con la copia del testimonio en comento, para que estén legalmente notificados del acuerdo en comento y surta plenos efectos legales lo ahí acordado, pues como lo afirman, ya tienen conocimiento de su contenido, al señalar que se reanudo el procedimiento del presente asunto, aunado a que deben considerar lo antes señalado. Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que vierten en vía de alegatos, referentes a cuestiones propias de las pretensiones contenidas en la demanda de amparo; las pruebas desahogadas en el presente asunto, las cuales se relacionan en la audiencia constitucional, sin perjuicio de ser relacionados al momento de llevar a cabo dicha diligencia. En relación al emplazamiento de los terceros interesados, en el sentido de afirmar que no se consideraron los domicilios proporcionados por los quejosos, cabe señalar, que contrario a lo afirmado, en proveído de quince de octubre de dos mil veinte y doce de abril de dos mil veintiuno, se ordenó su emplazamiento, en lo conducente, en los domicilios que señalan los ocursantes, de cuando menos de Raymundo Bolaños Flores, sin que se hubieren obtenido resultados satisfactorios, además en este último auto, se ordenó de manera paralela investigar el domicilio de los terceros interesados para lograr el referido emplazamiento. Ahora, en atención a la precisión que se realiza, se tiene a ENRIQUE ROJAS ROMERO, como nombre correcto de ese tercero interesado y como los esfuerzos para localizarlo se refieren a Enrique Romero Rojas, en atención a lo que señalaron oportunamente los quejosos, a efecto de no vulnerar las reglas del procedimiento, se ordena dictar las medidas conducentes para su emplazamiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, comisiónese a alguno de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito para que, con copia del escrito de demanda, desahogos y ampliación, emplace al presente juicio de garantías al tercero interesado Enrique Rojas Romero en los domicilios aportados en autos por la parte quejosa, ubicados en avenida Hidalgo ciento veintitrés, colonia Barrio de la Concepción código postal 12000, o Avenida Jalisco sin número, esquina Nuevo León, Barrio San Mateo, ambos domicilios ubicados en la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México, en términos de los lineamientos señalados en la Ley de Amparo, para ese tipo de diligencias y de ser posible, dicho tercero interesado, se apersone al presente juicio de garantías y manifieste y haga valer lo que a su interés y derecho convenga. Lo anterior, en el entendido que tan pronto se logre su emplazamiento, será innecesario que se constituya en el restante domicilio. En ese sentido, se instruye al actuario judicial adscrito que cuando se dirija a emplazar a Enrique Rojas Romero, quien pudiera ser integrante del órgano de administración d la sociedad Rastro Agropecuario Milpa Alta, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada y una vez cerciorado y constituido en los domicilios señalados en el párrafo que antecede, la persona con quien entienda la diligencia deberá demostrar fehacientemente la plena constitución y existencia de la citada sociedad, así como las facultades de sus órganos de representación y que se encuentren legalmente vigentes, incluyendo el nombramiento administrativo de tal persona física, para lo cual deberá recabar copias del instrumento o escritura pública, pasada por fedatario público legalmente establecido para ello, que le sean proporcionadas por la persona que atienda su notificación, que demuestren la existencia legal y la representatividad de los cargos conferidos por el consejo de administración de dicho ente social, situación que se pone de relieve para que en caso de que no se justifiquen tales extremos NO PODRÍA DESARROLLARSE LA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO CORRESPONDIENTE. El anterior proceder se justifica en que este Juzgador debe dar certeza jurídica a las diligencias que se lleven a cabo en los expedientes que tiene a su cargo, como es el presente asunto y así procurar seguridad jurídica entre las partes, para garantizar que efectivamente la persona buscada tenga relación con el domicilio señalado y así evitar, que se pueda constituir algún fraude procesal, originado por la información proporcionada por los enjuiciantes, en términos de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, y así respetar el derecho humano a una recta administración de Justicia, en su vertiente de acceso y certeza jurídica, Cabe señalar que una vez que se conozca el resultado de la aludida diligencia de emplazamiento, en su caso, se dictaran las medidas de investigación necesarias para conocer el domicilio de Enrique Rojas Romero, mientras tanto suspéndase toda actuación tendiente a localizar a