Xavier Rene Franco Diaz
Expediente 764/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Xavier Rene Franco Diaz
Actuaciones
- Principal
MESA IV.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, se procederá su destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existe documento original exhibido por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA IV.- Vista la cuenta que antecede agréguese a estos autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde informe justificado, sin que sea el caso poner a la vista de las partes en virtud de lo acordado a continuación. XAVIER RENÉ FRANCO DÍAZ, reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la falta de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, el cual obliga a que concluido el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas, la autoridad debe señalar fecha y hora para el desarrollo de la audiencia de desahogo de pruebas, en el juicio reclamatorio laboral 829/2019. HECHOS. Del informe justificado que obra en autos, así como de su anexo, que en copias certificadas remite la autoridad señalada como responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: Acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado por la Junta responsable en los autos del juicio laboral de origen, en el cual se pronuncia sobre las pruebas ofrecidas por las partes. CONTEXTO LEGAL. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, la suscrita estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hace improcedente el presente juicio de amparo indirecto, esto es, han cesado los efectos del citado acto reclamado que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la falta de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, el cual obliga a que concluido el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas, la autoridad debe señalar fecha y hora para el desarrollo de la audiencia de desahogo de pruebas, en el juicio reclamatorio laboral 829/2019. Ahora bien, del legajo de copias certificadas que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, antes relatadas y valoradas, se aprecia que el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Junta responsable dictó en los autos del juicio laboral de origen un acuerdo, en el cual se pronuncia sobre las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen, señalando incluso fechas uno y catorce de en este mes de junio para el desahogo de las pruebas de confesión a cargo de actor y demandados, así como la diversa prueba de inspección; y cinco de julio próximo para el desahogo de las testimoniales ofrecidas, mismas que se estima se encuentran de un plazo razonable para que se lleven a cabo se agilice el procedimiento obrero. De lo anteriormente reseñado, puede inferirse que el acto omisivo que se le reclama ha cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada la señalada en el artículo 17 Constitucional. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dejando sin efecto la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el once de junio de dos mil veintiuno, a las doce horas con veinte minutos. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia del rubro y tenor literal siguiente: Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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MESA IV.- Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. En consecuencia, fórmese expediente, tanto físico como electrónico (el cual deberá integrarse conforme a lo estipulado en el acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal); regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, para que lo rinda en el plazo de quince días siguientes contados a partir de la notificación de este acuerdo, en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y al que deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Además, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que acrediten su actualización. En tal virtud, apercíbasele que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora bien, indíquese a las partes, incluso a la autoridad responsable, que de señalarse una nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, salvo que ésta se modifique en un día diverso a la originalmente prevista, no ameritará una notificación de naturaleza personal o su equivalente por oficio. Resérvese hacer pronunciamiento en relación a los terceros interesados señalados por la parte quejosa, hasta que obre en autos el informe de la autoridad responsable del que se advierta les recae tal carácter. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito y como lo solicita el ocursante, se tiene como sus autorizados a ..., únicamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, en los términos del párrafo segundo del artículo 24, de la Ley de Amparo. No obstante, cabe señalar que la autorización para imponerse de autos, implica la posibilidad de realizarlo mediante la utilización de medios electrónicos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Hágase saber a las partes que pueden oponerse a la publicación de sus datos y que, mientras esto no acontezca, este órgano jurisdiccional, en aras de una protección a su intimidad, determina suprimirlos de las versiones públicas de las resoluciones que se dicten en este asunto. No se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. Respecto a la prueba instrumental de actuaciones a que hace referencia la parte quejosa en su demanda de amparo, no ha lugar a tenerla por admitida, toda vez que no obra en autos. Finalmente, al tomar en consideración de las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19), se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. En el caso de las autoridades responsables, aunque se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, se les requiere para que proporcionen a este Juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional (4jdo14cto@correo.cjf.gob.mx). Lo que de ningún modo sustituye la facultad de este Juzgado de ordenar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. Tratándose del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, notifíquesele vía correo electrónico a la dirección rossana.rosas971@gmail.com, con independencia de que pueda efectuarse por la vía ordinaria. 2. A que en su primera comparecencia en este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las pates y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. 3. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Notifíquese.
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