Xavier Alejandro Platero Trejo y Otros.

Expediente 375/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
375/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/08/2019

Partes del expediente

  • Xavier Alejandro Platero Trejo y Otros.
  • Valeria Platero Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, doce de agosto de dos mil diecinueve. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo legal de cinco días hábiles, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones en el libro de juzgado que corresponda y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por tanto, se dejan a disposición de la parte promovente, los documentos fundatorios, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este proveído, comparezca ante la secretaría del juzgado, por sí o a través de persona autorizada para tal efecto a recibir los documentos que exhibió en autos. Se le apercibe que en caso de no comparecer a recibir los citados documentos, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de aquél siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído le resulte, pasados noventa días, estos serán destruidos junto con el expediente, según sea el caso; lo anterior con fundamento en el último párrafo del punto Vigésimo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 expedido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que lo anterior implique restricción alguna en relación con la facultad que tiene para comparecer a su recepción, puesto que de cualquier forma quedan a su disposición mientras no se lleve a cabo su destrucción. Ahora, en virtud de que se considera que el expediente en que se actúa, dada su naturaleza y sentido del fallo, carece de relevancia documental, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción, pues se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción I, del invocado Acuerdo 1/2009. Consecuentemente, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la notificación de este auto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero, del Acuerdo General de referencia, este expediente estará en aptitud de destruirse. Por último, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Visto, el escrito de demanda que promueve Lourdes Adriana Trejo Elizalde, a nombre y representación de los menores Xavier Alejandro Platero Trejo y Valeria Platero Trejo, contra actos de la agente del Ministerio Público, Orientador, Licenciada Ariana Leticia Rosales López, con residencia en esta ciudad, y anexos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo número 375/2019-III. Ahora, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo el juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, en ese sentido es conveniente destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", por lo que se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa. Del análisis integral de la demanda de derechos fundamentales, se desprende que la parte quejosa reclama el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el que el agente del Ministerio Público responsable, decretó la facultad de abstenerse de investigar los hechos denunciados por la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente señalar lo que dispone el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas [.]". Ahora, de lo anteriormente trascrito, se desprende el principio de definitividad del acto reclamado que rige al juicio constitucional, el cual establece que el juicio constitucional, por regla general, sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o no proceda en su contra algún recurso, juicio, o medio de defensa que pueda dar lugar a su modificación, revocación, o anulación. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Se exceptúa de lo anterior, los casos en que el recurso o medio de defensa no permita solicitar la suspensión del acto reclamado o previéndola, la Ley que lo rija exija mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; así como, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. En este sentido, resulta necesario precisar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 109, fracción XXI, disponen lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;.". (Lo subrayado es propio) El Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en el artículo 258, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento, que la víctima u ofendido tendrá el derecho de impugnar ante el Juez de control, la determinación sobre la abstención de investigar, así como las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación; es decir, que ante la omisión del Representante Social de actuar como corresponde en la etapa de investigación, existe la obligación de impugnar dicha conducta en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es requisito indispensable para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto. En ese contexto, como quedó precisado, la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación que decretó la abstención de investigar los hechos denunciados por ella, por lo que, previo a instar el juicio de amparo, debió hacer valer el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el cual podría obtener resolución favorable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.27(2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, Materia(s): Común, Penal, con número de registro 2017641, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, Materia(s): Común, Penal, con número de registro 2017640, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." No pasa desapercibido que la promovente interpusiera en representación de dos menores de edad la demanda de derechos fundamentales que se atiende; pues al margen que no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad, contemplado en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, porque en el presente asunto no se controvierte una resolución que en caso de ejecutarse, cause un riesgo para los menores, sino una abstención de investigar, contra la cual existe un recurso idóneo, efectivo, oportuno y apto para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto impugnado, en los términos indicados en las jurisprudencias antes transcritas; lejos de resultar benéfica la promoción del juicio de amparo, le generaría un mayor retraso en el desarrollo del procedimiento de origen, tal y como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte en la ejecutoria emitida el dieciocho de abril pasado, dentro del expediente relativo a la contradicción de tesis 233/2017, como se observa de la presente transcripción: "Derivado de lo anterior, esta Primera Sala estima que si la víctima u ofendido acude directamente al juicio de amparo, ello generaría mayor retraso en el desarrollo del procedimiento penal. Veamos por qué. Como ha sido señalado en esta resolución, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo en una u otra fase, son distintas. Al respecto, esta Primera Sala aprecia que la promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, supone que su trámite y posterior resolución puede encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve en sede judicial ordinaria. Lo anterior implica, prima facie, las siguientes problemáticas: Que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal; o Que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijado por el juez de control y se cierre la fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio en la investigación del delito, pues concluida una etapa procesal, los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa siguiente. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución." (subrayado y negritas añadido) En efecto, como complementario a lo transcrito, en la promoción y tramitación del juicio de amparo transcurre un tiempo mayor, al recurso tramitado en sede judicial ordinaria, pues además del que se requiere en la tramitación del juicio de amparo, si se concede la protección constitucional, tendría que llevarse a cabo el procedimiento de ejecución de sentencia, una vez que ésta cause ejecutoria o bien, una vez substanciado el recurso de revisión, mientras que el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que es presentado, el juez el convoca a una audiencia para decidir en definitiva sobre la abstención atribuida al fiscal investigador y ordenarle que cese la misma. Por lo tanto, se concluye que a nada práctico ni benéfico llevaría admitir la demanda que nos ocupa ya que lejos de acatar el imperativo constitucional de lograr la administración de justicia de manera pronta y expedita, se ocasionaría, un retraso en este aspecto, y una falta de concreción práctica en los efectos del amparo, lo que es del todo contrario a la naturaleza misma del juicio de derechos fundamentales. En virtud de lo expuesto, al evidenciarse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, así como la determinación de decretar la abstención de investigar, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al promoverse la demanda de amparo de cuenta, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provoca que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo, pues de acuerdo a lo antes expuesto existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Es de señalar que este pronunciamiento de ningún modo transgrede lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, pues este principio no exime a la parte quejosa de respetar los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de dos mil catorce, tomo I, página cuatrocientos ochenta y siete, Décima Época, cuyo rubro es: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Igual determinación, emitió este juzgador en el juicio de amparo 508/2018, misma que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante ejecutoria de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro de la queja penal 186/2018. En otro aspecto, se tiene como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miriam Álvarez Aguirre y Joaquín Medina Carlos, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora bien, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como autorizado en el expediente electrónico de este juicio de amparo a Miriam Álvarez Aguirre, con el usuario: miriamlex, por lo que, se acuerda de conformidad su petición, es decir, como lo solicita, con fundamento en los artículos 3, 24, tercer párrafo y 26, fracción IV todos de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte promovente el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones aun las de carácter de personal, dictadas en el presente asunto, de manera electrónica, por así haberlo solicitado ésta. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de la actuaria de este juzgado realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Luego, a fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado.

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