la persona con nombre incorrecto de Enrique Romero Rojas. Lo anterior no implica reintentar el emplazamiento del otro tercero interesado Raymundo Bolaños Flores, pues las diligencias de notificación surten plenos efectos jurídicos y toda vez que ya se ha comisionado al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado para que se constituyera en los domicilios proporcionados por los quejosos, sin que hasta el momento haya sido posible notificar a dicho tercero interesado tal y como se desprende de las respectivas razones de imposibilidad levantadas por el citado funcionario y que obran agregadas en autos, por lo que este Juzgador se encuentra en proceso de investigación con diversas autoridades para la obtención del domicilio actual y corrector de dicha persona, por lo que, deberá estarse a lo acordado en auto de nueve de noviembre de dos mil veinte. Adicionalmente, no es el caso acordar favorablemente la solicitud de los promoventes para señalar hora y lugar para acompañar al Actuario Judicial adscrito cuando se dirija a realizar el emplazamiento primordialmente de Enrique Rojas Romero con el objeto de señalarle la ubicación correcta de su domicilio, pues atendiendo a las restricciones implementadas con motivo de la contingencia sanitaria que prevalece en la actualidad debido a la pandemia por COVID-19 y que tienen por objeto asegurar que no se ponga en riesgo la salud de ninguna de las partes en los juicios de amparo y de los funcionarios adscritos a éste órgano, pues debe existir sana distancia, lo cual es con el objeto de evitar exponer al fedatario judicial a tener contacto con personas desconocidas, cuya procedencia se desconoce y así no probar la concentración de personas, motivo suficiente para desestimar su petición. Por otra parte, en relación al desacuerdo mostrado referente a la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito para desahogar la prueba de inspección judicial ordenada en auto de quince de octubre de dos mil veinte, lo cual se asentó en acta de veintidós de octubre pasado, deberá estarse a lo ordenado en auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, en que se expusieron las razones y motivos por los cuales no era jurídicamente posible acceder a sus pretensiones, ni que procedía la reposición de dicha diligencia judicial, siendo que las constancias que refieren, forman parte de dicha probanza al ser parte de la labor judicial del actuario adscrito a este Juzgado Federal, las cuales serán consideradas, en su caso, en el momento procesal oportuno, motivo por el cual, no pueden ser valoradas de manera aislada a dicha actuación, máxime que se constituyen en una prueba de instrumental de actuaciones, por estar integrada al presente expediente. Por lo que hace, a la eficacia y alcance probatorio del material convictivo que señala y de resolver la problemática planteada, hágase saber que no es el momento procesal oportuno para hacerlo, en términos de los artículos 74, fracción III, 119, párrafo primero, 123 y 124, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoriamente a la ley de la materia, pues dicha facultad se ejerce al momento de emitir la sentencia correspondiente en que se resolverá la litis planeada y el fondo del asunto. Sin que sea el caso de hacer mayor pronunciamiento respecto a la prevención que señalan los quejosos atienden, pues de las constancias que integran este expediente, se advierte que en fechas recientes no se realizó requerimiento alguno, motivo suficiente para desestimar sus argumentos encaminados en ese sentido. Además, respecto de los señalamientos relativos a la falta de contestación y respuesta por parte de las autoridades señaladas como responsables desde el año dos mil diecinueve, acorde a lo ordenado en proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, en que se ordenó la escisión en el presente juicio respecto a dichos actos, los mismos constituyen la materia de un diverso juicio de amparo, cuestión que resulta ajena al presente expediente. Por otra parte, respecto a la solicitud de la suspensión de los actos reclamados, así como la aclaración de los términos y circunstancias, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 119, 123, 124, 128, párrafo segundo y 143, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, no pueden ser consideradas en este expediente principal en que se actúa y por ende, no se acuerda favorablemente, por ser cuestiones propias de la suspensión de los actos reclamados, en atención a que su tramitación es por cuerda separada y tiene autonomía procesal con este expediente principal, lo que constituye una imposibilidad jurídica para hacer algún pronunciamiento al respecto. Ahora, en relación a las manifestaciones formuladas respecto al pronunciamiento de este Juzgado en el