Wualfred Seegler Rojas
Expediente 932/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Wualfred Seegler Rojas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se hace constar que este sumario carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA Téngase por recibido el oficio 7865/2021 (con anexo), procedente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, con el que remite el juicio de amparo 1132/2021-V de su índice, promovido vía electrónica por Ofelia Rojas González, promovido en favor de ., contra actos de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, señalando que se declara legalmente incompetente para continuar conociéndolo por razón de territorio. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional acepta lo competencia y se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo correspondiente; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número 932/2021-II. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se aprecia que la promovente señala dos grupos de autoridades a los que atribuye actos respectivos. I. Del (1) Secretario de Seguridad Ciudadana, (2) Secretario de Gobierno, (3) Secretario de Gobernación y (4) Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México; 1. La orden de traslado a cualquier otro centro de reclusión fuera de procedimiento del quejoso ., lo que se dice pone en riesgo la vida, salud e integridad física así como la afectación a la dignidad personal psicoemocional, pues los traslados son fortuitos aleatorios sin motivo alguno eligiendo a cualquier interno (no se celebra sesión administrativa) generando estado se zozobra e incertidumbre lo que se traduce como un tormento que actualiza actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna y 15 de la Ley de Amparo. II. De (1) Director, (2) Subdirector Jurídico, (3) Subdirector de Apoyo Técnico, (4) Subdirector de Seguridad, (5) Comité Técnico y (6) Jefe de la Unidad departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento, todos pertenecientes a la Penitenciaria de la Ciudad de México, -: 2. La ejecución. DESECHAMIENTO: Respecto a los actos que se reclaman a las mencionadas autoridades responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se explica: El juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que resiente la afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, salvo las excepciones enmarcadas en la propia ley de la materia. Es decir, sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, respecto de la demanda promovida por Ofelia Rojas González, a favor de ., con fundamento, dice, en el artículo 15 y otros de la Ley de Amparo, por cuanto hace a los actos señalados en este apartado, porque no se actualiza el principio de "instancia de parte agraviada". Lo anterior es así, puesto que la promovente no tiene legitimación activa en términos de la Ley de Amparo para instar la acción constitucional en nombre del directamente agraviado cuya esfera jurídica es la que, en todo caso, resentiría una afectación en virtud de aquél. La norma es clara en los citados preceptos: la legitimación para promover el amparo está acotada a que sea directamente la persona física a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en su artículo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante legal o apoderado, lo que en el caso no se actualiza, pues no ocurren a esta instancia directamente Cierto, existe una excepción a todo lo anteriormente expuesto, ¿cuál?, la que se desprende de los artículos 3, último párrafo, y 109 de la Ley de Amparo, relativa a cuando se promueve el amparo en los términos del diverso 15 de esa Ley, supuesto en el que incluso no se requerirá de firma electrónica. Dicho numeral dispone que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, en cuyo caso el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, logrado esto, lo requerirá para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Precisado lo anterior, surge la siguiente interrogante: ¿se actualiza el supuesto de excepción a que se ha hecho referencia? La respuesta es No. Lo anterior es así, pues aun cuando pudiera estimarse que ., se encuentra imposibilitado para promover el juicio de amparo, esto únicamente por su condición de interno, y que por esa razón Ofelia Rojas González, presentó la demanda de manera electrónica, los actos reclamados a las autoridades responsables, no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. Veamos: Respecto de los actos reclamados señalados en los citados incisos, contrario a lo que se pretende establecer en la demanda, no son actos que afecten la libertad fuera de procedimiento, pues los emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal y con base en las atribuciones que le confiere. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1760, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J.83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)].". Así como la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de esa misma Primera Sala, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Sin que el hecho de que se aduzca en la demanda que son actos que pone en riesgo la vida, salud e integridad física así como la afectación a la dignidad personal psicoemocional, pues los traslados son fortuitos aleatorios sin motivo alguno eligiendo a cualquier interno (no se celebra sesión administrativa) generando estado se zozobra e incertidumbre lo que se traduce como un tormento; por ello, los ubique como de los prohibidos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, pues deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que el demandante pudiera atribuirles. Por lo que, como se adelantó, los reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de "instancia de parte agraviada", ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, la cual resulta manifiesta e indudable atendiendo a las razones que anteceden, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la acción constitucional planteada en contra de los referidos actos de autoridad. DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano federal, ya que la parte quejosa fue omisa en indicarlo; no obstante se deja a salvo su derecho para señalar cualquier otro. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de la materia, en relación con el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Finalmente, con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
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