Xavier Epigmenio Carreto Arredondo
Expediente 638/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 638/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Xavier Epigmenio Carreto Arredondo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Atento al estado que actualmente guardan los presentes autos y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de inconformidad, en contra del acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de 10/08/23 16:03:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d MARÍA CHAVEZ VALENCIA marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro el término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Finalmente, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido por María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Atento al estado procesal que guarda el presente sumario y a la certificación secretarial de cuenta, ya feneció el plazo de tres días concedido en proveído de veinte de septiembre del presente año, a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. El quejoso solicitó el amparo contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, de quien reclamó la omisión de dictar la interlocutoria en el incidente de insumisión al arbitraje propuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el juicio laboral 839/2019 de su índice. En la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.]: Resuelva el incidente de insumisión al arbitraje planteado en el juicio de origen y ciña sus actuaciones acorde a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, siempre y cuando no tenga algún impedimento legal y material para ello." En cumplimiento a esa sentencia, mediante oficio 08.43-3516/2021, de seis de agosto de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de insumisión al arbitraje de la misma fecha, dictada en el juicio laboral 839/2019, de su índice; documental pública que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Constancia con la cual se dio vista a las partes mediante proveído de veinte de septiembre de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgador procedería a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido o no, sin que ninguno lo haya hecho. En virtud de lo expuesto, si la autoridad responsable procedió en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de sus derechos vulnerados y por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a Ma. del Rosario Manzanárez Chávez, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Visto; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE a ****, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se tiene que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, realice lo siguiente: ? "Resuelva el incidente de insumisión al arbitraje planteado en el juicio de origen y ciña sus actuaciones acorde a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, siempre y cuando no tenga algún impedimento legal y material para ello." Importa precisar que de los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a) El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b) El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c) En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. d) En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e) Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. En ese sentido, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad este juzgado federal procede a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable acate de manera completa e indudable el fallo protector; por tanto, se otorga por única ocasión a la autoridad responsable el improrrogable plazo determinado de DIEZ DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración la complejidad y dificultad para que resuelva el incidente de insumisión al arbitraje planteado en el juicio de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para que dentro de dicho plazo, acredite que ya se acató la ejecutoria de amparo emitida en este sumario. Apercibido que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de las protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no la exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad requerida que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realice, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, la autoridad de referencia podrá incurrir en los delitos previstos en los artículo 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sin que sea el caso requerir a alguna otra autoridad, como superior jerárquico de la autoridad responsable, en términos de la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Notifíquese.
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