sentido de no tener como tercero interesado a Romualdo Fermín Pérez Alvarado, invocando los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe señalar que con dichos preceptos de ninguna manera justifican el supuesto carácter que pretende atribuirle como tercero interesado para efectos del presente juicio de amparo, acorde al numeral 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, al no ser jurídicamente válido que se argumenten los principios de instancia de parte agraviada y acceso a la justicia , para acceder a sus pretensiones, por lo que no es el caso de acordar favorablemente. De igual modo, no es el caso de realizar mayor pronunciamiento respecto a tener como tercera interesada a Gudelia Alvarado Peña, toda vez que en proveído de doce de abril del año en curso, se acordó lo conducente, por lo que deberá estarse a lo ahí ordenado. Por lo que hace a la solicitud para recabar la escritura pública número dos mil setecientos veinte, en que el promovente dice consta la constitución de la sociedad de producción rural de responsabilidad limitada denominada RASTRO AGROPECUARIO MILPA ALTA, estese a lo ordenado en el multicitado auto de doce del mes y año que transcurre. En relación a lo manifestado respecto a las pruebas ofrecidas en el escrito de ampliación de demanda identificadas con los incisos a), c), f), b), m) y ñ), cabe destacar que ya fueron materia de pronunciamiento en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que prevalece el acuerdo referido en el párrafo que antecede. En otro orden de ideas, respecto a lo señalado por el promovente en el sentido de referirse como administrador y poseedor del Rastro Agropecuario Milpa Alta, cabe señalar que el supuesto cargo o título que dice ostenta, resulta irrelevante para efectos del presente juicio, puesto que la demanda de amparo se admitió por su propio derecho, por así haberlo manifestado expresamente los promoventes. Por lo que hace a los petitorios TERCERO y CUARTO del escrito que se atiende, en los que solicita se requiera el informe, se señale fecha para que tenga verificativo la audiencia incidental y se expida copia certificada de la suspensión temporal y en su momento definitiva, como se señaló, no es el caso proveer al respecto atendiendo a la autonomía procesal de las actuaciones relativas a dicha medida cautelar. Respecto al petitorio QUINTO del citado apartado, en que solicita se ordene dar vista a la representación social federal, cabe señalar que desde la admisión del presente asunto se dio la intervención que legalmente le corresponde, por lo que la totalidad de las actuaciones se encuentran a su disposición al ser parte, por lo que no es el caso emitir mayor pronunciamiento. En relación al petitorio SEXTO, en que solicita una cita presencial, hágase del conocimiento que durante el periodo de vigencia del horario escalonado para trabajo presencial de este órgano jurisdiccional previsto en el artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá agendar previamente una cita a través del portal del Consejo de la Judicatura Federal https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales /home y presentarse en la fecha y hora otorgada por dicho sistema con la impresión del Código "QR" respectivo, con el que se le permitirá el acceso a las instalaciones de éste órgano jurisdiccional siempre y cuando acuda perfectamente protegida con las medidas de seguridad requeridas para la conglomeración de personas (guantes de látex, cubre boca, careta, etcétera), momento en que podrá acceder a las instalaciones de este Juzgado Federal. Por otra parte, en relación con el escrito segundo escrito de cuenta (controlado con el número 5182), se acuerda lo siguiente: Ateniendo a que en dicho ocurso se pretende solventar lo requerido en proveído de fecha quince de abril del año en curso y como se anticipó no existe en el expediente en que se actúa acuerdo emitido en dicha fecha, motivo suficiente para que toda referencia o aclaración en ese sentido no sea considerada ni motivo de pronunciamiento alguno, más aún en auto de doce de abril de año en curso, se admitió la ampliación únicamente en contra de la autoridad responsable Titular de la Estación de Bomberos Milpa Alta del Gobierno de la Ciudad de México y como actos reclamados los señalados expresamente por los enjuiciantes, la cual no tiene relación con los argumentos que ahora proponen los quejosos. En relación a la solicitud de expedición de la copia de la aludida ejecutoria, estese a lo aquí acordado. En relación a la precisión de los actos reclamados que refieren, no es el caso de considerarla, pues la litis planteada en este asunto, se precisara a partir de lo señalado en la demanda de amparo, escritos de ampliación y ampliación en comento. De igual modo, respecto al señalamiento de los domicilios de los terceros interesados Raymundo Bolaños Flores y Enrique Rojas Romero, así como de la pretensión de tener con dicho carácter a Victorio Pérez Ruíz, Romualdo Fermín Pérez y Gudelia Pérez, deberá estarse a lo acordado en el proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, así como a lo anteriormente determinado. Por otra parte, se toma conocimiento de lo manifestado en el sentido de desconocer el domicilio de diversas autoridades, para los efectos legales a que haya lugar, siendo irrelevante esa expresión al no tener alguna relación con requerimiento que se hubiere formulado a la parte actora, dictado en este asunto. