Xavier Salvador Escobar Medina

Expediente 75/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
75/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Xavier Salvador Escobar Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, trece de octubre de dos mil veintitrés. Hágase del conocimiento a las partes que en sesión ordinaria celebrada del catorce de julio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la primera adscripción de la Jueza Emma Magnolia Ayala Rivera, a cargo de este Juzgado de Distrito, en sustitución del Juez José 09/11/23 08:28:34 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.90.d0 JESUS ALBERTO FLORES FLORES Elías Pacheco Martínez, con efectos a partir del quince de agosto de dos mil veintitrés. La notificación a las partes, incluyendo a las autoridades responsables y en su caso, a las autoridades que tengan el carácter de tercero interesado, se realiza por medio de lista, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, con registro digital 2002576, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, CAUSÓ ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Previas las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. 09/11/23 08:28:34 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.90.d0 JESUS ALBERTO FLORES FLORES Juicio de Amparo 75/2023-II Una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme al artículo 20, fracción II del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** de la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, remite copias certificadas de las constancias conducentes del expediente laboral ***. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra actos de la autoridad responsable el Juez del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y otra autoridad, a quienes les reclamó la omisión de acordar la admisión de su escrito de demanda fue presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós y su notificación. Ahora bien, la autoridad responsable, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado por el quejoso. Asimismo, remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral ***, de cuya lectura se advierte que en proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a la parte actora (aquí quejosa), así también remite las constancias de emplazamiento de ***; ***; ***; *** y ***, ***, e ***, así también de la lectura de las constancias, se advierte que ***, se desistió respecto de la acción contra ***, dentro del expediente laboral ***. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió, así como el sello del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. Bajo ese contexto, en razón de que ya fue admitida la demandada a Juicio laboral **** y emplazada la parte demandada, por tanto, resulta evidente que ha cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    "Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** de la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, remite copias certificadas de las constancias conducentes del expediente laboral ***. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra actos de la autoridad responsable el Juez del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y otra autoridad, a quienes les reclamó la omisión de acordar la admisión de su escrito de demanda fue presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós y su notificación. Ahora bien, la autoridad responsable, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado por el quejoso. Asimismo, remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral ***, de cuya lectura se advierte que en proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a la parte actora (aquí quejosa), así también remite las constancias de emplazamiento de ***; ***; ***; *** y ***, ***, e ***, así también de la lectura de las constancias, se advierte que ***, se desistió respecto de la acción contra ***, dentro del expediente laboral ***. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió, así como el sello del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. Bajo ese contexto, en razón de que ya fue admitida la demandada a Juicio laboral **** y emplazada la parte demandada, por tanto, resulta evidente que ha cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mesa II...."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la Jueza del Juzgado del Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, no ha dado cumplimiento al requerimiento decretado en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés; sin que tampoco atendiera el oficio recordatorio de uno de junio del propio año; no obstante de estar debidamente notificada de dichos autos. En consecuencia, por última ocasión requiérase a la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, para que en el plazo de tres días hábiles dé cumplimiento al requerimiento decretado en auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, reiterado en proveído de uno de junio de ese mismo año, en la inteligencia que de insistir en desatender dichos requerimientos, se le hará efectivo el apercibimiento de multa decretado en acuerdo de quince de mayo del presente año, esto es, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, esto con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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