Wuiko Cen Feng y Otros.
Expediente 515/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Wuiko Cen Feng y Otros.
- Wuiko Cen Feng
Actuaciones
- Principal
." agréguese el escrito firmado por Manuel Aaron Ríos Muñoz, mediante el cual señala autorizados y solicita el acceso al expediente electrónico. Al respecto, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su escrito, toda vez que no es parte en el juicio de amparo en que se actúa, pues la parte quejosa es Wuiko Cen Feng, Guoen Liang, Junquiang Chen, Haiquan Liang, Chen Guoteng y Liang Guohua. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."Vistas las certificaciones que anteceden, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de catorce de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo, ."Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda carece de firma electrónica de la parte quejosa para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, es preciso traer a cuenta el contenido de los numerales invocados. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primer precepto invocado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de la Constitución Federal o de alguna disposición de la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos, dispone que el juicio constitucional sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada; es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Ahora, el ordinal 3 de la ley de la materia, en relación con el diverso 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva (sic) la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales, marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, sino están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción". De lo preceptos transcritos se extrae que la voluntad de cualquier persona, cuando ésta se realiza por escrito, se manifiesta a través del estampado de la firma; acto de voluntad que supone la imposición autógrafa del puño y con la letra del propio interesado. De igual forma, si el gobernado opta por presentar la demanda o cualquier otro escrito en el juicio de amparo, a través del empleo de las tecnologías de la información, deberá utilizar la firma electrónica FIREL o "e.firma" conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. En relación con lo anterior, el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera digital, deberá agregarse la firma electrónica vigente. Cabe precisar que la firma FIEL o "e.firma", es un documento electrónico que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el emisor o autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa; de ahí que la firma electrónica produzca los mismos efectos que ésta. En el caso a estudio se advierte, que la demanda de amparo que dio origen a este juicio se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de Manuel Aaron Ríos Muñoz, sin embargo la parte quejosa es: "QUEJOSOS: WUIKO CEN FENG, GUOEN LIANG, JUNQUIANG CHEN, HAIQUAN LIANG, CHEN GUOTENG y LIANG GUOHUA." En el contexto apuntado, la falta de firma electrónica de la parte quejosa no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir a la promovente para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues la carencia de aquélla impide apreciar la voluntad de quien aparece como promovente; de modo tal, que no existe instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Por tanto, se considera que la parte quejosa no incorporó manifestación de voluntad en el ejercicio de un derecho y, por tanto, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6 de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional por ser la firma electrónica una formalidad esencial de cualquier acto jurídico y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa (instancia de parte agraviada). Por tanto, lo expuesto conduce a concluir que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la falta de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o de "e-firma" de la quejosa, no expresa la voluntad de realizar dicho acto y, por ende, de la acción constitucional. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de amparo, en relación con el numeral 6, del mismo ordenamiento legal; y en consecuencia, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada, lo conducente es desechar de plano la demanda que se analiza. Cabe destacar que la determinación anterior, no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente, ni menos aún contraviene el artículo 1 de la Constitución Federal, en razón de que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo; de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Domicilio. En virtud de que en el escrito de demanda fue señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo tanto, la notificación de este proveído y las subsecuentes, háganse a la parte quejosa por medio de lista, en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.. Autorización para obtener imágenes. Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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