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas en la versión y manera en que son presentadas originalmente las pruebas documentales descritas en el apartado correspondiente, consistentes en algunas impresión de diversas fotografías; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional y en su caso, se otorgara el valor probatorio tal y como son presentadas, al dictar sentencia en el presente asunto. Sin que sea el caso de llamar al presente juicio con el carácter de tercero extraño a SINDICATOS UNIDOS POR LA EMANCIPACIÓN DE MÉXICO, como se propone, dado que la fotografía descrita en el inciso b), no es indubitable ni resulta suficiente para demostrar el carácter que se pretende, en términos del numeral 5°, fracción III, de la ley de la materia. De igual modo, no es el caso realizar la certificación que solicita respecto a las referidas impresiones de fotografías, para los fines pretendidos, dado que, en el caso del Actuario Judicial, únicamente posee facultades para dar fe de sucesos presentes que perciba directamente a través de sus sentidos y que le constan a través de sus sentidos naturales y no se autoriza para realizar certificaciones de documentos de manera aislada y que no estén relacionadas con alguna de las diligencias en que hubiere participado. Y, respecto a la certificación del Secretario de Juzgado, no se encuentra en posibilidad de hacerla, pues dichos documentos se exhibieron en copias simples y no se presentaron sus originales para realizar el cotejo y compulsa de los mismos, sin que el criterio que se invoca sea suficiente para determinar lo contrario, pues resulta inaplicable al presente caso por referirse a cuestiones de la Ley Federal del Trabajo, que no rige el presente asunto, sino la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación a la apreciación y pretensión de la parte quejosa referente a que ".Se ha demostrado en el presente la existencia de RASTRO AGROPECUARIO MILPA ALATA (sic), LA EXISTENCIA DE LAS INSTALACIONES CON INSTRUMENTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE ES ECONÓMICAMENTE MUY COSTOSO, LA EXISTENCIA DE UNA ADMINISTRACIÓN, LA EXISTENCIA DE UNA PERSONA ADMINISTRADORA, LA EXISTENCIA DE OPERACIÓN,LA EXISTENCIA DE UN JUICIO DE CLAUSURA REALIZADA POR FUNCIONARIOS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CON LA QUE SE SIGUE DEMOSTRANDO LA POSESIÓN, LA EXISTENCIA DE LA DESPOSECIÓN DE MANERA NOTORIA Y MALA FE DE PARTE DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS Y RELACIONADAS.", no es el caso de hacer mayor pronunciamiento, pues como se asentó, no es el momento procesal para emitir el pronunciamiento al respecto, por ser una cuestión, que en todo caso, será materia de la sentencia que resuelva el fondo del presente asunto. Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, difundido en el Diario Oficial de la Federación el treinta uno de julio de dos mil veinte, téngase el correo electrónico que señalan, para entablar comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. En relación al señalamiento de domicilio y autorizados Víctor Manuel Gómez Martínez y Alfredo Cid del Prado Mondragón, para oír y recibir notificaciones, estese a lo acordado en proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte. Finalmente, se autoriza en términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos, a Brenda Guadalupe Sánchez Hernández. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a los quejosos Othón López Fierro y Sonia Monterola Olvera, en el domicilio ubicado en avenida Crisóforo Salido G. número setecientos setenta y seis, planta baja, colonia Escuadrón doscientos uno, alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, al tercero interesado Enrique Rojas Romero en los domicilios aportados en autos por la parte quejosa, ubicados en avenida Hidalgo ciento veintitrés, colonia Barrio de la Concepción código postal 12000, o Avenida Jalisco sin número, esquina Nuevo León, Barrio San Mateo, ambos domicilios ubicados en la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe. El Juez

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