X. G. Ch. P.
Expediente 303/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- E. H. Ch. P. y Otros.
- X. G. Ch. P.
- X. G. Ch. P. y Otros.
- Horacio Chávez Escobedo
- Juez Segundo de lo Familiar. Salina Cruz, Oaxaca
- E. H. Ch. P.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la Juez Segundo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, remitiendo copia certificada deducidas del expediente ********************, de su índice, a su informe justificado, sin embargo, toda vez que ya no es necesario que las mismas obren en este juicio, dado que en proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del mismo, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución a la citada autoridad responsable, de las constancias antes descritas. Cúmplase.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse negado y concedida la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso A, del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de dos de febrero del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, CAROLINA LIMA JORGE 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cc.67 28/09/22 16:35:37 trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, CAROLINA LIMA JORGE 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cc.67 28/09/22 16:35:37 transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho incidente. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a las partes en proveído de veintiuno de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, sin que hubiesen expresado manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la sentencia protectora se encuentra o no cumplida acorde a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1698, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Décima segunda Sección - Ejecución de Sentencia de Amparo, Apéndice de 2011, Novena Época, con número de registro 1003378, cuyo rubro y texto es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Para ello, se tiene que por sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se concedió el amparo a la parte quejosa Dora Alicia Pérez Castillejos, en representación de sus menores hijos de iniciales X. G. Ch. P., D. V. Ch. P. y E. H. Ch. P., para los siguientes efectos: "[.] a) Ordene requerir al demandado Horacio Chávez Escobedo, para que exhiba la cantidad faltante respecto de las quincenas de septiembre de dos mil veinte y para el caso de que no dé cumplimiento, proceda a hacer efectivo apercibimiento con que lo conminó el dieciséis de octubre del dos mil veinte. b) Asimismo, deberá vigilar que hasta la fecha en que se dicta la presente sentencia, se cumpla de manera puntual con el pago de la pensión alimenticia decretada a favor de los menores de iniciales X.G.Ch.P, D.V.Ch.P y E.H.Ch.P., debiendo apercibirlo en términos de ley para el caso de que el demandado incurra en incumplimiento de sus obligaciones, y en el supuesto de suceder ello, haga efectiva la medida de apremio con que fuera conminado, lo anterior, sin perjuicio de dar vista al Ministerio Público, con su conducta, lo anterior hasta lograr garantizar el pago. [.]" Luego, mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, causo ejecutoria la sentencia en el presente juicio, se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio 331/2021, de tres de marzo de dos mil veintiuno, signado por la Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca (folio 2772) y acordado en cinco posterior, se le tuvo remitiendo copia certificada de los acuerdos de once de enero y uno de marzo de dos mil veintiuno, así como sus respectivas notificaciones, de los que se advierte que en acuerdo de once de enero de dos mil veintiuno, se precisó que se encuentra fijada una pensión provisional a favor de las niñas X.G.Ch.P y D.V.Ch.P., por la cantidad de $1,848.00 (un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y a favor del niño E.H.Ch.P., por la cantidad de $924.15 (novecientos veinticuatro pesos 15/100 moneda nacional), en forma quincenal, lo que hace un total de $2,772.15 (dos mil setecientos setenta y dos pesos 15/100 moneda nacional), misma que el obligado alimentista Horacio Chávez Escobedo -aquí tercero interesado- debió depositar en la cuenta bancaria proporcionada por la actora. Estableciendo que, se encontraba pendiente de pago la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), por no haber cubierto de forma íntegra la pensión de sus hijas, así como lo relativo a la primera y segunda quincena de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veinte, respecto de lo que, haciendo la operación aritmética arrojo la cantidad de $12,288.00 (doce mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); monto que debía cubrir el deudor alimentario Horacio Chávez Escobedo, aquí tercero interesado, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se procederá en su contra a través de la ejecución forzosa. Por consiguiente, en uno de marzo del año pasado, tomando en cuenta que el deudor alimentario, no había cumplido con lo requerido en acuerdo de once de enero del año próximo pasado, haciendo mención nuevamente que las cantidades adeudadas por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores de iniciales X.G.Ch.P., D.V.Ch.P. y E.H.Ch.P., se le requirió nuevamente el comprobante de depósito bancario que acreditara dicho pago, toda vez que de las razones actuariales de trece, quince y diecinueve de enero de ese año, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificarle el acuerdo en mención en el domicilio que se señaló para tal efecto, por lo que se ordenó nuevamente la notificación de los referidos acuerdos. Siguiendo la secuela procesal y previos requerimientos a la autoridad responsable mediante oficio 2073/2021 de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno (folio 12267), se tuvo a la Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copias certificadas de los acuerdos de ocho y veinte de octubre del mismo año, de su índice, en lo que se advierte en ocho de octubre de ese año, que se señaló nueva fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago al deudor alimentario Horacio Chávez Escobedo, aquí tercero interesado, dada la imposibilidad que tuvo el ejecutor del índice de la autoridad responsable para llevar acabo el mismo anteriormente. En veinte de octubre de ese año, se advierte que tuvo al aquí tercero interesado Horacio Chávez Escobedo, exhibiendo una ficha o comprobante de depósito bancario de fecha catorce de octubre del año en mención, que ampara la cantidad de $12,290.00 (doce mil doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), y que refiere se trata del pago por concepto de pensión alimenticia a favor de los menores X.G.Ch.P, D.V.Ch.P y E.H.Ch.P. Misma que mediante oficio 2209/2021 de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Secretario Judicial encargado por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca (folio 12614), remitiendo copias certificadas del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se advierte que hizo constar que la parte actora aquí representante legal de los menores quejosos de iniciales X. G. Ch. P., D. V. Ch. P., y E. H. Ch. P., manifestó que le fue depositada la cantidad de $12,290.00 (doce mil doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), a su cuenta bancaria, por concepto de pensión alimenticia correspondiente al año dos mil veinte; por lo que tuvo al demandado aquí tercero interesado Horacio Chávez Escobedo, justificando su adeudo. Asimismo, mediante oficios 169/2022 y 176/2022, signados por la Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca (folios 614 y 663), a través de los cuales, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexo copias certificadas de la diligencia de tres de diciembre de dos mil veintiuno, los acuerdos de catorce y veinte de enero de dos mil veintidós y notificación de veintiuno del actual, de las que se advierten los tramites que se encuentra realizando dentro del juicio de origen, con las que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal convenga. En virtud de lo anterior, en veintiuno de enero de dos mil veintidós, se dio vista a las partes, por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su a sus interés conviene, con las constancias que remitió la autoridad responsable. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes parta los efectos legales procedentes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese
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