Wulfrano Terán Garay
Expediente 159/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Wulfrano Terán Garay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta de la que se advierte, que mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (fojas 34 y 35), se concedió a la parte quejosa el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este Juzgado Federal a recoger el documento original exhibido por este en el presente sumario Constitucional, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dicho documento sería destruido con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, el documento exhibido será destruido con el presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Wulfrano Terán Garay, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, toda vez que existe un documento original exhibido en la demanda de amparo, se ordena notificar personalmente a la parte promovente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger el documento original que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE MAYO DEL PRESENTE AÑO AL QUEJOSO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Wulfrano Terán Garay, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, toda vez que existe un documento original exhibido en la demanda de amparo, se ordena notificar personalmente a la parte promovente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger el documento original que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos se advierte, que mediante proveído de tres de mayo de dos mil dieciocho, se reservó a acordar lo que en derecho procediera respecto de la admisión o desechamiento del presente asunto, hasta en tanto se tuviera la constancia de notificación practicada al quejoso del auto de treinta de abril del año en curso, circunstancia que en el caso ya aconteció. Así las cosas, y a fin de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior de la lectura exhaustiva de la demanda de amparo así como de su escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado que el promovente por esta vía combate, consiste en la resolución de trece de octubre de dos mil trece, relativa al incidente de liquidación de gastos y costas derivada en el juicio sucesorio ordinario civil número 33/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí; y, derivado de dicha determinación se le requiere su cabal cumplimiento en la inteligencia que de no hacerlo se le hará trance y remate de bienes de su propiedad. En la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: En este orden de ideas, no se analizará la litis Constitucional, porque en el caso el que aquí provee estima que frente al citado acto reclamado se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia contemplada por el primer párrafo de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" La fracción preinserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativos o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control Constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción Constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número I. 4o. C. J/25, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página trescientos sesenta y uno, tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". De igual forma, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en página mil ochocientos dieciséis, tomo XXIII, marzo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En el caso, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado, consistente en la resolución de trece de octubre de dos mil diecisiete, relativa al incidente de liquidación de gastos y costas derivada en el juicio sucesorio ordinario civil número 33/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí; y, derivado de dicha determinación se le requiere su cabal cumplimiento en la inteligencia que de no hacerlo se le hará trance y remate de bienes de su propiedad, no constituye un acto con carácter definitivo y de ahí que el presente juicio de amparo sea improcedente. En el caso concreto, respecto del acto que por esta vía reclama el promovente, se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que el solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, ya que tiene el carácter de parte demandada, como lo adujo en su escrito presentado en oficialía de partes de este Juzgado Federal el veintisiete de abril de dos mil dieciocho; y este no agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Manifestaciones vertidas por el propio solicitante del amparo en su escrito de demanda y aclaración de ella, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2a./J. 50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." En efecto, en el caso en particular, este Juzgador Federal estima que la legislación secundaria prevé un recurso por medio del cual la resolución interlocutoria señalada como acto reclamado, puede ser modificada o revocada. Así, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, el cual regula el juicio de donde deriva el acto que por esta vía se reclama, en su capítulo IV, artículo 971, fracción II, establece que procede el recurso de queja en contra de las interlocutorias dictadas en la etapa de ejecución de sentencia, situación en la cual se ubica la interlocutoria reclamada en el presente asunto, tal como se determinó en párrafos anteriores. De ahí que, dicho recurso de queja sea procedente en contra de la resolución reclamada en el presente asunto y, por lo tanto, el solicitante de la protección de la justicia federal debió agotar ese medio ordinario de defensa previamente a promover el juicio de amparo indirecto en su contra, tal como lo contempla el artículo 1004 del Código adjetivo antes invocado, puesto que a través de ese medio ordinario de defensa la promovente pudo haber obtenido la modificación, revocación o nulificación de la interlocutoria reclamada, tal como se desprende del contenido del numeral 974 TER del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, con lo cual quedarían reparadas las violaciones atribuidas. Resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia número 1a./J. 142/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 137, Tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 176569, del rubro y texto siguientes: "COSTAS. LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE SU LIQUIDACIÓN EN LA ETAPA EJECUTIVA DE UN JUICIO SUMARIO ES RECURRIBLE A TRAVÉS DE LA QUEJA Y, POR TANTO, DEBE INTERPONERSE ÉSTA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO VIGENTE HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 1995). El artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 31 de diciembre de 1994 y que entró en vigor el 1o. de marzo de 1995, establece que contra la resolución que resuelve el incidente de liquidación de costas se admitirán los recursos que procedieren, según la instancia en que se encontrare el juicio y según la cantidad que importe la total regulación. Ahora bien, de la interpretación armónica de dicho precepto, en relación con otros artículos del mismo cuerpo legal acerca de los requisitos de procedencia de las diferentes vías de defensa, se concluye que contra la interlocutoria de liquidación de costas derivada de un juicio sumario no procede el recurso de apelación ni el de revocación, pero sí el de queja. En efecto, el recurso de apelación es improcedente porque la referida hipótesis no está contemplada en el artículo 639 del citado código, que fija taxativamente los casos en que procede la apelación contra sentencias interlocutorias emanadas de juicios sumarios. Por otro lado, tampoco procede el recurso de revocación porque su naturaleza es la de sentencia interlocutoria, y el artículo 423, interpretado conjuntamente con el 422 de dicho código, prohíbe expresamente a los juzgadores la revocación de sus sentencias, sean definitivas o interlocutorias, o provengan de un juicio sumario o de uno ordinario. Sin embargo, contra la resolución aludida procede el recurso de queja en tanto que el artículo 463, fracción II, del mencionado código establece su procedencia, entre otros casos, contra las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia, y el artículo 501 del mismo ordenamiento prevé que las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no admiten más recurso que el de responsabilidad, pero que cuando se trate de interlocutorias procederá la queja ante el superior. Consecuentemente, a fin de respetar el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo, conforme a la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, previamente debe interponerse el recurso de queja." En esas condiciones, como se dijo, es claro que no se satisfizo por el promovente el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia Constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante los cuales pudo ser modificada o revocada; atento a lo cual, es incuestionable que la quejosa, al ser parte actora en el juicio natural, debió promover el recurso de queja en contra de la interlocutoria reclamada antes de acudir a esta instancia Constitucional, a través del cual pudo haber logrado lo pretendido a través del juicio de Amparo. De ahí que, quien aquí acuerda estime que el impetrante está obligado a agotar el aludido recurso de queja previo a promover el presente juicio Constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar, modificar o confirmar las determinaciones reclamadas, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Finalmente debe decirse, que en el presente juicio de amparo no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; así como tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; por lo que la peticionaria de amparo no se encuentra exenta de agotar los recursos previstos en la legislación ordinaria, ya que, de las constancias de autos, se desprende que tiene el carácter de actora en el controvertido del que deriva el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente al no haber agotado el principio de definitividad, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable por las consideraciones que establece, la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-1, enero-junio de 1989, página 257, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, DESECHAMIENTO DE LA. Es correcto el desechamiento de la demanda de garantías, cuando el acto reclamado se hace consistir en la resolución que desecha las pruebas propuestas, ya que de conformidad con los artículos 159, fracción III, y 161, ambos de la Ley de Amparo, las violaciones a las leyes del procedimiento, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra el laudo." Notifíquese personalmente a la parte promovente. Lo proveyó y firma Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/1603/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario que autoriza y da fe.JFBC/gcs
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